Salud y Estado: la tormenta perfecta del sistema de salud está configurada para el 2026. 

Por Henri Cap Martin 

El Gobierno PETRO cerró el 2025 con 2 decisiones que, vistas por separado, podrían tener alguna justificación técnica o social. Pero analizadas en conjunto, revelan una peligrosa desconexión entre la política salarial y la política de salud que amenaza con desencadenar una crisis sin precedentes en el Sistema de Salud Colombiano para 2026.

Por un lado, el Decreto 1469 de 2025 establece un aumento histórico del salario mínimo del 23%, llevándolo a $1.750.905 M/L mensuales. Es una medida progresiva, que reconoce la brecha con el «salario vital» y busca proteger el poder adquisitivo de los trabajadores más vulnerables. Por otro lado, la Resolución 2764 de 2025, fija la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para 2026, que apenas alcanza los $138.243 M/L mensuales por afiliado en el régimen contributivo y $128.476    M/L en el subsidiado.

Aquí está la bomba de tiempo: la UPC, que es el recurso con el que se paga TODA la salud de un colombiano durante un año completo, representa apenas el 8% del nuevo salario mínimo mensual vigente. Esta brecha estructural no es nueva, pero para el 2026 se agravará exponencialmente. Mientras el costo de los servicios de salud se incrementará por el alza salarial del 23% que afecta a médicos, enfermeras, administrativos y proveedores de todo el sistema, la financiación que reciben las EPS para cubrir esos servicios (la UPC) tendrá un aumento muy inferior, estimado técnicamente entre el 5% y el 7%.

El Desacople Letal: Buena Intención Social, Mala Planeación Económica

El Ministerio del Trabajo actuó con lógica social, respondiendo a la presión por mejorar los ingresos básicos. El Ministerio de Salud, por su parte, actuó con lógica técnico-restrictiva, ajustando la UPC dentro de parámetros que ignoran el shock de costo que se nos viene. El resultado es un desacople letal donde se incrementa la demanda de recursos del sistema (vía mayores costos laborales) sin aumentar proporcionalmente su financiación, antes, por el contrario, aumentado la brecha. 

Es como pedirle a un hospital que atienda más pacientes, con equipos más costosos y personal mejor pagado, pero con el mismo presupuesto del año anterior. La aritmética del gobierno no da. 

Los Escenarios Probables: De la Tensión al Colapso

Para 2026, podemos anticipar una cascada de eventos negativos. A continuación una cronología: 

– Primer Trimestre: Crisis de Liquidez Inmediata.

En enero, las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) deberán pagar la nueva nómina con el aumento del 23%, pero recibirán de las EPS pagos basados en una UPC ya insuficiente en 2025. El flujo de caja se quebrará desde el inicio. Veremos retrasos masivos en pagos a proveedores de medicamentos e insumos, y tensiones laborales en hospitales públicos y privados.

– Primer Semestre: Estrangulamiento del Acceso. 

Las EPS, para preservar su ya deteriorada liquidez, implementarán barreras administrativas más estrictas: negación de autorizaciones, formularios más complejos, límites a medicamentos de alto costo. La judicialización de la salud se disparará: los pacientes recurrirán a tutelas para obtener lo que el sistema les niega, saturando aún más los juzgados.

– Tercer Trimestre: Quiebras Técnicas y Parálisis. 

Clínicas pequeñas y medianas, especialmente en las regiones, comenzarán a cerrar servicios o a entrar en cesación de pagos. Las EPS más débiles (algunas ya intervenidas) podrían colapsar, transfiriendo millones de afiliados al Estado. Podríamos presenciar paros del personal de la salud, exhausto y mal pagado, en medio de infraestructuras desabastecidas.

– Cierre de 2026: Emergencia Sanitaria Declarada

La deuda del sistema, que según el informe de la CGR ahora en noviembre de 2025, ya alcanzaba los $32,9 billones de pesos en 2024, se habrá inflado. El Gobierno se verá forzado a inyectar recursos de emergencia vía ADRES, probablemente mediante un decreto de emergencia sanitaria, con un alto costo fiscal y político.

La Voz de los Actores: Todos Perdedores

– Las IPS (hospitales, clínicas): Atrapadas entre el martillo del aumento de costos y el yunque de una UPC insuficiente. Su sostenibilidad está en riesgo inminente.

– Las EPS: Acusadas de ser las «malas del cuento», enfrentan la imposible tarea de gestionar un riesgo con un precio (la UPC) que no cubre el costo real. Su fracaso es, en parte, un fracaso del modelo de tarifas.

– Los Pacientes: Serán los grandes perjudicados. Más barreras, más trámites, más tutelas, y un riesgo real de ver deteriorada la calidad y oportunidad de su atención.

– El Estado: Perderá en todos los frentes: incumplirá sus obligaciones constitucionales en salud, enfrentará una crisis fiscal por rescates de emergencia, y cargará con el descontento social.

Recomendaciones Urgentes: Más Allá del Diagnóstico Catastrófico

La situación es grave, pero no irremediable si se actúa con celeridad y coherencia. Propongo una hoja de ruta de emergencia:

1)- Revisión por parte del Consejo de Estado (Enero 2026) del Decreto 1469 de 2025 respecto a la legalidad o no del incremento salarial determinado por el gobierno actual. 

2)- Revisión Técnica Urgente de la UPC (Enero-Febrero 2026): Convocar a los gremios, pacientes y a un panel de expertos independientes para recalcular la UPC 2026. Este nuevo cálculo debe incorporar explícitamente el impacto del aumento del 23% del salario mínimo en los costos de la prestación de servicios. No es un ajuste inflacionario común; es un shock de costo específico del sector salud que debe ser financiado.

3)- Fondo de Liquidez de Transición: La ADRES debe crear, con respaldo del Ministerio de Hacienda, un fondo puente de liquidez para el primer semestre de 2026. Este fondo proporcionaría adelantos de recursos a las IPS, Hospitales, Gestores Farmacéuticos y demás actores, contra los futuros recaudos de la UPC, para cubrir específicamente el incremento de la nómina de enero. Evitaría el colapso inicial mientras se ajusta la tarifa.

4)- Mesa de Crisis Tripartita con Metas Claras: El Minsalud debe convocar de inmediato a una mesa de crisis con representantes de las EPS, las IPS (públicas y privadas), y asociaciones de pacientes. El objetivo no es discutir la insuficiencia (eso ya se sabe y está demostrado), sino establecer acuerdos concretos de desembolso, priorización de deuda y garantías de prestación mínima para 2026. La transparencia en los flujos de pago es clave.

5)- Transparencia Radical y Comunicación: El Gobierno debe publicar de manera clara el cálculo detallado de la UPC 2026 y el porcentaje de incremento real frente a 2025. 

6)- Plan de Reforma Estructural (Visión 2027): Esta crisis es síntoma de un mal estructural. Se debe iniciar, en paralelo a las medidas de emergencia, un debate técnico y serio sobre la sostenibilidad del modelo de aseguramiento. ¿Siguen siendo las EPS el vehículo más eficiente? ¿Cómo se calcula una UPC que refleje verdaderamente el costo de una canasta de servicios digna? La Sentencia T-760 de 2008 y sus autos de seguimiento han ordenado esto por años. No podemos seguir posponiendo esta discusión.

Conclusión: Coherencia o Caos

El Gobierno PETRO no puede pretender tener una política social progresista en salarios y una política de salud de austeridad disfrazada de técnica. La salud es, en esencia, un servicio intensivo en mano de obra. Pagar mejor a los trabajadores del sector es loable y necesario, pero debe ir acompañado de la financiación correspondiente.

Ignorar esta ecuación básica no es realismo fiscal; es irresponsabilidad. El 2026 puede ser el año en que el sistema de salud colombiano enfrente su prueba más dura. La tormenta está formada. La pregunta es si tendremos la pericia para navegarla, o si simplemente nos limitaremos a contemplar el naufragio.

El tiempo de actuar es ahora.