Washington apunta sus cañones al mar Caribe

Por Jorge Mario Gómez Restrepo* 

El Regreso de la Diplomacia de la Fuerza entre Estados Unidos y Venezuela

La escena parece extraída de un libro de historia: buques de guerra imponentes navegan cerca de costas extranjeras para forzar decisiones políticas. Esta táctica, conocida como Diplomacia de las Cañoneras (Gunboat Diplomacy), consiste en el uso o la amenaza del uso de la fuerza, sin llegar a un acto de guerra, para alcanzar objetivos de política exterior. Esta práctica fue formalizada por Theodore Roosevelt con su política del “gran garrote”, reafirmando la Doctrina Monroe sobre el Caribe y América Latina.

Hoy, esta estrategia ha resurgido con fuerza, adaptándose a los desafíos del siglo XXI. Un ejemplo reciente es el envío de una flota naval estadounidense, compuesta por tres portaaviones, a Corea del Norte al inicio del gobierno de Donald Trump, con el objetivo de mejorar su margen de negociación respecto a la política nuclear de ese país. El ataque a instalaciones nucleares de Irán durante la operación Midnight Hammer, realizado por cazabombarderos, y la amenaza de fuerza total en el conflicto palestino-israelí, demuestran cómo la era de la fuerza militar se ha impuesto nuevamente.

Este es el contexto actual de la tensión entre Caracas y Washington, al que se suma el despliegue de destructores equipados con sistemas de radar avanzados, misiles Tomahawk y un submarino, todos cerca de las costas venezolanas.

Estados Unidos justifica sus acciones recientes contra Venezuela fusionando su política exterior con la lucha contra el crimen organizado transnacional. Las rutas del Mar Caribe, históricamente explotadas por carteles del narcotráfico, han llevado a explorar nuevas alianzas en las que el régimen venezolano juega un papel fundamental en este entramado ilegal.

Durante el primer mandato de Trump, se aplicaron sanciones financieras y petroleras con la intención de agotar económicamente al régimen y forzar una transición. En su segundo gobierno, se optó por el despliegue militar apoyado en una diplomacia coercitiva, creando una presión sin precedentes sobre el gobierno de Maduro.

Sin embargo, el conflicto venezolano y la intervención estadounidense representan un choque frontal de principios en el orden internacional. Por un lado, EE. UU. invoca la seguridad del Estado y la necesidad de intervenir humanitariamente (o para combatir el crimen transnacional); por otro, se encuentra el principio de no intervención y la soberanía estatal de Venezuela.

Para muchos que aún reconocen a Nicolás Maduro como presidente en ejercicio, este ostenta inmunidad soberana. El derecho internacional consuetudinario establece que los jefes de Estado en funciones gozan de inmunidad plena (ratione personae) ante tribunales extranjeros, lo que complica la situación. La situación cambia con los expresidentes o cuando se les responsabiliza de crímenes internacionales sancionados por el Estatuto de Roma. Este dilema legal se agrava cuando se califica a un país de “Estado fallido” o “Narco-Estado”, y se debate si esto permite dejar de lado los principios de soberanía. El Derecho Internacional Público cuenta con normas robustas contra crímenes transnacionales, pero su aplicación efectiva depende muchas veces de la voluntad política internacional.

Maduro enfrenta la compleja tarea de gobernar un país profundamente afectado, donde convergen dinámicas económicas legales e ilegales que ya de por sí imponen enormes desafíos. A este escenario se suma una presión reciente y significativa: el reconocimiento de María Corina Machado con el Premio Nobel de la Paz. Este galardón simboliza el respaldo de la comunidad internacional a la causa democrática en Venezuela y podría traducirse en expectativas renovadas de transformación política tanto dentro como fuera del país.

No obstante, en ese cerco militar, diplomático y político, intervienen otros actores que contrarrestan estas fuerzas, como Rusia, China e Irán, entre otros.

Las lecciones de intervenciones pasadas pueden ofrecer un panorama sobre las rutas futuras, aunque resultan cuestionables por los costos políticos, económicos y de estabilidad para la región. El precedente de Panamá (1989), donde George Bush ordenó la invasión para capturar a Manuel Antonio Noriega por narcotráfico, así como los casos de Saddam Hussein (Irak), Osama bin Laden (Afganistán) y Muammar al-Qaddafi (Libia), nos muestran las consecuencias y los altos costos sociales de tales acciones. Sin embargo, Venezuela y su petróleo representan un activo estratégico que la diferencia notablemente de Panamá, aunque también la acercan a los intereses económicos de las superpotencias.

Aunque por ahora Trump parece evitar el riesgo de una aventura bélica, sus acciones buscan alinear sus intereses políticos y estratégicos, que también están marcados por los conflictos internos de su gobierno. Lo importante será evitar que una salida abrupta de Maduro conduzca a un vacío de poder explosivo, como sucedió en Libia.

Los escenarios posibles para Venezuela son inciertos y pueden ir desde un estancamiento prolongado bajo la influencia de Rusia y China, hasta una fractura interna que presione una salida pactada (supuestamente descartada según el New York Times), o incluso una intervención militar directa, lo cual sería el peor de los escenarios por sus consecuencias imprevisibles para América Latina.

Lo cierto es que la “nueva” diplomacia estadounidense relega a un segundo plano otras cuestiones cruciales, como la atención a los derechos humanos. Washington está dispuesto a emplear el poder de la fuerza de manera directa, intensificando la criminalización del adversario y rompiendo los patrones tradicionales de la política internacional.

Al invocar la Diplomacia de las Cañoneras, EE. UU. reafirma su papel histórico de poder dominante. Esta política de máxima disuasión sienta un precedente preocupante, donde un gobierno se erige como juez, parte y ejecutor de una justicia supranacional. Lo que está en juego no es solo el futuro de Venezuela, sino el tipo de orden mundial en el que viviremos: uno basado en la legalidad multilateral o uno donde la política se confunde con el poder coercitivo de los Estados. La nueva era de la Diplomacia de las Cañoneras ha llegado al Caribe, demostrando que, para las grandes potencias, la fuerza suele imponerse sobre los tratados internacionales. (Opinión).

*Abogado Universidad Libre. Especialista en instituciones jurídico penales y criminología Universidad Nacional, Máster en derechos humanos y democratización Universidad del Externado y Carlos III de Madrid. Litigación estratégica ante altas cortes nacionales e internacionales. Profesor Universitario.