Vistazo a los hechos: JEP, del ahogado el sombrero

Por Gabriel Zapata Correa 

Reconozco, de entrada, que no pertenezco al coro de quienes están echando las campanas al vuelo por la decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz de imputarles cargos a la cúpula de la extinta Farc… No por la decisión en sí, sino por la laxitud que ha caracterizado a este organismo que nació al amparo de las conversaciones de paz en La Habana, que condujo a los criminales de las Farc a tener asiento en las poltronas del Congreso sin pagar un solo minuto de cárcel por numerosos crímenes de lesa humanidad. 

En una resolución esperada por miles de víctimas del conflicto armado interno de Colombia, este jueves se produjo la primera acusación del tribunal especial para la paz contra la antigua cúpula de las FARC por una de sus prácticas más temidas, el secuestro. 

La Jurisdicción Especial para la Paz acusó a ocho miembros del Secretariado de las desmovilizadas FARC de crímenes de guerra y de lesa humanidad por los secuestros cometidos durante décadas. 

Es la primera vez desde la firma del acuerdo de paz en noviembre de 2016 que la JEP, un tribunal especial creado a raíz de ese acuerdo, atribuye responsabilidad criminal a los antiguos líderes de las FARC. 

La JEP determinó que los ocho miembros del máximo órgano de decisión de la guerrilla tienen «responsabilidad de mando» por los abusos y horrores que sufrieron los secuestrados. 

En concreto, los acusados son Rodrigo Londoño, alias Timochenko, último jefe de la antigua guerrilla y actual presidente del partido Comunes, surgido de la desmovilización de las FARC; los senadores Julián Gallo alias “Carlos Antonio Lozada” y Jorge Torres Victoria, alias “Pablo Catatumbo”; y los también exjefes guerrilleros Jaime Alberto Parra alias “el médico”, Milton de Jesús Toncel alias “Joaquín Gómez”, Juan Hermildo Cabrera (QEPD), Pastor Alape y Rodrigo Granda alias “Ricardo Téllez. 

La JEP atribuye a los líderes de la guerrilla delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra por graves conductas vinculadas al secuestro como homicidio, tortura, atentados a la dignidad personal, violencia sexual y desplazamiento forzado. 

Como lo registra BBC News, el tribunal consideró que los secuestros no fueron errores de guerra de los excombatientes o necesidades o excesos de la guerra, como han pretendido justificar los antiguos jefes de las FARC, «sino que son crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad». 

La Sala de Reconocimiento de la JEP determinó que las víctimas sufrieron por «saberse definidos como un objeto para canje», por la separación de sus familias, por la intimidación constante que rompió vínculos afectivos y por la incertidumbre y terror causado, principalmente en los secuestros de larga duración. 

«Se evidencia de manera consistente el sufrimiento causado a las familias por el ocultamiento de la suerte de los secuestrados, la venta del cadáver, el doble pago del rescate, cambiar un familiar que pagó por otro y cobrar de nuevo, burlas, amenazas e insultos y otras formas de vulneración emocional sin consideración del sufrimiento», expresó este jueves la magistrada de la JEP Julieta Lemaitre Ripoll. 

«Si exmiembros del secretariado de las Farc aceptan su responsabilidad tendrían una sanción propia, que incluye restricción de la libertad de hasta 8 años», declaró el magistrado Eduardo Cifuentes, presidente de la JEP. 

Según Cifuentes, la misión de paz de la ONU, a petición del presidente Iván Duque, monitoreará las eventuales penas que dicte la justicia colombiana. Las condenas podrán purgarse en cualquier parte del territorio nacional. 

«La sanción propia podrá pagarse en un lugar de la geografía nacional: puede ser en Bogotá o en cualquier vereda. Sanciones propias que tienen un elemento retributivo en términos de la restricción de la libertad», explicó. 

«La sanción propia significa restricción de cinco a ocho años para máximos responsables y llevar a cabo labores de reparación convenidas con las víctimas», agregó Cifuentes. 

Sobre la posibilidad de que los condenados ejerzan labores como congresistas, Cifuentes dijo que esto tendrá que analizarse frente a las sanciones propias. 

«El tribunal decidirá si ejercer como congresista es compatible con la sanción propia que se les imponga a los imputados por las Farc. La responsabilidad será individual», sostuvo. 

Según el presidente de la Justicia Especial de Paz, los crímenes cometidos son de mal absoluto y el daño es infinito. 

«En la sociedad colombianos debemos permitir una apertura de consciencia para mostrar que por esa vía podemos ponerle un punto final. No podemos seguir de venganza en venganza», concluyó. 

Del ahogado el sombrero. Aunque las penas son irrisorias, a los colombianos nos queda el consuelo el escarnio público que deben sufrir estos criminales, algunos de los cuales lucen de honorables congresistas. Al menos que acepten sus responsabilidades, no es mucho pedir…