Por Gabriel Zapata Correa
La plenaria del Concejo de Medellín volvió a enterrar este jueves el proyecto que le permitiría a EPM vender su propiedad accionaria en Tigo-UNE.
El resultado de la doble votación fue un empate a 10 votos, lo que por reglamento interno del Cabildo significa el hundimiento de la iniciativa y un duro revés para el gobierno del alcalde Daniel Quintero, quien con esta decisión el Concejo de la ciudad le reafirma la total desconfianza que se le tiene sobre sus manejos administrativos.
Vale recordar que la oposición política y jurídica al proyecto de EPM y Tigo-UNE la encabezaron los concejales del Centro Democrático, Julio González Villa, Leticia Orrego y Alfredo Ramos con la tesis, para meter miedo, que la apelación no fue sustentada y que constitucional y legalmente no se podía votar porque era el mismo proyecto ya negado el año pasado.
Tras una hora de debate se procedió a votar sobre 20 concejales porque Carlos Ríos del CD se declaró impedido por tener un hermano laborando en UNE.
Por el no votaron Julio González, Leticia Orrego, Alfredo Ramos, Claudia Ramírez, Sebastián López, Luis Carlos Hernández, Luis Bernardo Vélez, Daniel Duque, Simón Pérez y Dora Saldarriaga. Por el sí: Lucas Cañas, Aura Marleny Arcila, Fabio Rivera, Carlos Romero, Jaime Cuartas, Babinton Flórez, Lina García, Nataly Vélez, Juan F. Betancur y Juan Ramón Jiménez.
El patrimonio público de EPM invertido en UNE e Invertelco está valorado entre 2,3 billones de pesos y 2,8 billones de pesos.
Los recursos de la enajenación serían destinados al Plan de Inversiones de EPM para el período 2022 y 2024, estimado en 10,9 billones de pesos.
Y el gerente general de EPM, Jorge Andrés Carrillo Cardoso, indicó en rueda de prensa que el Distrito de Medellín y la Empresa insistirán con todos los recursos posibles para lograr la activación de la cláusula de protección del patrimonio público a favor de EPM, que permita la autorización para enajenar las acciones de propiedad de la Empresa en Tigo-UNE e Invertelco.
“Cada día que perdemos se aumenta el riesgo de activar la cláusula de protección del patrimonio público que vence en agosto de 2024. Aunque pareciera que hay mucho tiempo, todo el proceso de enajenación, en el escenario más optimista, puede tomar 18 meses. Por ello, estamos contra el tiempo”, dijo Carrillo Cardoso.
Sin embargo, independientemente de los análisis técnicos y financieros que podrían reflejar una verdad indiscutible, hay otra realidad que no podemos negar, y es que existe una clara desconfianza en el alcalde Daniel Quintero, y en el futuro que vaya a tener ese dinero producto de la venta de Tigo-Une.
En este aspecto, vale la pena recordar que el Centro Democrático, en cabeza del concejal Alfredo Ramos, y de la oposición, había expresado las condiciones bajo las cuales le aprobarían al alcalde este proyecto en el Concejo.
En una reunión previa EPM les mostró a los concejales la cláusula de confidencialidad que firmó con Millicom para la salida de esa fusión, y que ese dinero iría al plan de inversiones de la empresa, pero el Centro Democrático estableció las condiciones bajo las cuales votaría sí a la venta de las acciones que tiene el municipio en TIGO UNE.
Por eso Alfredo Ramos, concejal de esa colectividad explicó que esperan que los recursos no vayan al plan de inversión de EPM, como pretende la administración de Daniel Quintero, sino que tenga tres destinos específicos.
“Queremos crear un fondo de estabilización tarifaria, Daniel Quintero le incumplió a Medellín prometiendo congelar las tarifas de servicios públicos y al contrario, han venido creciendo desmedidamente, segundo queremos proponer la reconexión de servicios públicos a muchas familias de Medellín que hace rato no están conectadas y adicionalmente que se amplié la conexión a la red de gas, tercero queremos que los recursos de la venta de UNE vayan a la conectividad de los extractos más populares en internet y en particular a las zonas rurales de Medellín”, explicó Ramos.
La posición de Alfredo Ramos y de otros concejales, radica en que el alcalde no transmite credibilidad alguna por la cantidad de denuncias de corrupción que han surgido en diferentes escenarios de su administración, y que están en curso de investigación en los diferentes organismos de control. Y, por otro lado, en que la ciudad, además, está completamente abandonada. La malla vial llena de huecos, las basuras y el rastrojo en jardines y entrejardines de las vías no tienen invadidos, y los recursos no se ven.
La desconfianza en el alcalde es generalizada. Compartimos la decisión del Concejo, y esperamos que esta negociación si sea aprobada, pero en otra administración que nos garantice la seguridad y transparencia en la inversión de estos recursos.
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