28 julio, 2021

Primicias de la política, empresariales y de la farandula

¿Y si gana Petro?

Por Guillermo Mejía Mejía 

El país se encuentra polarizado entre los insultos para Uribe y los insultos para Petro. Inclusive en Miami se han visto avionetas arrastrando pancartas en contra de ambos personajes.  

Desde el Centro Democrático todavía se insiste en el discurso gastado que dice que, si gana Petro, Colombia queda reducida de inmediato al mismo papel de Venezuela y Nicaragua y que el socialismo llegará de la noche a la mañana.  

¿Si será así de fácil? En primer lugar, si las elecciones presidenciales las gana Petro o Robledo o cualquier candidato de los que aquí se etiquetan como de “izquierda”, debe tener un Congreso mayoritario que le permita modificar la forma del Estado colombiano tal como está establecida en el artículo 1° de la Constitución Política. 

Pero la Corte Constitucional ha sido reiterativa en su jurisprudencia en el sentido de que el Congreso, como poder derivado, puede modificar la constitución pero no la forma del Estado. Una reforma de esa naturaleza requiere de un referendo o de una asamblea nacional constituyente, que de todas formas necesita de una ley convocante tal como lo pregonan los artículos 374 y siguientes de la Carta Política. 

O sea que Colombia está blindada para pasar, de la noche a la mañana, de ser un país que respeta la propiedad privada y la libre empresa (art. 58) a que el Estado sea el dueño de los medios de producción y se expropien las empresas sin indemnización como ocurrió en Cuba y Venezuela.  

Pero lo que sí tiene que hacer el próximo presidente de la República, cualquiera de los más de treinta candidatos que aspiran a serlo, es sacar al País del Consenso de Washington, el esperpento que nos sumergió en el más brutal de los capitalismos y que arrodilló al Estado para entregarle el manejo de la economía a los particulares y profundizar la monstruosa diferencia entre unos pocos ricos y la inmensa mayoría de pobres que habitan este territorio. Si eso no se hace, la gente volverá masivamente a las calles. 

Por recomendaciones de ese Consenso, que de consenso no tiene nada, sino que fue una imposición de la banca internacional, Colombia privatizó el Banco Popular a favor del grupo Aval y el Banco Ganadero se lo vendió al BBVA. Igual suerte corrió la Corporación de Ahorro y Vivienda Corpavi que la enajenó al grupo Colpatria y paso seguido ordenó la liquidación del Banco Cafetero, la Caja Agraria, el Banco Central Hipotecario y el Instituto de Fomento Industrial IFI que, durante su vida, desde 1940, generó la creación de 150 empresas. El sistema financiero quedó en manos de dos o tres grupos multimillonarios. 

En el gobierno del presidente López Michelsen se proscribieron los contratos de concesión para la explotación petrolera y se crearon los de asociación mediante el decreto-ley 2310 de 1.974. Este decreto fue derogado en el gobierno de Uribe-1760 de 2.003- y regresamos al sistema de concesión. O sea que el Estado colombiano perdió nuevamente el monopolio de la explotación petrolera y Ecopetrol tiene que competir, de igual a igual, con empresas extranjeras que quieran venir a explotar el recurso cuando la Agencia Nacional de Hidrocarburos, creada en el primer gobierno de Uribe, decida convocar una subasta internacional. 

Y lo otro que se privatizó fue la salud con la creación de las EPS, entidades desprestigiadas cuya finalidad es captar las cotizaciones de los afiliados y autorizarles los servicios médicos en las IPS que ellas contratan. “No tenemos contrato con esa EPS”, les dicen a los pacientes que necesitan tratamientos de urgencia en lo que se ha convertido en Colombia en el paseo de la muerte. Ese sistema es el que quiere fortalecer el doctor Vargas Lleras, uno de los precandidatos, con el retirado proyecto de reforma a la salud, en cuyo artículo 28 se le daba una estocada final al benemérito Instituto Nacional de Cancerología, de naturaleza pública, para fortalecer la clínica que para el mismo objeto construye el grupo Aval en una zona franca en Bogotá. 

El exministro de Hacienda y precandidato conservador, Juan Carlos Echeverry, ha dicho que, en el 2.020, entraron al país cerca de 10.000 millones de dólares ilegales por tráfico de cocaína y el gobierno insiste en la fumigación con glifosato y se hace el de la vista gorda frente al asesinato de los líderes sociales que defienden la sustitución de cultivos. O sea, igual a la ley seca de los Estados Unidos que solo sirvió para teñir de sangre las calles de las grandes ciudades en poder de las mafias italianas. Recuérdese la masacre de Chicago. 

Mientras tanto en las redes sociales no se ven ni se oyen sino madrazos. 

P.D. No se le ve bien al hijo de Horacio Serpa votar en contra de la matricula cero para los estratos 1, 2 y 3.