Vistazo a los hechos: El dictador en su apogeo

Por Gabriel Zapata Correa 

El autoritario presidente ya pasó de las amenazas a los hechos. Por encima de la Constitución y de lo que dictan las leyes, invocando el supuesto respaldo popular y amañando los hechos a su antojo, decidió convocar por decreto a su consulta popular, pese a que la reforma laboral está a punto de ser aprobada en el Congreso tal cual él quería que saliera.

El autoritario mandatario, cada día más parecido a Hugo Chávez y Nicolás Maduro de Venezuela y a Daniel Ortega de Nicaragua, se mantiene empeñado en una determinación sin antecedentes en la historia de Colombia, ignorando, como lo hace todo dictador, las voces más autorizadas de expertos constitucionalistas respetuosos de la independencia de los poderes públicos sustento de la democracia.

En el calor de este debate, nos parece muy importante destacar la posición del procurador General de la Nación, Gregorio Eljach, quien destruye la tesis del autoritario mandatario en el sentido de que el Senado ya se pronunció sobre la consulta popular. Y es clave su pronunciamiento, porque Eljach fue secretario del Senado del República más de 24 años, lo cual le da la autoridad suficiente sobre la legalidad de esa votación.

Durante la 59° convención de Asobancaria en Cartagena, Bolívar, el procurador General de la Nación, Gregorio Eljach, se desmarcó de la posición del Gobierno nacional sobre la consulta popular que se hundió en el Congreso.

El funcionario aseguró que el Senado negó de manera formal la solicitud de convocar a ese mecanismo, y descartó que existan dudas jurídicas al respecto.

En medio del debate generado por las denuncias de supuestas irregularidades en la votación del trámite, Eljach declaró: “Se negó formalmente, y así está establecido y no cabe discusión jurídica alguna, la posibilidad de ver la solicitud del señor presidente de la República que el Senado diera un concepto favorable, no lo dio, no existe”.

No obstante, Eljach enfatizó que la definición sobre este asunto corresponde exclusivamente al Consejo de Estado. “Está la decisión en manos de los jueces del Consejo de Estado, dejémoslo en tranquilidad, dejémoslo en su serenidad, en su augusta capacidad de resolver nuestros problemas jurídicos y no perturbemos, no contribuyamos a generar un mal ambiente, para que la justicia opere como debe”, declaró.

Vale recordar que el Consejo de Estado emitió un auto el 3 de junio de 2025, determinando que la decisión del Senado respecto a la consulta popular propuesta por el presidente Petro es definitiva. Según el tribunal, esto impide que el Ejecutivo convoque la consulta por decreto, desestimando el argumento de Petro de que la falta de una decisión clara del Senado permitía dicha convocatoria.

El caso surgió luego de una demanda presentada por Raymundo Marenco el 19 de mayo, que buscaba suspender temporalmente la consolidación de los resultados del Senado, que se había pronunciado desfavorablemente sobre la consulta. El Consejo de Estado declaró que el acto del Senado es definitivo, concluyendo el proceso iniciado por Petro el 1 de mayo.

Vale la pena citar al presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez en defensa de la Constitución, quien habló en Asobancaria: “Esa Constitución no es un texto muerto ni un símbolo vacío: es la expresión viva de nuestra voluntad de convivir en paz y de someternos a las normas, por encima de cualquier interés particular, ambición política o capricho pasajero. Ella es el fundamento del Estado de derecho y la superación de la idea primitiva de que la fuerza es el único argumento válido. La historia nos enseña que las democracias no mueren de golpe, sino que se erosionan gradualmente cuando la sociedad acepta los atajos políticos como regla y cuando el respeto a las normas se subordina a la conveniencia del momento”, agregó.

Y luego dijo lo siguiente: “La sociedad civil es el corazón que da vida a las instituciones, es la voz que recuerda a los gobernantes su deber de servir y no de dominar, de convencer y no de conquistar. Es el espacio donde la ciudadanía ejerce su derecho a participar activamente, a cuestionar y a proponer, convirtiéndose así en el contrapeso esencial para evitar que el poder, por legítimo que sea, se transforme en un instrumento de abuso… La sociedad civil no es un obstáculo para la gobernabilidad: es el mejor antídoto contra la arbitrariedad y el dogma”.

Y sin mencionar al presidente Petro, ni a su amenaza de su decreto con el cual pretende imponer la consulta popular, pasando por encima del Congreso y y de las cortes, dijo: “Cuando surgen voces que llaman a la ruptura institucional o a la supresión de los frenos y contrapesos que protegen la libertad, el deber de las instituciones no solo consiste en resistir, sino en demostrar su legitimidad a través de su integridad y eficacia”.

“Las autoridades están constituidas para garantizar la convivencia pacífica y el normal funcionamiento de las instituciones. No lo están para llamar al odio, ni a la división de la sociedad… Un sistema de frenos y contrapesos tiene en la rama judicial independiente y autónoma a su último guardián…”

Mejor radiografía de lo que está sucediendo en el país con el autoritario mandatario que está en Palacio no podemos tener. El presidente ya botó el cascarón de demócrata y mostró su cara de dictador y quien se le oponga será sometido al escarnio público como lo viene haciendo, al mejor estilo de los sátrapas que conocemos en el continente. (Con datos de Infobae y Semana).