“Seguiré defendiendo a EPM a morir”: María P. Aguinaga

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“El proyecto merece un debate profundo”: Alfredo Ramos

El proyecto de acuerdo presentado al Concejo de la ciudad, para modificar el objeto social de EPM, por el alcalde Daniel Quintero y la gerencia de la institución, ha generado desde ya toda clase inquietudes.

El debate no se ha iniciado en forma, pero las expectativas y suspicacias crecen cada día, al igual que los comentarios sobre cómo se comportarán los concejales.

Algunos conocedores de la política especulan cómo estarán las fuerzas en el Concejo. E inclusive le dijeron a El Reverbero de Juan Paz que solo los concejales Alfredo Ramos y Daniel duque estarán en la oposición. Pero esta mañana la concejal María Paulina Aguinaga le dijo a El Reverbero de Juan Paz que “mi actitud siempre será la de defender a EPM, y los intereses de la comunidad. Como siempre seré juiciosa en los análisis y debemos dar los debates con objetividad en beneficio de los intereses de la empresa y de la comunidad, que siempre los he defendido”.

El concejal Alfredo Ramos, indicó que preocupan varios puntos sobre la propuesta de ampliación de objeto social de EPM.

“Entendemos que esto tiene que ser un tema de escrutinio público, un debate abierto que no puede ser sigiloso y que tiene que ser de cara a la comunidad. Nos preocupan varias de las posiciones que se han planteado: que a EPM la quieran ingresar a servicios turísticos o corresponsalía de seguros y, muchos así por el estilo, que creo merecen un debate muy profundo”, dijo Ramos.

Piedad Restrepo, directora de Medellín Cómo Vamos, dijo que no está bien que se solicite darle potestades ‘pro tempore’ al alcalde para cambiar el objeto social de EPM.

“Por principio de gobierno corporativo, esta es una discusión que se debe dar en el Concejo porque así lo definen los estatutos de la empresa. Tampoco es adecuado plantear que la Junta Directiva pueda cambiar el objeto social discrecionalmente, cuando así lo vea necesario, pues esta no es una empresa por acciones, sino una empresa industrial y comercial, ciento por ciento pública, cuyos dueños somos todos los medellinenses. De nuevo, esto va en contravía del gobierno corporativo, que establece que cualquier cambio en los estatutos de la empresa deben ser llevado a cabo mediante acuerdo expedido por el Concejo de Medellín”, explicó.