Vistazo a los hechos: Viene la tributaria, el castigo para los colombianos

Por Gabriel Zapata Correa 

Los colombianos se mueven entre la incertidumbre por lo que se viene con la reforma tributaria, y las angustias actuales por la falta de empleo, la reducción de los ingresos, las condiciones de pobreza y todas las restricciones que estamos sufriendo por al Covid-19. 

Toda esta mezcla de ingredientes nos lleva a afirmar sin lugar a equivocarnos que el bolsillo de los colombianos está en cero. Y a aceptar que esta reforma tributaria, la de este Gobierno de Iván Duque, será más alcabalera que la que nos aplicaron el entonces presidente Juan Manuel Santos y su ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas Santamaría. 

La confusión es total por las recomendaciones de los expertos, los criterios expuestos por el expresidente Alvaro Uribe y las declaraciones del presidente Iván Duque, cuyas opiniones parecen resbalarle a su ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla. 

El presidente Iván Duque Márquez anunció este martes que se debe “buscar el fortalecimiento y la estabilización de las finanzas públicas. Pero le he pedido al equipo del Ministerio de Hacienda que, en ese propósito, nosotros no impongamos ningún gravamen a los productos básicos de la alimentación colombiana y a los servicios básicos de la familia colombiana”.  

Así lo expresó el Jefe de Estado en el lanzamiento del Circuito Colombia, la agenda de actividades en el marco de la Asamblea del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que se realizó en Barranquilla.  

El Mandatario manifestó que para lograr este fortalecimiento se tienen que buscar “otras herramientas –creativas, progresivas, equitativas, como lo ordena nuestra Constitución–, pero, además, dejando claro, y es que hay un gran esfuerzo, también, de ahorro, por parte del Estado colombiano, que queremos poner en funcionamiento”.  

En ese sentido, el Presidente Duque añadió que la propuesta iría acompañada de otras iniciativas como “un congelamiento de los gastos de personal y de adquisición de bienes y servicios en las vigencias (de los años) 22, 23 y 24, de manera que nosotros sembremos un ahorro claro, también en la medida en que hacemos este gran esfuerzo social.  

Igualmente, invitó a que “la discusión en el Congreso sea constructiva” y centrada “en propuestas que llevaremos para sostener ingresos y la estabilización de las finanzas públicas. Porque este es un país que nunca, nunca, ha dejado de cumplir su deber para tener unas finanzas sanas y eso le ha merecido un gran reconocimiento por parte del mundo”, puntualizó.  

Pero desde hace algunos días el expresidente Uribe viene lanzando unos globos, que nadie sabe si son menajes al Gobierno o al mismo Congreso. Porque para decir verdad los congresistas y los partidos han guardado un discreto silencio sobre propuestas a la reforma tributaria por una razón innegable: Estamos en una etapa de precampaña, y ellos saben que cuando se le toca el bolsillo al pueblo se siente el golpe en las urnas. 

Pero como dijo Benjamín Franklin en la vida solo hay dos cosas seguras, la muerte y el pago de los impuestos. O sea que el tema será ineludible para el Gobierno, su ministro de Hacienda, y el Congreso. 

Pero vale la pena detenernos en dos puntos muy importantes. Uno, la propuesta de la Anif de gravar los salarios a partir de 1 millón 500 mil pesos. Eso será la pauperización total de la clase media, que siempre es la más golpeada en todas las reformas tributarias, Y el otro tema es la carga que se les viene a los pensionados. Una total injusticia. 

La propuesta de Uribe radica en que el Estado reduzca los gastos burocráticos reales, al menos por 10 años, con excepción del Sistema General de Participaciones, la salud y las pensiones. Además de un gravamen a los altos ingresos, pensiones y patrimonios en el país. 

“Altas pensiones deben ser gravadas y los elevados sueldos deben pagar impuestos adicionales”, ha señalado el exmandatario en otro pronunciamiento, a través de redes sociales. 

Pensamos que las pensiones bajas, medias, altas son producto de los aportes que por más de 20 años o más le entregaron recursos al Estado para financiar las mismas, y además es un derecho fundamental, que ahora se pretende desconocer. 

Y esos aportes pensionales, eran aparte de los impuestos que en su momento pagaba cada asalariado. 

El Gobierno y los congresistas deben tener en cuenta estas consideraciones, en defensa de la clase media, de los pensionados y de los empresarios.  

Los empresarios ponen su patrimonio, talento y trabajo para que todo el gobierno a todos los niveles territoriales, perciban innumerables impuestos; las Cámaras de Comercio reciban gigantescas contribuciones; las Cajas de Compensación reciban gigantescos recursos; los trabajadores reciban un salario digno para el sostenimiento y educación de sus familias; las EPS reciban un 12.5 como pago adecuado por sus servicios de salud; los fondos de pensión reciban un 16 % para formar un fondo de retiro para quienes han trabajado; el trabajador reciba un 9.5 % de lo que gana como cesantías e intereses. 

Después de todo esto, si algo queda es para que el empresario haga un fondo para sostener su empresa en tiempos difíciles. No todos lo logran, pero siempre tienen que hacer los pagos descritos. 

Sin empresarios no hay empleos, no hay impuestos, no hay seguridad social.