Vistazo a los hechos: Estamos en manos de un dictador

Por Gabriel Zapata Correa 

El presidente Petro se siente en su salsa, haciendo lo que le da la gana como si fuera un dictador. Lo que acaba de hacer al convocar a una consulta popular para tratar de lograr por esta vía sacar adelante su perversa reforma laboral, no es más que un “ataque directo a la democracia”, como han calificado esta decisión algunos analistas.

Expertos, y el mismo Banco de la República calculan que esta reforma laboral podría generar, por lo menos, unos 750 mil desempleados, por cuenta de los altos costos que representa para los empresarios, partiendo de la base de que más del 95% de las empresas en el país son pequeñas y medianas que tendrían que soportar unas cargas impositivas muy difíciles de aceptar.

Pero el presidente Petro, con su espíritu autocrático que siempre lo ha sacado a relucir desde que asumió el poder hace dos años y medio, quiere imponer su reforma a cualquier precio, y está convencido que con ese escaso 30% que registra en favorabilidad le da para tomar decisiones por encima de instituciones como el Congreso de la República.

La presión de Petro sobre los senadores de la Comisión Séptima fue absoluta.

“No debatir es acabar la democracia. Hay una dictadura de un establecimiento que quiere burlarse del voto popular y el estallido social del 2022.

“Por eso desatan el bloqueo institucional al cambio.  Ante la dictadura del establecimiento que se negó a un acuerdo nacional, la respuesta es democracia real. “La democracia es el poder del pueblo. El presidente convoca al pueblo y está con el poder del pueblo”.

Uno de los primeros en reaccionar fue Efraín Cepeda, presidente del Senado, quien le exigió al presidente que respete al Congreso y deje de amenazarlos cuando hay decisiones democráticas que no están subordinadas al querer del Gobierno.

«La Constitución nos entrega unas facultades y ninguna de ellas es la sumisión al poder ejecutivo. 

“El Congreso seguirá tomando decisiones de forma autónoma y según el criterio libre de los congresistas. La ruptura con que usted amenaza entre el Gobierno y el Congreso, no está regulada por la Constitución nacional y por lo tanto sería una violación a dicha norma», señaló Cepeda.

Pero al presidente Petro, en la práctica un dictador, no le importa actuar con ira y odio. Ya lo demostró esta misma semana con su reacción cuando un juez de la República decidió embargar las cuentas de la nación, por las deudas del ministerio de Minas y Energía con EPM por el no pago de los subsidios de los estratos 1, 2 y 3. Hay 12 millones de colombianos perjudicados.

Pero el presidente Petro, en lugar de cumplir con la ley, pagando esos subsidios, ordenó una inspección a EPM. Descarga así todo su podio contra Antioquia, Medellín, y en particular contra EPM.

Por eso se produjo la respuesta contundente del alcalde Federico Gutiérrez: “Amenaza a congresistas, amenaza a quien no esté de acuerdo con él. Al parecer el presidente no ha dejado los vicios de amenazar, seguramente de cuando hacía parte de una organización guerrillera.

De pronto algunos vicios no se quitan”, expresó Gutiérrez, haciendo referencia al pasado guerrillero de Petro en el M-19.

“Este no es un debate de ideologías. Es un llamado a defender lo que nos pertenece a todos: el patrimonio público. No podemos quedarnos en silencio mientras ponen en riesgo nuestras instituciones.

“A los empresarios, a los gremios, a los estudiantes, a los ciudadanos… es momento de movilizarnos como sociedad.

“Porque a Colombia la sacamos adelante desde las regiones, con trabajo y con carácter, porque es nuestra responsabilidad”.

“Lo que se ve aquí claramente es una venganza del presidente Petro. La tal inspección que le quieren hacer a EPM y todas sus filiales está amparada en una falsa motivación… Están actuando con odio, con rabia, y mal hace el presidente Petro y el ministro en abusar del poder”, dijo Gutiérrez.

“Aquí hay una falsa motivación” … “yo creo que el país no tiene ninguna duda de que esa inspección que le quieren hacer a EPM ordenada desde la Presidencia de la República y el Ministerio de Minas es una venganza, además política. Gustavo Petro ya actúa como dictador”.

Pero hay aquí otra grave implicación de las decisiones vengativas del mandatario. Los cálculos más apretados sobre el costo de esta consulta popular revelan que puede estar entre los 500 y 600 mil millones de pesos. Y ya vemos que no hay plata para las víctimas de la violencia, que el Icbf está reventado, que 300 mil estudiantes quedaron ahorcados con los créditos del Icetex y que, además, el sector energético está al borde de llegar a un apagón nacional. Y ni hablar de la seguridad en los tertritorios.

Cualquiera de las decisiones que está tomando Petro, podrían compararse con las que asume su amigo vecino Nicolás Maduro, o el mismo Daniel Ortega de Nicaragua. Decisiones que desconocen la ley y la institucionalidad. Por eso no nos equivocamos al afirmar que estamos en manos de un dictador.