Los campesinos cultivadores de coca denuncian la inacción del Gobierno en el tema de la sustitución de cultivos ilícitos puesta en marcha a raíz de lo pactado con la exguerrilla de las FARC. Temen que se reanude la erradicación forzosa sistemática.
Conformar un “nuevo campo colombiano” es uno de los pilares de lo pactado en La Habana por el Ejecutivo y las FARC, en 2016. Entre los mecanismos para lograrlo, los negociadores resaltaron el tema de los cultivos ilícitos, al cual dedicaron un punto entero del Acuerdo de paz.
Se creó entonces el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), que alcanzó a vincular a 99.097 familias con un objetivo claro: remplazar las matas de coca con proyectos productivos viables y duraderos. Muchos campesinos vieron con entusiasmo esta oportunidad, que, además, de alejarlos de esta hoja, prometía grandes avances en materia de desarrollo local. (Lea el informe).
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