Alminar: Se busca rector honrado y con conciencia social

Al oído de la señora ministra de educación, del señor Fiscal y de la comunidad universitaria

Por José León Jaramillo J.

Como consiliario de la Universidad de Medellín, teniendo en cuenta que la comunidad universitaria tiene derecho a recibir información veraz e imparcial y ante la difusión de noticias falsas sobre nuestro accionar, el de la minoría, difundidas por parte de algunas personas de la camarilla asambleísta del exrector, es mi deber, como consiliario, exponerle a esa comunidad mi versión sobre el estado actual de la corporación.

El artículo 1 de la Ley 1740 de 2014, le adicionó un literal al artículo 31 de la ley 30 de 1992, el literal m), norma, de claridad meridiana, que, a la letra, manda: “…el fomento, la inspección y vigilancia de la enseñanza que corresponde al Presidente de la República, estarán orientados a: “…m) Que en las instituciones privadas de Educación Superior, constituidas como personas jurídicas de utilidad común, sus rentas se conserven y se apliquen debidamente y que en todo lo esencial se cumpla con la voluntad de sus fundadores, sin que pueda consagrarse o darse de forma alguna el ánimo de lucro.”

En el caso de la Universidad de Medellín y desde que se posesionó como rector Néstor Hincapié Vargas:  i) las rentas de la universidad no se conservan ni se aplican debidamente; ii) tampoco se cumple con la voluntad o con los fines de sus fundadores, los que el claustro desprecia, para imponer los suyos, los mercantiles y iii) el ánimo de lucro, que la norma pretende evitar, si se está dando, como lo explicaremos a continuación. (Art 640 del C.C.)

Las rentas de la universidad se invierten y reinvierten de manera irresponsable y en contra de la voluntad de sus fundadores y de su objeto meritorio, pues el ex rector, Néstor Hincapié Vargas, convirtió a la universidad en una entidad mercantil, en una especie de filial de las empresas del GEA, a las cuales él y su compañera, la concejala Aura Marleny Arcila Giraldo ─ quien se presenta, en el registro de intereses públicos y privados, como socia del Grupo de Inversionistas de Suramericana y adicionalmente como miembro del Comité de Inversiones de Valorar Futuro y del consejo de la Bolsa de Valores de Colombia─, llaman sus socios.

En desarrollo de esas actividades comerciales y con dineros de la universidad, compraron acciones de la Bolsa de Valores de Colombia S.A., una sociedad anónima, domiciliada en Bogotá y aliada estratégica del sector financiero y bursátil, por valor de treinta  mil millones de pesos y con esa inversión lograron para la universidad un puesto en la junta directiva de esa empresa, el que, hasta donde me alcanza, aún ocupa la concejala Arcila Giraldo y, como si lo anterior fuera poco, el año pasado la universidad “invirtió” 241.524 millones de pesos en acciones, las que apenas le generaron un rendimiento por valor de 7.928 millones, lo que nos muestra una rentabilidad irrisoria, para ese capital, del tres punto veintiocho por  ciento  (3.28%) anual. ¿Por qué no se invirtieron esos excedentes en lo académico o en una empresa rentable con objeto meritorio, como un hospital o en títulos abiertos en instituciones financieras del país, donde los riesgos son mínimos y las cuales ofrecen rentabilidades promedio del siete por ciento (7) anual, o, en la Dirección del Tesoro Nacional, que ofrece rentabilidades promedio del nueve por ciento (9%) anual? No podemos olvidar que, en el mercado bursátil, cuando alguien pierde una fortuna otro se la gana, ni tampoco que ningún experto invierte en acciones para perder, a no ser que conozca muy bien las empresas en las que va a invertir o que sepa que va a suceder en el mercado accionario y son pocos los privilegiados que lo saben o reciben información privilegiada, por ejemplo, ¿Los miembros de la junta directiva de la Bolsa de valores? ¿Qué hay detrás?

Esas inversiones irregulares en acciones o los actos consistentes en adquirir carteras al descuento o “invertir” en empresas en riesgo de liquidación obligatoria o con alto potencial de crecimiento, van en contravía de la voluntad de los fundadores, la de destinar todos los recursos de la corporación a la prestación del servicio público de educación o a la investigación, para contribuir con ella a la solución de los grandes problemas nacionales o aun a la inversión en empresas de rendimiento social y por lo anterior y por la falta de explicaciones contables plausibles a muchos de los rubros por los que indagamos, este columnista y los consiliarios Edgar Arrubla Cano y Joaquín Gllo. Gómez Aristizábal, votamos negativamente el fenecimiento de los estados financieros del 2019 e insistimos en la urgente necesidad de que una firma externa lleve a cabo y a fondo una auditoria contable, financiera y administrativa, cuyo alcance sea fijado por nosotros, por la minoría, y no por el rector, quien ha acompañado a la administración cuestionada desde hace muchos años.

¿Estas prácticas ilegales forman parte de la autonomía universitaria?

Según Carlos Tognato: “En Colombia la autonomía universitaria ha sido repetidamente maltratada. En diversos contextos lo académico ha pasado a un segundo plano y las universidades se han transformado en organizaciones ‘sinónimo de lucro’ para sus fundadores, en proveedoras de empleo para familias y amigos, o en maquinarias de votos para caciques políticos.”  Esta descripción es un justo y fiel retrato de lo que sucede en la UDEM  y ¿Qué hace el ministerio para hacer cumplir la ley?  Nada.

Es que la universidad es para servirles a las comunidades y sobre todo a las más pobres y no para que nos sirvamos de ella sus egresados y mucho menos sus directivas o el sector financiero, lo que me lleva a recordar que el 6 de junio de 2016, el barquero, el periodista William Calderón Zuluaga, transcribió la siguiente cita:  “…no  deja de ser curioso que el señor Néstor Hincapié Vargas tenga un total de 23 inmuebles a su nombre. Si leen bien, 23 inmuebles. El modesto rector cuenta con 12 inmuebles en Medellín, 9 en el Peñol, uno en Girardota y otro en Cartagena ubicado en Bocagrande (Avenida Primera Nº 8-50 Edificio Palmetto apartamento # 1002). ¿Curioso no? …” ¿Cuántos inmuebles tendrá a nombre de otras personas?”

Desde hace más de cuatro años, como de ello dan cuenta distintos artículos de prensa, hemos presentado denuncias ante el ministerio y nada ha sucedido y por ello, en la precitada columna, el Barquero se preguntaba igualmente: “…Qué pasa con la ministra de Educación Gina Parody, que no toma decisiones o guarda silencio cómplice frente a las graves denuncias públicas que se vienen haciendo sobre la Universidad de Medellín y su rector Néstor Hincapié…”  y agregó que “ El Reverbero de Juan Paz confirmó que en el Ministerio de Educación hay suficiente información documentada con relación a estas denuncias, pero dicen que por influencias de algunos congresistas, reposan en algún cajón y nada pasa…” La ministra actual pidió una copia de la carpeta de la UdeM y en ella no existe ni una queja siquiera.

Los recursos públicos, que para mí también lo son los de las ESAL, son sagrados y, más aún, los de las universidades y por ello soy partidario de que cualquier ciudadano tenga acceso a su contabilidad. ¿Qué mejor forma de vigilar a las entidades sin ánimo de lucro, que permitir que las gentes auditen el manejo de estos recursos públicos, el que debe ser absolutamente transparente?

Es más, los fundadores de la universidad nunca pensaron, obtener ánimo de lucro, fundaron el claustro con total generosidad y lo único que buscaron fue incrementar los cupos de primaria, bachillerato y universitarios para que menos aspirantes vieran “frustradas sus aspiraciones”, para lo que fundaron una universidad “… accesible a todas las clases sociales y en especial a las menos favorecidas” y que propendiera por  “la incorporación …de aspirantes provenientes de las zonas urbanas y rurales marginadas del desarrollo económico y social.”

Esos, entre otros, nobles fines no se están cumpliendo señora ministra, porque para el ex rector no son rentables, pues para él es mejor que el claustro juegue en la bolsa. Este año solo se adjudicaron 30 becas.

El mandato de los fundadores, el de que “…El núcleo inicial de la institución lo constituirán una facultad de derecho y una sección anexa de bachillerato…”  el ex rector lo traicionó al cerrar la facultad de educación y el liceo de bachillerato del Barrio Buenos Aires, con el argumento mercantil de que no eran rentables, como que la universidad fuera un EXITO, pues ni él, ni sus “socios”, entienden que la rentabilidad del claustro es social y no mercantil y, lo que es peor aún, se negó a facilitarle esas instalaciones al municipio de Medellín, quien las requirió para adelantar un proyecto educativo, pues, en su opinión, podrían perderse y que por ello era mejor conservarlas como lote de engorde. ¡Por Dios! Qué más hubieran querido lo fundadores que un grupo mayor de estudiantes se beneficiara de ese inmueble o ¿Qué otra cosa puede colegirse de los precitados fines sociales?

Los fundadores nos asignaron a los egresados la calidad de corporados y no la de accionistas de capital y ello significa que no podemos vender los activos de la corporación, pues “Lo que pertenece a una corporación, no pertenece ni en todo ni en parte a ninguno de los individuos que la componen” (Art 637 C.C.), ni repartirnos en ningún caso sus excedentes que no utilidades, ni promover luchas intestinas y rapiñas burocráticas, politiqueras o contractuales, para ordeñar la corporación, pues lo único que esa calidad nos permite es engrandecerla y defender y alcanzar las metas sociales por ellos establecidas, aun con dineros de nuestros propios peculios y por ello los estatutos, nos obligan a sus egresados a pagar oportunamente las contribuciones que establezca la Consiliatura y a atender los llamados sociales que nos haga la universidad, so pena de perder esa calidad, la de corporados.

En lo anterior me fundamento para afirmar que ni Néstor Hincapié Vargas, ni Aura Marleny Arcila Giraldo ni sus áulicos, construyeron ni hicieron grande a la Universidad de Medellín.  Cuando se posesionaron, hace más de veinte años, la mayoría de las edificaciones, incluyendo el teatro, la casa del egresado, el  bloque de administración, etc., ya existían y la corporación, que pusieron a su servicio y no al servicio de la comunidad, ostentaba un gran prestigio y un buen músculo financiero, lo grave es que estos transformaron a la universidad, en una empresa mercantil inversionista y en la sede de su directorio politiquero, a la vez que impusieron en ella un sistema clientelista humillante, como el que impera en los países socialistas, ello a través de un proceso de cooptación del denominado, GRUPO DE LOS CIEN ─ grupo que cumple las funciones de asamblea general del claustro ─ ello a través de favores o de componendas en beneficio de esos delegatarios, tales como el de nombrarlos a ellos, a sus parientes o allegados,  en diferentes cargos de la estructura académica y administrativa del claustro, de otras empresas, de la asamblea, del municipio, del Politécnico o de Comfenalco ─ entidades, las dos últimas, de las que, al parecer, también se están apoderado ─ o permitiéndoles desarrollar negocios en el campus, prestándoles dineros o asignándoles contratos, los que de paso fraccionan para no tener que abrir licitaciones como lo ordenan las normas internas de contratación, etc.

https://www.elcolombiano.com/historico/historia_oculta_de_lo_que_paso_en_comfenalco-LCEC_169299

Todo ello, para poder apropiarse así, en su favor, de  los votos de estos en la Asamblea General e imponer, con esa desvergonzada mayoría, sus arbitrarias decisiones, tales como las de: destruir el sindicato de trabajadores, montar otras empresas mercantiles y politizar indebidamente a profesores y estudiantes; lo que en la práctica significa que  convirtieron a la mayor parte de los delegatarios en sus dependientes, no sólo en la universidad sino en la  asamblea general, a quienes manipulan a su antojo; áulicos, profesores, trabajadores y estudiantes que también tuvieron que conseguir votos, muchos aseguran que permutados por calificaciones o prebendas académicas, para llevar a Aura Marleny al Concejo de la ciudad, donde defendió el sucio proceso que inició el GEA y en el que, en la práctica se les regaló a terceros a ORBITEL y a UNE, como se colige de las gravísimas denuncias de la concejala María Paulina Aguinaga Lezcano, consignadas en su libro, EPM para mañana es tarde.

El nivel académico ha decaído notoriamente y la acreditación de los famosos pares debe revisarse, pues, por muchas razones, no es confiable y además demanda muchísimo dinero. Entiendo que la universidad “invirtió” en ella, más de treinta mil millones de pesos y con esa suma, en Colombia, se acredita lo que sea. Pero como no se nos suministra información, no puedo ofrecerles la cifra precisa.

Hay que recuperar el rumbo perdido y la universidad para la comunidad y para ello necesitamos contar con una rectora o un rector o honrados, con una o con un intelectual de “reconocida idoneidad ética, académica, científica y pedagógica”, con conciencia social, que no anteponga los fines de la universidad a los suyos o a los de sus “socios”, que abandone las actividades mercantiles y abrace las académicas y la investigación.

Al posesionarme, en febrero de este año, acepté que, a cambio de que Néstor Hincapié Vargas renunciara a la rectoría del claustro, los consiliarios eligiéramos como rector encargado al egresado César Alberto Guerra Arroyave, un colaborador del saliente rector, pero por un lapso improrrogable de seis meses y siempre y cuando la mayoría de la consiliatura se comprometiera a elegir, al finalizar ese periodo, a un rector en propiedad, de una terna que sería elaborada por una firma cazatalentos.

Una fuente me informó que van a acelerar el proceso de selección de la firma cazatalentos, pues, al parecer, el exrector ya seleccionó una de esas firmas, la que propondrá un candidato del GEA, por quien votará la mayoría de la consiliatura, un candidato de los “socios”. Me resisto a creerlo, pues ello materializaría, nada más y nada menos, que la pérdida de la universidad en manos de ese grupo abusivo. ¿La fiscalía, la  Superintendencia de Sociedades y la ministra de educación, deben hacer cumplir ley y los estatutos (Art 650 C.C.) y obligar a la universidad a abandonar sus prácticas y objetivos mercantiles y a darles estricto cumplimiento a los fines fundacionales y estatutarios establecidos por los fundadores, los que no se están cumpliendo, pues en ella priman los mercantiles de la administración y de paso evitar otro atropello, como el que me resisto a creer, en el que además de EPM se les perdería,  a las clases menos favorecidas, una universidad con vocación popular.

Es que la codicia está acabando con el país, como como bien lo dijo el señor Arzobispo de Medellín, Ricardo Tobón Restrepo, a quien no me cansaré de citar en mis columnas, porque es el único líder o dirigente antioqueño al que le he escuchado la defensa de una posición ética: “…Otro mal de la codicia es la corrupción. Está a la raíz de todos nuestros males. …, me refiero especialmente a la corrupción administrativa, cuando los bienes comunes se los apropian unos pocos, quienes se aprovechan de lo que les pertenece a todos y mediante la corrupción ellos se enriquecen y dejan a los otros sin lo necesario para el desarrollo integral y armónico…Los bienes no son malos, el malo es el corazón de las personas que no saben administrar esos bienes para vivir dignamente y para el provecho de los demás…”

En la asamblea (grupo de los 100), la del 6 de diciembre del 2019, se aprobó por unanimidad una propuesta por medio de la cual se creó una comisión, en la que tuvieran participación  todos los grupos o fuerzas vivas de la universidad, para que redactará una reforma de estatutos que hiciera posible el derecho fundacional de los egresados graduados en ella, desde 1993 y hasta la fecha  (más de 30.000), el de poder acceder a los órganos de Gobierno y por ello el proyecto incrementó de cien a doscientos el número de integrantes de la asamblea general─ órgano que elige a la Consiliatura, la que nombra al rector ─. El proyecto fortaleció la figura de la revisoría fiscal y estableció un estricto régimen de inhabilidades, para evitar el “yo te elijo tú me eliges” o el «do ut des» (te doy para que me des) o el nombramiento de familiares por el mero hecho del parentesco o del cambio de votos dentro de la Universidad por puestos. Por último, la reforma actualizaba el régimen interno según las disposiciones legales y reglamentarias e imponía tareas como la de generar un plan maestro de obras, para evitar la contratación desorganizada y a dedo y no por licitación.

La comisión estuvo integrada por seis miembros, cuatro de los cuales representaron los intereses del rector saliente y de su camarilla asambleísta y los dos restantes representaron a las minorías. La comisión desarrolló su trabajo, durante cuatro meses, en forma responsable y juiciosa y efectivamente el 27 de mayo le entregó a la Consiliatura el proyecto aprobado y firmado por todos sus integrantes, mostrando así la total unanimidad y el consenso. El día de la asamblea, los líderes de la camarilla y los integrantes de esta última desecharon la propuesta, con 67 votos negativos, de los 97 posibles y frustraron así los derechos y las legítimas aspiraciones de los más de más de treinta mil egresados, graduados después de 1993.

Los minoritarios queremos una universidad liberal con principios, con conciencia social, sin ánimo de lucro y que vuelva a ser el faro moral que un día fue y por ello, necesitamos el apoyo decidido de las autoridades, de los egresados, de los estudiantes y de los profesores, para que en el claustro se acaben las prácticas mercantiles y se cumplan únicamente los fines de los fundadores y que se evite que terceros se apoderen indebidamente del claustro, el que les pertenece a las comunidades menos favorecidas por la fortuna.