Vistazo a los hechos: Protegiendo a los criminales y robándose la plata

Por Gabriel Zapata Correa 

Si hablamos de secuestros, inseguridad, paz y corrupción, tenemos que reconocer que este gobierno superó el calificativo de ser el peor de la historia de nuestra patria. Porque además el presidente Petro ha caído en la desfachatez de aceptar la corrupción sin despabilarse, pese a haber él mismo nombrado a esos bandidos. Y ahora el jefe de estado, con minúsculas, está sentado a orillas del Sena, en Francia, viendo pasar las carrozas de las delegaciones olímpicas, mientras en Colombia nos tenemos que soportar la podredumbre de su administración.

Esta semana ha quedado marcada como la peor de su Gobierno. El primer escándalo, el de las siete camionetas de la Unidad Nacional de Protección, inexplicablemente al servicio de alias “Calarca”, con tres reconocidos cabecillas de disidencias de las FARC, detectadas en un retén del Ejército después de haber recorrido 600 kilómetros desde Venezuela y que tenía como destino el municipio de Anorí, Nordeste antioqueño. Los disidentes venían de una reunión de la comandancia del Estado Mayor Central de las FARC y pretendían viajar a los Llanos del Yarí para un evento de la mesa de paz.

La intercepción de estos vehículos, en los que viajaban 34 personas, se realizó en la vereda Porcesito, corregimiento Porce, de Santo Domingo, en el sector de Puente Gabino, y luego de que se anunciara este procedimiento, presentaron documentos con la suspensión de sus órdenes de captura que les habría entregado la Fiscalía, como parte de uno de los acuerdos del proceso de negociación. Pero para sorpresa de los colombianos, la Fiscalía General de la Nación dejó en libertad a tres de los siete disidentes, pese a que fueron detenidos en flagrancia con armas y con 100 millones de pesos.

Hay tantas contradicciones, que no ha habido una sola voz del Gobierno que nos explique el por qué la Unidad Nacional de Protección utiliza los vehículos del Estado para proteger y trasladar a delincuentes y criminales con órdenes de captura activas, mientras en varias zonas del país, como Antioquia, por ejemplo, el gobernador Andrés Julián Rendón, tiene que utilizar los carros de su administración para tratar de garantizar la vida de algunos alcaldes amenazados de muerte por estas mismas bandas criminales que el Gobierno tiene de su lado. Y el presidente Petro guarda silencio absoluto. ¿Quién puede desenredar este galimatías?

El segundo escándalo, que ratifica la debilidad del Gobierno frente a los grupos narcoterroristas, tiene que ver con la máxima tensión que vive Arauca, donde el ELN perpetró el secuestro masivo de 16 personas, entre ellas tres menores de edad, en Puerto Rondón y Tame. Y esto lo hace mientras sus voceros permanecen sentados en la mesa de negociaciones.   

Como en el escándalo de las camionetas de la Unidad Nacional de Protección, tampoco se ha escuchado una voz del Gobierno que condene enérgicamente este acto delictivo y que le exija al ELN la liberación de los secuestrados. Ni el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, ni el Alto Comisionado para la Paz, Otty Patiño, ni el presidente Petro.

Y el tercer escándalo de esta semana, tiene que ver con las revelaciones de la Fiscal Andrea Muñoz Arango en la audiencia de imputación de cargos a Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, y al exsubdirector Sneyder Padilla, según las cuales el soborno a los congresistas para favorecer los proyectos del gobierno fue direccionado por altos funcionarios desde Palacio. Cómo será el pastel, que la Fiscal habló del “cartel de compra de congresistas”.

Es de tal dimensión el escándalo, que Carlos Ramón González, director de inteligencia del Estado tuvo que renunciar. Y el presidente Petro, al aceptar su renuncia, escribió: “Su cargo como responsable de inteligencia civil es incompatible con cualquier investigación judicial”.

La salida de González, señalado por la Fiscalía de haber buscado direccionar contratos de la Unidad a contratistas corruptos en un entramado más amplio, golpea el corazón del Gobierno, pues ha sido una de las personas de mayor confianza de Petro.

Pero el entorno del presidente Petro no se salva. Sale enormemente salpicado el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, acusado de haber ordenado los contratos, y el exministro Fernando Velasco por lo mismo.

Ya la Procuraduría General de la Nación ha iniciado una indagación previa contra el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, el exministro del Interior Luis Fernando Velasco, y el exdirector del Dapre Carlos Ramón González, por su presunta implicación en estos actos de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGDR).

La investigación también ha sido ampliada para incluir al embajador de Colombia en Argentina, Camilo Romero, y a varios congresistas: Wadith Alberto Manzur, Julio Elías Chagüi, Karen Astrith Manrique, Liliana Esther Bitar, Julián Peinado, Juan Diego Muñoz, Juan Pablo Gallo y Germán Rogelio Rozo.

Este es el peor momento del país. Perdimos toda credibilidad, no existe el menor grado de confianza, y podemos decir con toda realidad, que ya llegamos al abismo prometido.