Vistazo a los hechos: Los nuevos mejores amigos de Petro

Por Gabriel Zapata Correa 

Esta semana, el presidente Gustavo Petro armó otra enorme polémica al firmar otra resolución, a través de la cual designó como gestores de paz a 18 exjefes paramilitares. Algunos de ellos se encuentran actualmente presos en cárceles de Estados Unidos. 

Según el mandatario, esta decisión se enmarca supuestamente en el objetivo del Gobierno de avanzar en un proceso de reconciliación y reparación.

En esa resolución figuran los nombres de reconocidos criminales, incluyendo a Carlos Mario Jiménez, alias ‘Macaco’; Rodrigo Tovar, alias ‘Jorge 40’; Héctor Buitrago, alias ‘Martín Llanos’; y hasta los extraditados Diego Fernando Murillo, alias ‘Don Berna’, y Ramiro Vanoy, alias ‘Cuco Vanoy’, y el depredador de menores de edad Hernán Giraldo, quienes se suman al también denominado gestor de paz, el excabecilla de las AUC, Salvatore Mancuso.

La principal explicación que da el presidente Petro con estas designaciones es la siguiente: “Ser gestor de paz es una condición del ser humano, no un regalo; quien acepta esta condición, está dispuesto a resarcir las víctimas y a las garantías de no repetición”. Pero la justifica con otra razón relacionada con el expresidente Uribe: la figura de las gestorías de paz buscó “finiquitar el proceso de paz hecho por el expresidente (Álvaro) Uribe con los paramilitares”. Lamentable que, en el fondo, el presidente Petro acuda al odio que siente y respira por el expresidente Uribe, y por esta forma de actuar ni le duelan ni le preocupen las víctimas de estos criminales, quienes no han hecho una sola propuesta o aporte a los diversos procesos de paz, y mucho menos al de la Paz Total del presidente Petro.

Pero para que vean que los reparos y las críticas no solo vienen de la oposición y de los ciudadanos decentes, vale la pena que analicen los criterios de la Defensora del Pueblo Iris Marín Ortiz, de la cuerda de Petro.

La Defensoría del Pueblo de Colombia critica la última designación como gestores de paz de cabecillas paramilitares. «¿Por qué esta vez sí podemos confiar en que van a contribuir a la paz, si en el pasado no lo han hecho? ¿Por qué llamarlos gestores de paz, si han sido gestores de guerra y están privados de libertad tras haber reincidido y haber sido reconocidos como criminales de guerra? ¿Qué mensaje les mandamos?», se ha preguntado.

En ese sentido, la defensora dice que estas designaciones deben traer consigo «un compromiso claro con la verdad, la justicia y la reparación hacia las víctimas». El trabajo de los gestores, ha dicho, debe desarrollarse en el marco de un plan «muy preciso y público» que pueda ser seguido para evitar que se desvíen de su labor.

Con todo, La defensora destaca que esta resolución ejecutiva que les reconoce como gestores de paz no modifica su situación ante la ley y tampoco conlleva ningún beneficio judicial. «Esto es muy importante (…) Es esencial que una decisión del Gobierno no deshaga lo que la Justicia ha logrado», ha dicho.

A su vez, hace énfasis en que aquellos que han sido designados «no son ni pueden ser vistos como referentes morales en la construcción de paz en Colombia».

Pero al presidente Petro le tienen sin cuidado estas observaciones. Así como no le importó lo que dijo la Corte Suprema de Justicia sobre la liberación de Mancuso, con quien intercambió su sombrero, y su designación como gestor de paz.

Como se sabe la Sala Penal de la Corte Suprema, que confirmó el fallo del Tribunal Superior de Barranquilla, le negó la libertad a Mancuso bajo la figura de gestor de paz.

La Corte señaló que la medida no cumple con los principios de proporcionalidad y reparación, pues Mancuso no ha contribuido plenamente con la verdad ni ha reparado adecuadamente a las víctimas.

“La libertad sin condiciones no es proporcional al objetivo de paz. La justicia no puede ofrecer beneficios ilimitados en casos de graves violaciones a los derechos humanos”, sostuvo la Corte.

Enfatizó la Corte que la paz no debe ser un camino que ignore los derechos de las víctimas, insistiendo en que el propósito de la justicia transicional es garantizar verdad, justicia y reparación antes de otorgar beneficios.

Un concepto más claro y objetivo no se puede dar. Pero al presidente Petro, tan amigo de desconocer la Constitución y la ley, pareciera que tiene su propia constitución, bajo la cual impone sus criterios y toma sus decisiones.

Y aquí, como colofón, vale la pena formularle al mandatario estas preguntas: Qué podría aportar Hernán Giraldo, alias “El Taladro”, violador de más de 300 niñas, ¿a su proceso de Taz Total? ¿No le duelen al presidente Petro las niñas de Colombia, dándole a este criminal violador la categoría de gestor de paz?

Así como tampoco le han dolido las decenas de miles de víctimas de todos estos criminales, de quienes se rodea ahora para buscar su Paz Total.

¡Qué tristeza ver al presidente Petro tan mal acompañado!