@eljodario
La manera como el gobierno nacional ha reaccionado a la situación creada por los militares retirados que fueron a sicariar al presidente de Haità y los descubrimientos que la periodista Paola Herrera ha hecho sobre el contrato adjudicado a Centros Poblados, para llevar internet a miles de colegios en zonas rurales y las razones por las cuales no se ha cumplido, en vez de garantizarle a la ciudadanÃa lo menos que se puede esperar de un gobierno responsable, han terminado por convertirse en una fábrica de sospechas.
El hecho de que sin haber trascurrido 24 horas del crimen del presidente haitiano el Ministro de Defensa y el Director de la PolicÃa aparecieran ante la opinión pública a dar detalles de los ciudadanos contratados para realizar semejante actuación delincuencial, hizo pensar a cualquier colombiano del común que por lo menos el gobierno del presidente Duque estaba enterado de lo sucedido, no se sabe si antes o inmediatamente después.
Pero con el pasar de los dÃas, con el apoyo a las misiones humanitarias que acudieron a las cárceles haitianas, con los dos generales que el presidente delegó para que fueran a investigar a Puerto PrÃncipe y en especial con lasE declaraciones de la vicepresidente en el sentido de que el gobierno que ella representa como canciller en ejercicio estaba ayudando a buscarle abogados a los exmilitares, la sensación de que allà hay gato encerrado no ha dejado de crecer asà haya pasado de moda el tema.
Pero igual generador de sospechas ha sido la actuación de la ministra de las TIC, y del presidente Duque al apoyarla irrestrictamente, con el muy sonado caso del contrato con Centros Poblados donde no solo se envolataron 70 mil millones, sino que en ridÃcula actuación gubernamental se ha dicho que solicitarán a las entidades de control de activos internacionales para que averigüen dónde fue a parar esa plata.
El que hayan sido develados los dueños de la empresa que contrató con el gobierno y en especial el entramado de actores involucrados para que le ganaran la licitación a entidades internacionales de altÃsimo peso, nos vuelve a hacer pensar que el estado en toda su extensión polÃtica, gubernativa y legislativa ha quedado en manos de contratistas, provocadores de sospechas, como lo hemos venido denunciando desde hace varios dÃas.
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