Por Gabriel Zapata Correa (foto)
El país está caminando por el filo de una navaja. No es que yo le esté apuntando a un pesimismo innovador que nos conduzca a una senda equivocada, ante la coyuntura de la enorme crisis que estamos viviendo por cuenta del Covid-19 cuyas consecuencias en las cifras son más reales de lo que la dirigencia presume: casi 5 millones de personas sin empleo, 4,5 millones de pequeñas y medianas empresas cerradas y el hambre en las calles de las ciudades.
La coyuntura se hace más complicada aún, porque se complementa con los altísimos índices de inseguridad que se sufre en las calles, donde ya se han presentado casos de saqueos y violentos enfrentamientos con las autoridades, todo esto bajo la sombra de la campaña política que ya muestra las banderas en todos los costados del país.
Y es precisamente este aspecto el que más levanta preocupaciones, porque no es fácil meterle la mano al bolsillo a los colombianos, pera después salir a pedirle el voto por quienes están manejando bien, regular o mal, las riendas del Estado, o por los demás candidatos que en una u otra forma representan al establecimiento.
El 2 de diciembre de 2018, en esta misma columna escribí una nota sobre la reforma tributaria:
Dicen los expertos que un Gobierno necesita estrategas para todo, pero muy especialmente para la presentación y manejo de una reforma tributaria, porque se trata nada más y nada menos que de tocar el dinero de la gente. O para decirlo de una forma más frentera, de meterle la mano al bolsillo a la ciudadanía. Es un tema tan delicado como sensible.
No lo digo pensando con el corazón. Más de 20 años en el Congreso analizando y debatiendo reformas tributarias me asisten la razón. Hacer empresa en Colombia es un imposible matemático, económico y práctico. El respetado tributarista Santiago Pardo lo dijo en una significativa y explosiva entrevista en la W con Julio Sánchez y su equipo de trabajo. El total de tributación de un negocio en Colombia es del 70% u 80%, mientras que el promedio en Latinoamérica es del 40%, en Estados Unidos del 25%. Esto obligó a que más de 15 mil colombianos se hubieran radicado en otros países donde la tributación favorece la solidez de sus empresas. Cuando el presidente Duque prometió en campaña reducir esta tributación empresarial, muchos regresaron. Se tragaron el cuento de que los empresarios no podían seguir siendo la vaca lechera, para hacerlos más competitivos… Pero se encuentran con que el país va a regresar al mismo camino. Como dijo el tributarista Santiago Pardo, “este es un estado tramposo en el que no se puede confiar”. Eso se llama dinamitar la confianza inversionista.
En el mismo análisis, Pardo dice que un empresario colombiano prefiere renunciar a su nacionalidad, radicarse en México, España o Estados Unidos y vendernos sus productos desde allá. ¿Pero cuál es la solución? ¿Estamos frente al mismo escenario?
La propuesta del Gobierno es muy débil para controlar la evasión. El 10% de los combustibles y el 40% de los textiles son de contrabando. Hay gente que entra por puertos todos los electrodomésticos para su hogar sin pagar un peso de impuestos, mientras el Gobierno tiene unos clientes amarrados para escurrirlos cada año: Los trabajadores y las empresas. Los gobiernos son iguales. Tienen de víctima a la clase media.
Aquí en Colombia castigan con más impuestos a quienes no los pueden evadir. Y no se persigue a los evasores. Es una solución facilista castigar con el IVA la canasta familiar y a la clase media. Y poner a pagar renta a los salarios de 2 millones 500 mil pesos en adelante y desconocer los derechos adquiridos de las pensiones de más de 7 millones de pesos mensuales.
El Gobierno debe enfrentar otra realidad y salir a buscar los 80 billones anuales de la evasión y el contrabando. Solo así sería posible que los negocios en Colombia regresaran a una tarifa del 30% o 40%, como en la mayoría de los países de Latinoamérica.
Obviamente habría que revisar los gastos innecesarios y que el Estado sea más eficiente y menos derrochón. Sobre el tema de las pensiones, el exmagistrado Guillermo Mejía ya le respondió al Gobierno: “Ahora la amenaza de una segunda vulneración de derechos adquiridos ya no es solo contra las llamadas megapensiones sino contra las que suman más de 7 millones mensuales, las que serán gravadas dentro de la reforma tributaria que ha sido o será presentada ante el Congreso, que son las de la clase media. El texto constitucional es muy claro: “Por ningún motivo podrá dejarse de pagar, congelarse o reducirse el valor de la mesada de las pensiones reconocidas conforme a derecho”.
La clase media es el trompo de poner: la que pone los impuestos y la que pone los votos. La senda que se le esta despejando a Gustavo Petro.
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