Le correspondía a Barceló aceptar el error en vez de enredarse en nada convincentes explicaciones.
Por Mauricio Vargas (foto)
Quedé estupefacto hace unos días, cuando leí la carta que, el 10 de septiembre, una funcionaria de la Sala Penal de la Corte Suprema le dirigió al expresidente Álvaro Uribe. Por instrucciones del magistrado José Luis Barceló, la firmante de la nota le informó al senador que en un proceso contra otro congresista, el representante chocoano Nilton Córdoba, el celular de Uribe fue intervenido durante varias semanas de manera accidental. En medio del galimatías que caracteriza la misiva, es posible concluir que la Sala Penal de la Suprema intervino dicha línea celular creyendo que se trataba del móvil del congresista Córdoba, investigado en el escándalo del ‘cartel de la toga’.
Ante el natural estrépito que produjo que la Sala Penal, acusada desde hace años de actuar con un sesgo anti-Uribe, hubiese violado el derecho a la intimidad del exmandatario por un oscuro procedimiento que la Corte atribuía a un accidente, Barceló –quien semanas atrás, en una decisión altamente controvertida, había citado a indagatoria al expresidente– salió a los medios a intentar explicar lo ocurrido. El magistrado, por demás presidente de la Suprema, dio a entender que la culpa la tuvo el representante Córdoba porque, según lo sugirió el magistrado, en sus primeras diligencias ante la Corte entregó el número del celular de Uribe como si fuera el del parlamentario chocoano. (Lea la columna).
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