Las ventas callejeras presentan múltiples inconvenientes, pero lo que tenemos es un problema estructural: no hay empleo.
En Colombia, la informalidad se calcula hasta en un 65%; los estimativos más conservadores bordean el 50%. Eso significa que, por lo menos, la mitad de la población se dedica al rebusque, destacándose las ventas callejeras de cualquier cosa, como loterías, celulares o sus accesorios (y hasta minutos de celular), ropa, víveres, libros, bebidas o, por supuesto, empanadas, que, según el dicho, «es lo que más se vende».
Con empanadas se han levantado iglesias, se han construido barrios enteros, se han educado familias. Se le debe tanto a ese humilde manjar de la gastronomía nacional que se le podría hacer un monumento, aunque hoy esté en boca de muchos no por sus méritos sino por una desatinada interpretación del Código de Policía (Ley 1801 de 2016) que rige desde el 2017.
Es que imponer una multa de mas de 800.000 pesos (260 dólares) por comprar unas empanadas en la calle, no solo es absurdo sino un verdadero abuso de unos agentes de Policía que pierden el tiempo en banalidades mientras el hampa campea a sus anchas por toda la geografía nacional. (Lea la columna).
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