Vistazo a los hechos: El Congreso no puede pasar más tiempo de agache…

Por Gabriel Zapata Correa 

Los congresistas y la clase política no pueden pasar más tiempo de agache frente a bajísimos niveles de aceptación que tienen frente a la opinión pública, cuya favorabilidad no pasa del vergonzoso 7%, o sea el mismo del que gozan los criminales de las Farc que no han pagado ni un solo día cárcel. Es mucho decir. 

La realidad de lo que se dice en la calle es que los congresistas han estado ausentes de la gran tragedia que hemos vivido la mayoría de los colombianos desde que comenzó la terrible pesadilla de la pandemia del Covid-19. 

Y peor aún, ausentes de los paros, protestas, manifestaciones y de las graves consecuencias que han llovido en el país, como las siete plagas de Egipto, con sus incalculables efectos sociales y económicos. Por si no se han dado cuenta, el Covid-19 de la mano con el Comité Nacional del Paro y la “Primera Línea” de sus colegas senadores Gustavo Petro y Gustavo Bolívar, han sembrado ciudades y campos de desempleo, desolación, hambre y muerte. 

Este panorama tan desalentador tan solo para decirles al Congreso de la República y a la clase política que tienen un reto inconmensurable desde el próximo 20 de julio, si es que deciden aceptarlo, para intentar cambiar su deshonrosa imagen ante el país, y ofrecerles a los colombianos, agotados de su total ineficiencia y escándalos de corrupción, soluciones reales a diversos problemas que no dan más espera. 

Desde hace varios años se vienen planteando una serie de reformas que tienen que ver con la calidad de vida de los colombianos, inherentes a casi todas las actividades de su vida diaria. Unas reformas urgentes, pero que siempre se aplazan por intereses políticos o partidistas. 

Ahora que estamos en plena pandemia del Covid-19, cuyas consecuencias han desnudado nuestras debilidades en materia de atención a los pacientes, es ineludible afrontar la reforma a la salud. El sistema actual, con las estructuras debilitadas, es una bomba de tiempo que en cualquier momento puede explotar. Las enormes e incalculables deudas con hospitales y clínicas no dan más espera. 

El problema gigante del desempleo obliga a una inaplazable reforma laboral que les permita a las empresas y al sector productivo abrirle las puertas a una mano de obra adecuada y a una franja de la población como los jóvenes que también necesitan producir para llevar alimentos a su casa. Y de la mano de la laboral, la reforma tributaria, indispensable para que las empresas tengan un respiro económico, y a la vez el Gobierno pueda sostener los programas sociales que ha venido entregando a las clases más vulnerables en esta época aciaga del Covid-19. 

Las empresas necesitan fortalecer sus estructuras para generar más empleo y las clases menos favorecidas requieren de unos ingresos seguros que les permitan estabilidad económica para acceder una canasta familiar adecuada, partiendo de la triste realidad actual de los niveles de pobreza absoluta que nos reporta el Dane en los cuales se encuentra más de la mitad de los colombianos. 

El otro aspecto que no admite más disculpas es la reforma a la justicia. Es imposible hablar de paz, si no hay una justicia eficaz, clara y cercana al ciudadano de la calle, que tanto prometió el presidente Iván Duque durante su campaña presidencial. 

Estamos llenos de altas cortes y de honorables magistrados, pero también pululan los escándalos por corrupción sin resolver, comenzando por esos altos tribunales, los juzgados atiborraos de procesos sin resolver y centenares de miles de colombianos entre rejas esperando que se les resuelva la situación jurídica. 

No se sabe si los colombianos tienen peor concepto de los congresistas o de la justicia, donde campea no sólo la corrupción, el nepotismo y el tráfico de influencias, sino la burocracia desbocada y el derroche incontenible, con unas repercusiones tan incalculables como reales en las finanzas del Estado, mientras el ciudadano de a pie deambula en las calles sin empleo y aguantando hambre. 

Ya estamos en la campaña política y los congresistas y los políticos, según nos enseña la historia, en estos tiempos se dedican más a sus campañas reeleccionistas que a sus obligaciones legislativas.  

Pero esta coyuntura histórica obliga a unas reflexiones necesarias, no sea que más temprano que tarde la protesta popular se dé vuelta de cara al Congreso, y ponga la mira en el Capitolio Nacional. Al fin y al cabo, el pueblo tiene derecho a exigirles resultados a quienes eligió en las urnas. ¿Para eso no es el voto?