Vistazo a los hechos: La Corte Suprema de Justicia tiene que recuperar su credibilidad

Por Gabriel Zapata Correa

Debo comenzar por decir que soy respetuoso de las instituciones, comenzando por las altas cortes que son los pilares de la democracia. Pero coherente con este criterio me uno al coro de los ciudadanos de bien, en el sentido de que las altas cortes, especialmente la Suprema de Justicia debe buscar por encima de todo, recuperar su credibilidad como se merece un tribunal de sus condiciones, que les garantice a los colombianos el equilibrio en sus determinaciones, por controvertidas que sean, y sobre todo su confiabilidad, que es la base de la majestuosidad de otras épocas.

Como dicen varios analistas, no le basta a la Corte Suprema de Justicia dictarles medida de aseguramiento a un expresidente o a un gobernador para sentar un precedente de imparcialidad. No, y menos cuando han sucedido antecedentes graves sobre los cuales el mismo alto tribunal ha tenido que guardar silencio porque no tiene argumentos jurídicos sólidos para justificarlos.

El principal de todos es el Cartel de la Toga cuyos capítulos nefastos no se han cerrado, y para completar sale un audio del periodista Julio Sánchez Cristo, en el cual revela que el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Francisco Ricaurte, detenido por estos mismos escándalos, dice que quiere denunciar episodios de un Cartel de la Toga II. Y le pide al expresidente Uribe que le envíe una persona de confianza para contarle todo.

Audio del Cartel de la Toga II 

En los círculos privilegiados de la baranda judicial de Bogotá, se comenta que el Cartel de la Toga I no ha concluido y que aún hay mucha tela para cortar, lo cual explica el por qué hay en el ciudadano de bien, en el hombre decente, tanta desconfianza en la justicia y por qué esta tiene un nivel de favorabilidad por debajo del 30 %, lo mismo que la desprestigiada política. Este solo aspecto obligaría a la Corte a buscar unos mejores niveles de respeto.

Las mismas prácticas politiqueras de cómo se autoeligen, igualiticas a los vicios del nepotismo y tráfico de influencias por los cuales condenan a congresistas y funcionarios públicos, hacen que las altas cortes pierdan esa majestuosidad que era la característica virtuosa que las hacía respetables. Y lo peor es que esos vicios se los heredan unos a otros sin vergüenza alguna.

Pero el capítulo que ha dejado a la Corte Suprema de Justicia más mal parada ante los colombianos, tiene que ver con la forma como le concedió la libertad al criminal narcotraficante alias “Jesús Santrich”, mientras le seguía el proceso.

Esta historia produce náuseas. La Fiscalía le acusó de delinquir desde junio de 2017, seis meses después del acuerdo final de paz del 1 de diciembre de 2016. Tras una orden de captura cursada por la Interpol, fue detenido en su domicilio de Bogotá el 9 de abril de 2018. Se investigaban las acusaciones para proceder con su extradición a Estados Unidos.

Pero el mismo 9 de abril, día de su detención, inició una huelga de hambre como protesta para denunciar lo que consideró “un montaje de la justicia”.​ El 19 de mayo suspendió temporalmente la huelga tras 41 días de protesta, días después de que la JEP anunciara que suspendía su extradición y emplazaba a la Fiscalía a presentar pruebas para sustentar la captura del cabecilla del grupo narcoterrorita FARC.

El 15 de mayo de 2019, la JEP tomó la decisión de no extraditar y dejar en libertad a Jesús Santrich, lo que desencadenó en la renuncia del Fiscal General de la Nación Néstor Humberto Martínez y la vicefiscal María Paulina Riveros, alegando que se rompieron las garantías procesales.

​El 17 de mayo de 2019 se hizo efectiva la liberación de Santrich, quien solo duró en libertad 3 segundos, puesto que mientras salía de la Cárcel La Picota fue nuevamente detenido por agentes del CTI, diciendo que la recaptura se efectuó por aportes de nuevas pruebas al caso, y por los delitos de narcotráfico y concierto para delinquir.

El 29 de mayo de 2019, la Corte Suprema de Justicia ordenó su liberación basada en que, a pesar de no haberse posesionado como representante a la cámara, gozaba de dicho fuero y que los funcionarios que lo aprehendieron no estaban facultados para hacerlo. Ese día estaba acompañado del senador de extrema izquierda Iván Cepeda, quien no puede ocultar su simpatía por las Farc. El resto de la historia es una vergüenza para la Corte Suprema de Justicia y para el país.

Ahora, la gran pregunta ¿es por qué la Corte no le dio el mismo tratamiento al expresidente Uribe para que se defendiera en libertad, como lo pretendía con alias “Jesús Santrich”?

Sobre por qué no se explica la medida de aseguramiento contra el expresidente Uribe, vale la pena publicar el concepto del abogado penalista Diego Suárez, concedido a KienyKe.com.

Explicó que la medida de aseguramiento implica que, si se impone, la persona deberá estar privada de su libertad mientras dura el proceso en su contra, justamente para que no interfiera negativamente en el mismo.

“El expresidente Álvaro Uribe Vélez no tiene antecedentes penales, se ha caracterizado por su colaboración y disposición a la justicia. La Corte ya recaudó gran parte del caudal probatorio, lo que impediría que el mismo sea manipulado. Su condición como senador hace que tenga un control social permanente y pensar en una posible fuga es imposible. El proceso está en su etapa más primigenia y la afectación a un derecho fundamental tan importante como la libertad claramente excede el fin que pretende el legislador con la medida de aseguramiento”, manifestó.

Como se ve, la Corte Suprema de Justicia no ha sido imparcial en el caso del expresidente Uribe. Y para completar, continúa filtrando a algunos medios detalles de la providencia. Otro hecho que acaba de desdibujar la poca seriedad que le resta.