Vistazo a los hechos: La rama judicial le imparte órdenes al Ejecutivo

Por Gabriel Zapata Correa 

Enorme preocupación se respira en todos los niveles del Gobierno, en las esferas políticas y también en el empresariado, por el histórico fallo de una tutela, presentada por 49 ciudadanos, de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia el cual le imparte varias órdenes al ejecutivo frente a determinados hechos aislados de brutalidad policial, en el uso de la fuerza contra la protesta pacífica. 

En este fallo de 171 páginas, en el que dos magistrados salvaron su voto por la controversia generada, la Sala Civil evaluó algunas pruebas de hechos ocurridos en Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla en los que el Esmad, la Policía y el Ejército intervinieron, según la Corte en forma arbitraria, en el paro nacional de 2019. 

Según el diario El Tiempo, entre los casos evaluados, la Corte tuvo en cuenta los videos sobre la muerte del joven Dilan Cruz, quien falleció al recibir un proyectil disparado por una escopeta de un agente del Esmad; la patada en la cara que recibió una mujer durante una manifestación en Bogotá; las golpizas que sufrieron varios estudiantes cerca de la Universidad de los Andes y la detención arbitraria de uno de ellos; o la disolución de una protesta pacífica en la plaza de Bolívar con gases. También valoró varias condenas del Consejo de Estado y hasta de la Corte IDH por excesos y arbitrariedad en el uso de la fuerza.  

Al evaluar todos esos hechos, la Sala Civil determinó que“se hallan acreditados los cargos de los tutelantes, según los cuales existió –y puede seguir existiendo– una reiterada y constante agresión, desproporcionada de la Fuerza Pública respecto de quienes, de manera pacífica, se manifestaron” en las protestas del 2019. En su tutela, los ciudadanos incluso denunciaron agresiones en protestas desde el 2005. El más importante es que encontró una “violación sistemática” del derecho a la protesta por parte “de la Fuerza Pública, en especial del Esmad”. 

Y con base en estos análisis la Corte le dicta 14 órdenes al Gobierno tendientes a proteger los derechos a la protesta pacífica. 

El fallo obtuvo cuatro votos a favor, y dos en contra, de los magistrados Álvaro Fernando García y Luis Alonso Rico, quienes plantearon duras críticas a sus colegas que dejaron consignadas en su salvamento de votos. 

El magistrado Álvaro Fernando García le dijo al diario El Tiempo que “En la decisión de esta Sala debió primar el análisis calmado y no la enunciación emotiva y sin pruebas de unos hechos, que aunque muchas veces son de conocimiento general, por sí solos no ameritan la intervención de un órgano del poder público para ordenar a los otros actuar de una determinada manera, máxime si con esas órdenes se interfiere en sus funciones o se extralimita en las del órgano judicial”, expresó, y agregó que con esta decisión “se quiere imponer una forma de legislar y un estilo de administrar y gobernar”.
Y añadió: «no puede el juez darse largas para entrar en actuaciones propias de los legisladores o para ordenar a estos o a quienes administran la cosa pública que actúen de una u otra manera simplemente porque al juez le parece que es, según su punto de vista, lo que debe ser”. 

También dijo que en la sentencia se abusa de normas “para repartir de forma desordenada y sin competencia decisiones mandando a los distintos funcionarios hacer cosas que, si bien pueden tener la intención de protección de manera general, no están encaminadas a evitar en caso concreto alguno la vulneración de derechos fundamentales de sujetos determinados”. 

El magistrado remató su análisis así: “si bien existen múltiples ejemplos de actuaciones de la Fuerza Pública que no son el mejor ejemplo de protección a los ciudadanos que dicen defender y que están obligados a proteger, para la corrección de esos hechos existen también innumerables acciones encaminadas a sancionar a los infractores y a enderezar los hechos, y no es la tutela en forma general el remedio”. 

Razón tiene el presidente Iván Duque en pedir la revisión del fallo de la Corte Suprema que ordena garantizar el derecho a la protesta pacífica, ante la Corte Constitucional, la máxima instancia para adelantar revisiones de este tipo.