Vistazo a los hechos: El palo no está para hacer cucharas

Por Gabriel Zapata Correa 

Difícil la coyuntura económica que vive el país. Solo dos cifras nos reflejan la terrible herencia que nos dejó el Covid-19: 509.000 micronegocios cerrados o 4,1 millones de desempleados. 

Y eso sin profundizar en la cifra que ha invertido el Gobierno para atender todos los frentes de esta emergencia sanitaria y social, 17 billones de pesos. 

En otras palabras, hambre en la calle y el gobierno con las arcas vacías. 

Por eso es inevitable que desde el Ministerio de Hacienda se comience a hablar de la reforma tributaria. Aunque el palo no está para hacer cucharas, la reforma es necesaria, pero hay que delimitar hasta dónde debe llegar y cómo. 

Esta es la coyuntura donde se escuchan frases como estas: “cascada tributaria”, “colcha de retazos”, “reforma tributaria estructural”, “reforma tributaria alcabalera”, en un país donde se pagan los impuestos más altos del mundo. 

Benjamín Franklin, uno de los padres fundadores de Estados Unidos decía: “en este mundo solo hay dos cosas seguras: la muerte y pagar impuestos”. 

En este contexto económico y social hay que aceptar que una reforma tributaria es necesaria.  

El propósito es recaudar los recursos necesarios para cubrir el endeudamiento derivado de los gastos destinados al manejo de la pandemia ocasionada por la propagación del COVID-19 en el país, explicó el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, quien confirmó que en el primer trimestre de 2021 será presentada ante el Congreso el proyecto de una nueva reforma tributaria. 

En declaraciones a BLU Radio, el ministro de Hacienda manifestó que el telón de fondo de la situación es que, a causa del coronavirus, el Gobierno tuvo un doble efecto en sus cuentas y se redujo el recaudo de impuestos respecto a lo que hubiese ocurrido en un año normal, a la vez que se vio obligado a incurrir en mayores gastos para afrontar la crisis económica. Esta es la posición del Gobierno. 

Aunque los expertos consideran que la reforma tributaria debe generar confianza inversionista, fundamental para empujar la inversión nacional y extranjera.  

Se debe buscar que esta reforma no afecte más a la clase media del país, la cual soporta siempre la carga de los impuestos.  

Esta reforma debe generar estímulos tributarios para los sectores productivos, para la generación de empleo y eliminar exenciones a actividades que no afecten el bolsillo de las clases bajas. Y obviamente no crear impuestos que violen nuestra constitución política. 

El compromiso y el reto más importante del gobierno es luchar contra la evasión de impuestos de renta y del IVA. En este rubro está la plata que necesita el Gobierno. Más fácil aún porque los evasores están identificados y de esta forma el gobierno no tendría que castigar más a las personas naturales. 

Los hogares están muy golpeados por causa del Covid-19, sus ingresos se han reducido en más del 70% y poner a declarar renta a salarios de 3 millones de pesos es inaceptable e incoherente con la política de equidad que busca poner en práctica el mismo gobierno del presidente Iván Duque. 

Frente a esta dura realidad, ¿por qué la solución tiene que ser la misma: meter la mano al bolsillo roto de los colombianos? Es natural que, si se aumentan los impuestos, se bajará el consumo, se cerrarán empresas, aumentará el desempleo, y un desempleado no alcanza ni a declarar renta. 

Ya varias instituciones económicas de gran reputación en Colombia como Econometría, Fedesarrollo o Anif han presentado sus puntos de vista sobre la próxima reforma tributaria. Los gremios de la producción aún no se han pronunciado con ideas bien estructuradas sobre la materia. Las universidades y sus centros de estudios económicos también están llegando tarde a la discusión. Los únicos que muestran una mayor actividad en el tema son los líderes políticos y precandidatos quienes empiezan a “tirar línea” sobre cómo financiar la tragedia económica derivada de la pandemia.  

Así las cosas, los verdaderos agentes de la decisión tributaria, que son los políticos de la Cámara y del Senado, no se han expuesto ni han dejado ver, oír o leer su argumentación sobre los nuevos impuestos. 

Ese silencio estratégico de los congresistas de las comisiones económicas es entendible porque en un año habrá elecciones y no quieren que los impopulares impuestos les hagan perder electores. 

Más aún cuando las dos patas del recaudo colombiano siguen siendo las mismas: el IVA y la renta.  

Nadie ha sido capaz de desarrollar nuevas ideas de tributación y siempre las propuestas de reforma se ensañan con los mismos de siempre: los empresarios,  empleados formales y la clase media. (Con datos de Portafolio).