Vistazo a los hechos: Una sentencia política

Por Gabriel Zapata Correa 

¿Ya nos queda alguna de que estamos recorriendo el mismo camino de Venezuela? La condena política que le acaba de imponer la Juez 44 de conocimiento de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, al expresidente Alvaro Uribe, el mayor símbolo de la oposición al régimen autoritario socialista que preside Petro, es el mejor ejemplo de que tienen unos objetivos claros y que los van cumpliendo paso a paso.

La sentencia de 1.114 folios, que lo condena a 12 años de prisión, y lo inhabilita por 8 años y 4 meses para ejercer cualquier cargo público por delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal, es una pieza jurídica que debe tener una mayor repercusión nacional e internacional. Porque resume un fallo político dictado y manejado desde arriba como lo afirma el expresidente en su defensa, con una carga ideológica intencionada que manipuló la argumentación a su antojo, sin escrúpulo alguno.

La medida de prisión domiciliaria se hizo efectiva una vez terminó la audiencia y el expresidente pasará los próximos días recluido en su finca de la vereda El Tablazo de Rionegro, al Oriente de Antioquia.

Según la juez, la medida de prisión domiciliaria es necesaria para que “la ciudadanía confíe en las instituciones”, para que se garantice la seguridad del condenado y para evitar riesgos de fuga. Una decisión que sorprendió a expertos en derecho, porque las cortes consideran que una persona como Uribe no es un peligro para la sociedad, y su condena no ha sido ratificada en segunda instancia.

Para sustentar nuestra afirmación en el sentido de que esta es una condena política, como las que se aplican en Venezuela, vamos a publicar algunos argumentos del expresidente Uribe en su defensa:

Refiriéndose a la sentencia, dijo que “la orden viene del alto Gobierno”. Acusó al presidente Gustavo Petro de ser el responsable de los desmanes durante los estallidos sociales de 2019 y 2021. Pidió a sus simpatizantes mantenerse en la protesta pacífica.

“Miguel Uribe fue víctima de un atentado de magnicidio terrorista y ojalá no se sigan ocultando sus autores intelectuales. Ese atentado fue causado, en alguna forma, por los señalamientos que se le hacían desde el alto gobierno, aliado de esta sentencia”.

“No hay razón jurídica para que me condenen sobre el argumento de que yo habría autorizado pagos del doctor Cadena. Esos pagos los hizo él autónomamente. Sobre los pagos nada me dijo el doctor Cadena”, apuntó.

En el juicio fueron legitimadas unas interceptaciones telefónicas que –por error– la Corte ordenó contra el expresidente en marzo de 2018. Hay al menos 118 llamadas telefónicas entre Uribe Vélez y el abogado Diego Cadena.

El expresidente insistió que en ninguna de las conversaciones interceptadas pidió a su abogado una actuación contraria a la ley.

“Han dicho que tuve un eslogan de pedir la verdad para sustentar un acto de crimen. Yo no hablo de crímenes, esa afirmación es ilógica”, añadió.

La juez Heredia desestimó la credibilidad y la importancia de los aportes de varios testigos llevados al juicio por la defensa de Uribe: lo hizo con Wilser Darío Molina, alcalde de Amagá; Vicky Jaramillo, exmilitante del Centro Democrático y Giovanny Alberto Cadavid, exparamilitar del Bloque Metro de las AUC.

“Al fallo le importa la narrativa de inventar la historia, de poner a los bandidos como los héroes, y a quienes los hemos enfrentado como los villanos (…) el fallo trajo una narrativa para defender bandidos, y acusarme de bandido”, dijo el expresidente.

Uribe aseguró que, la mayoría de testimonios que se configuraron en su contra son de criminales que durante su gobierno fueron llevados a la cárcel o extraditados.

“Este es un fallo dictado por sectores de arriba que hace cinco años me pusieron preso, y está determinado por una acción política que involucra al presidente de la República, a su figura más importante en el Senado, Iván Cepeda, y al ministro de Justicia (Eduardo Montealegre)”, agregó.

Uribe no pasó por alto el cruce de sonrisas y miradas entre la juez y la fiscal durante el juicio y tampoco las frases elogiosas recogidas en el fallo sobre los testimonios el senador Iván Cepeda, detalles que demuestran irrefutablemente la intención que había de condenar al acusado en este proceso.

Se ha escrito un capítulo negro en la historia de Colombia. Porque no deja de ser paradójico que, mientras el expresidente que más combatió el terrorismo en el país, con resultados óptimos, es condenado políticamente a la cárcel, los excabecillas de las Farc, alguno de ellos con 448 años de condenas a prisión, se paseen por el Congreso de la República burlándose de la sociedad y de sus víctimas.

Estamos seguros que estos bandidos criminales no pagarán ni un solo día de cárcel por los más de 10 mil secuestros y crímenes que cometieron y por los más de 18 mil niños y niñas que reclutaron, violaron y asesinaron.

Petro y las demás fichas claves de este régimen autoritario deben estar bailando de la felicidad, porque han dado un paso más en el camino que llevan a Colombia, hacia un salto al vacío sin paracaídas, como afirma el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. (Con datos de El Colombiano).