Vistazo a los hechos: el reto histórico del Congreso

Por Gabriel Zapata Correa

No es una realidad disfrazada por la oposición. Ni el discurso sectario de quienes pensamos que el país debe enderezar el rumbo. Ni el pesimismo de los colombianos que se refleja en todas las encuestas de opinión. Es la verdad que enfrentamos en el día a día que nos lleva a concluir indefectiblemente que Colombia va por muy mal camino.

El último diagnóstico que nos aterrizó fue el de la Superintendencia de Industria y Comercio, según el cual, 458 empresas de la construcción entraron en proceso de declararse en insolvencia. Y si tenemos en cuenta que la actividad de la construcción es la que más empleo genera, pues nos imaginamos las consecuencias que se nos avecinan, a las puertas de una reforma laboral, cuyas repercusiones en el sector productivo nadie ha podido calcular, aunque sí predecir…

En el mundo económico y empresarial, y en el sentir del ciudadano de la calle, la gran preocupación es que el gobierno está dando palos de ciego, porque con una inflación que muestra los peores registros de la historia, el desempleo cabalgando sin control y unos pronósticos tan realistas del Banco de la República sobre un crecimiento de apenas el 0.2% para este año, se atreve a presentar una reforma laboral en contravía totalmente de la estabilidad y sostenibilidad de las empresas. El golpe mortal al sector productivo lo vamos a sufrir todos, por la repercusión directa en el empleo.

Infortunadamente para este debate tan necesario, hay una intervención directa de intereses políticos, lo cual contamina las discusiones y le hace perder objetividad a los argumentos a favor y en contra de la reforma.

Aunque encontramos voces tan autorizadas y respetadas como la del expresidente Uribe, quien advierte que esta reforma laboral reportará beneficios laborales al comienzo, pero posteriormente generará una enorme frustración entre los trabajadores, por la imposibilidad de cumplirla realmente.

Y dijo claramente el expresidente que no se generará empleo formal por el exceso de costos y de regulaciones.

Desde Cartagena, Uribe dijo que “Crea un aumento superior al 30% en los costos laborales de la pequeña empresa que emplea al 78% de los trabajadores colombianos”, y aseguró que nos pasará como en Venezuela donde el desempleo desembocó en la migración.

“Venezuela tiene solamente el 34% de ocupación, porcentaje que sería más grave de no ser por 6 millones de venezolanos que han salido del país”, añadió el expresidente.

A la voz de Uribe se suma la del exalcalde de Bogotá Enroque Peñaloza, quien explica que la reforma incidiría de forma negativa en la informalidad laboral.

“Cuando 59% de los trabajadores colombianos son informales y 43% gana menos que el salario mínimo, la reforma laboral que incrementa el costo y las dificultades de tener trabajadores solo va a generar más informalidad y desempleo”, señaló el exalcalde de Bogotá. Y en la misma línea se pronunciaron la Andi y Fenalco.

Pero la visión del oficialismo es otra. La vicepresidente Francia Márquez aplaudió la radicación del proyecto con esta frase: “Confiamos en que el legislativo va a apoyar esta iniciativa pensada para dignificar la labor de quienes construyen nación día a día desde las bases y los territorios”,

Y la senadora María José Pizarro, una de las caras más visibles de la bancada de Gobierno, aseguró que “Las juventudes hoy no tienen estabilidad laboral, como tampoco posibilidad de construir un proyecto a futuro. Le estamos proponiendo a Colombia garantías, priorizar la contratación a término indefinido y que las horas de trabajo sean valoradas; es un mínimo de dignidad”.

Sin embargo, a los colombianos nos queda una esperanza: estamos en manos del Congreso de la República, enfrentado en esta coyuntura al reto más importante de la historia de Colombia. Aunque comprendemos el pesimismo, porque el gobierno ha logrado conformar una coalición a punto de mermelada.

El reto no es fácil, porque a esta polémica circunstancia que se ha impuesto tradicionalmente en todos los mandatos, hay que sumarle el corto tiempo, tres meses, que tiene el Congreso para abocar las reformas a la salud, laboral, pensional, sometimiento a la justicia, a la política, carcelaria y el Plan Nacional de Desarrollo, algunas de estas con mensaje de urgencia. Eso requiere decir que el Congreso tiene 90 días para debatir más de mil artículos, lo cual nos pone a las puertas de un gran pupitrazo histórico.

El Plan Nacional de Desarrollo, por ejemplo, contiene más de 300 ítems, con cinco ejes temáticos que recogen las promesas de campaña del hoy mandatario de los colombianos. Es un tema bastante complejo que requiere toda la atención del Congreso.

Porque el Fiscal General ha hecho unas revelaciones escandalosas, y dice que en este PND hay todo un nido de corrupción.

“Se están comiendo todos los procesos de selección, el principio de transparencia, el principio de economía, todos los procesos de transparencia en contratación pública a través de una cantidad de fondos que básicamente son, llamarían los norteamericanos, los barriles de los cerdos, donde van a meter la mano, coger el presupuesto de forma directa y repartirse la plata de los colombianos”.

El Congreso de la República tiene la oportunidad de demostrarle a los colombianos que está por encima de los intereses partidistas, de los beneficios personalistas de la mermelada y de la glotonería de la burocracia. O el panorama que no espera es mucho peor que el que estamos viviendo hoy.