Vistazo a los hechos: En manos de los criminales

Por Gabriel Zapata Correa 

Estamos viviendo unas lamentables e incontrovertibles realidades en materia de seguridad nacional, que cada día nos confrontamos más. ¿Dónde está el señor presidente Gustavo Petro? ¿Por dónde anda el ministro de la Defensa, Iván Velásquez, que no ve, no oye, ni entiende lo que está sufriendo la población civil en sus territorios ocupados por los grupos criminales? ¿Hacia dónde nos llevan con esos diálogos de sordos, aceptando las condiciones impuestas por las Disidencias de las Farc y el ELN? ¿Ese es el camino diseñado por el presidente Petro para conducirnos a una Constituyente, de la mano de estos grupos narco criminales?

Pero lo peor de todo, es que el mismo mandatario ha aceptado la cruda realidad. Pero una parte…  Denunció la situación crítica de 350 niños indígenas en el departamento de Cauca, quienes están siendo reclutados por grupos armados ilegales y utilizados como “escudos” humanos contra las Fuerzas Militares. ¿Esto no es control territorial?

La escandalosa revelación la hizo Petro durante el lanzamiento de la estrategia ‘Misión Cauca’, acto realizado en Popayán. Explicó que la utilización de niños en conflictos armados constituye un delito de lesa humanidad, según los estatutos internacionales. “Eso para mí es un delito de lesa humanidad (…) no sé bien cómo tipificarlo porque un niño no es un combatiente, es un rehén”, afirmó el mandatario. Dijo también que estos niños no solo están siendo tomados como rehenes, sino que también se les obliga a realizar actividades ilegales que son lideradas por los grupos criminales.

El jefe de Estado también indicó que la presencia de niños en las filas de los grupos armados impide la posibilidad de llevar a cabo operaciones militares y pone en riesgo la vida de los menores: “Si los niños pasan a las armas, no se puede bombardear, los niños del Cauca se vuelven el escudo de los armados contra el Estado”, dijo Gustavo Petro. ¿Pero cuáles son las acciones del Estado?

Pero esta solo es una faceta del problema que estamos viviendo. Estamos en manos de las bandas criminales, cuyos cabecillas tienen el control total de algunos territorios, sin que gobernadores y alcaldes puedan hacer absolutamente nada para proteger a la población civil.

Una visión clara nos la da el senador Ariel Avila, de la Alianza Verde, experto en el tema de la seguridad. “Hay dos premisas para entenderlo”, dice. “La primera, el autodenominado Estado Mayor Central no es un ejército, tampoco una federación; puede ser una confederación de organizaciones criminales: no hay mando ni control; cada cual hace lo que quiere e ‘Iván Mordisco’ controla los Llanos Orientales, dos o tres departamentos, pero no el Suroccidente. Esto para decir que el Estado colombiano, en la mesa de negociación, no tiene certeza con cuáles de los sectores está negociando. La segunda es que si bien en el caso del Cauca, la Dagoberto Ramos, la Jaime Martínez y la Carlos Patiño tienen una capacidad militar importante, que ha crecido en los últimos años, están muy lejos de parecerse a lo que eran las Farc. Tienen gran capacidad militar, pero no la capacidad de combatir al Estado”.

¿Entonces por qué la indecisión del Estado para enfrentarlos? ¿Por qué esas posiciones ambiguas del ministro de la Defensa, Iván Velásquez, para lanzar una ofensiva total, que permita recuperar el control territorial en manos de los grupos narco criminales que tienen sometida a la población civil?

Hay otras situaciones igual de graves, en otros territorios. Porque donde no someten a la población civil con sus actos terroristas, como en el suroccidente del país, en otros territorios imponen sus condiciones de vida al ciudadano de a pie, como por ejemplo prohibiciones, horarios y contribuciones económicas obligatorias. Así lo sufren los habitantes de Doncello, Caquetá, donde la población se ve forzada a cumplir con las órdenes del bloque Rodrigo Cadete de las Disidencias de las Farc.

En la zona han sido distribuidas varias cartillas y circulares en las que se indican normas de conducta y un régimen impuesto por los insurgentes.

Las represalias por no cumplir con las exigencias de la estructura armada son temidas por la población en general. El texto incluyeprohibiciones expresas, restricciones en horarios y actividades comerciales, aportes económicos obligatorios y carnets comunales para tener control sobre quienes viven allí. Vean ustedes algunas de las condiciones:

• Prohibición del expendio de licores y cigarrillos a menores de 16 años: Los negocios deben colocar avisos visibles para asegurar el cumplimiento de esta normativa.
• Jornadas comunitarias: Cada caserío realizará un día de embellecimiento comunitario al mes, incluyendo la reparación de puentes, zanjas y huecos en las vías.
• Regulación de trabajadoras sexuales: Se requiere un carnet de control médico y se prohíbe el exhibicionismo y el desplazamiento fuera de su lugar de trabajo.
• Carnets comunales: Emisión de carnets con vencimiento de seis meses para controlar la identidad de los residentes y restringir las visitas familiares a ser breves.
• Prohibición del uso de sustancias psicoactivas: Severas represalias para quienes incumplan esta orden. El comercio debe cumplir con unos horarios específicos.

Estas no son especulaciones, ni una narrativa producto de un activismo de derecha, que busca combatir la Paz Total del presidente Petro. No. Pongo el ejemplo de Doncello, Caquetá, para que vean que sí estamos en manos de los grupos narco criminales, y que, de aquí a imponer una Constituyente con el pueblo sometido, solo hay un paso. (Con datos de Caracol Radio e Infobae).