
Por Gabriel Zapata Correa (foto)
Los episodios que se han presentado alrededor de la Corte Suprema de Justicia, en desarrollo del proceso de elección de la fiscal general de la nación, han servido para comprobarles a los colombianos que al presidente Petro le estorban las instituciones.
Solo las intervenciones públicas del presidente de la Corte Suprema, Gerson Chaverra Castro, y de la Corte Constitucional, José Fernando Reyes, pudieron desmentir las aseveraciones mentirosas del mandatario, quien quería hacerle creer al país y a la comunidad internacional que nunca se produjo un asedio contra las cortes, contradiciendo la cruel realidad que revelaron los videos hechos públicos en los noticieros y en redes sociales.
Luego no es cierto como dijo Petro, acostumbrado a mentir aún sobre los hechos reales, que los magistrados pudieron entrar y salir del Palacio de Justicia a su antojo y que jamás hubo amenazas y presiones sobre las altas cortes.
Este presidente, laxo y con la predisposición permanente de acomodar los hechos a sus caprichos, ha venido vendiéndonos la idea a los colombianos que un fiscal decente, como él lo define, es aquel que se adecúa a sus pretensiones. Y como es más fácil observar la astilla en el ojo ajeno que el tronco en el propio, Petro descalifica a cualquier candidato que no sea de su bolsillo. Y, en consecuencia, fiscal decente tiene que ser una de las tres damas que él envió a la Corte Suprema de Justicia, Ángela María Buitrago, Luz Adriana Camargo y Amelia Pérez, esta última la que más se aproximó a los 16 votos que se requieren para la elección, al sacar 13 respaldos.
Al presidente Petro hay que decirle las verdades, porque sus mentiras ya han llegado hasta la OEA y la ONU, para ocultar que funcionarios de su Gobierno, congresistas de su bancada y hasta él mismo han realizado presiones indebidas por todos los medios, con la única intención de desprestigiar al alto tribunal, a sus magistrados y obligar a una elección inmediata de una fiscal de su bolsillo.
Por esta razón ha sido noticia nacional, y ya internacional, el documento que le envió Gerardo Botero, uno de los 23 magistrados de la Corte Suprema de Justicia a la ONU, en el cual le pide una visita urgente de ese organismo internacional.
Botero sostiene explícitamente que “el Poder Ejecutivo y algunos miembros del legislativo han venido generando expresiones que cuestionan y presionan las decisiones que debe tomar la Corte Suprema”.
Más adelante agrega el magistrado Botero que “si bien en ciertas publicaciones el presidente Petro señala que la Corte Suprema supuestamente tiene su respaldo, de manera continua y confusa hace llamados para deslegitimar y poner en entredicho la decisión respecto a la elección de la persona que será elegida como fiscal; convoca a diferentes actores del Estado para hostigar nuestra tarea constitucional y, además, contrario a todo lo sucedido, desmiente la gravedad de los hechos a partir de los cuales nos vimos retenidos de manera forzosa”, le dice a la señora Margaret Satterthwaite, Relatora Especial de las Naciones Unidas.
Y en otro párrafo subsiguiente, sostiene que “Solicito respetuosamente su rápida intervención para que evalúe y realice un seguimiento permanente a las alegaciones aquí descritas, y que despliegue todas las facultades que su mandato habilita, con el fin de garantizar la independencia de la Rama Judicial de Colombia. De igual manera, le extiendo un llamado para que, de manera urgente, realice una visita oficial a este país, con el fin de corroborar los graves actos que ponen en serio riesgo el balance tripartito del poder público en el país”, expresa el magistrado en el documento de 20 páginas, publicado esta mañana por la revista Semana.
Con pruebas de los trinos del presidente, el magistrado le demuestra a la relatora de la ONU, las presiones a la gente de la calle para que ataque a la Corte: “A las 2:54 p. m. repostea una publicación que indica que la Corte Suprema, al no elegir fiscal, ‘se burla’ y ‘la gente sigue en la calle’”.
Y documenta otro que contiene una grave acusación del mandatario: “Aquí la única que ataca la justicia es la extrema derecha que teme una fiscal decente”. Y sigue: “La protesta del pueblo no es contra la justicia, sino contra la mafia que se toma la justicia”.
Para el magistrado Gerardo Botero, el presidente Petro está “acusando con esto, de manera directa y sin prueba alguna, a los órganos encargados de impartir justicia, de estar tomados por una mafia”.
En ese documento hay otra serie de pruebas sobre la forma como congresistas aliados del Gobierno y funcionarios del mismo lanzan toda clase de presiones sobre la Corte Suprema de Justicia.
Es la primera vez que un documento de esta jerarquía llega a las manos de la señora Margaret Satterthwaite, Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados por el Consejo de Derechos Humanos.
Y como si la Corte Suprema tuviera poco con estos acosos de talla presidencial, ahora salen a la luz pública los ataques de que ha sido objeto de parte del señor Gregorio Oviedo, esposo de la más factible fiscal general, Amelia Pérez. Un hombre radicalmente petrista y sectario, y quien seguramente le habla al oído de su señora esposa.
El panorama nos queda completo, porque seguramente esta es la “fiscal decente” que le gusta a Petro, contratista permanente durante los 4 años de la Alcaldía del mandatario. No nos queda la menor duda que llegará al altísimo y poderosísimo cargo a beneficiar los intereses de quien ha presionado a la Corte Suprema de Justicia a su antojo y sus caprichos.
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