28 marzo, 2024

Primicias de la política, empresariales y de la farandula

Riesgos a la inversión privada en el sector eléctrico

Jose Hilario Lopez

Por José Hilario López 

El pasado 16 de febrero el Gobierno Nacional expidió el Decreto 0227, mediante el cual el presidente de La República asume, entre otras, las funciones de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) para regular las tarifas del sector eléctrico. Con este decreto se rompe la institucionalidad del sector eléctrico, que por casi 30 años le ha asegurado al país inversiones, en su mayoría provenientes del sector privado, requeridas por los nuevos proyectos de generación que le han dado seguridad al sistema interconectado nacional.

La estructura institucionalidad del sistema eléctrico nacional y la confianza de los inversionistas se sustenta fundamentalmente en el respeto por el modelo institucional y de mercado que crearon las leyes 142 y 143 de 1994, en especial en la seguridad en las reglas expedidas por una agencia reguladora independiente y técnica, como es la CREG. Una de las grandes críticas de los gremios y expertos ante la decisión del presidente Petro, es que las tarifarias se deben manejar con rigor técnico, fuera de intereses políticos.

El mismo 16 de febrero la CREG convocó una nueva subasta de expansión para la asignación de Obligaciones de Energía Firme (OEF) entre generadores de energía y desarrolladores de proyectos e inversionistas, con el fin de garantizar el abastecimiento futuro de energía eléctrica a precios eficientes. Nadie entiende como en medio de la gran confusión creada por el atrás referido decreto, se hace esta convocatoria.

Aunque el pasado 2 del corriente mes de marzo, El Consejo de Estado   suspendió provisionalmente el decreto 0227 de 2023, la incertidumbre sobre el futuro del sector eléctrico no desaparece, ya que el Gobierno Nacional tiene pleno control sobre las decisiones de la CREG. En efecto, la Comisión está conformada por el ministro de minas y energía, quien la preside; el ministro de hacienda y crédito público; el director del Departamento Nacional de Planeación y ocho comisionados nombrados por el Presidente de la República.

El cargo por confiabilidad (CPC) juega un papel clave en los planes de expansión del sector eléctrico nacional, pues busca garantizar el suministro de energía cuando los recursos hídricos del país escasean, como ocurre con el recurrente fenómeno de El Niño. El CPC es la remuneración que se le paga a un agente generador por la disponibilidad de activos de generación con las características y parámetros declarados para el cálculo de la energía firme, que garantice el cumplimiento de la OEF que le fue asignada en una subasta para la asignación de energía firme. Aquí es preciso dejar en claro que la única energía limpia confiable en las sequias es aquella que se genera con embalses y por futuros aprovechamientos de energía geotérmica, abundante recurso en el cinturón volcánico de nuestra Cordillera Central.

En los últimos 15 años, bajo el esquema de CPC, en el país se han incentivado inversiones por US$17.000 millones en el sector de la energía eléctrica, distribuidos en 30 proyectos que suman una capacidad instalada cercana a los 6.000 MW. Estas inversiones, según la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen), en un 85% de la capacidad instalada provienen del sector privado.

Según expertos e inversionistas en el sector eléctrico se presenta una contradicción entre el interés del Gobierno Nacional en intervenir las tarifas de la energía y sus planes de transición energética. Miremos sólo el caso de la incertidumbre en que se encuentran los inversionistas en energías renovables no convencionales, la clave del Gobierno Petro para que la economía deje de depender de las exportaciones y del consumo interno de hidrocarburos, la esencia de la transición energética en que está empeñado el Gobierno Nacional.

Durante la V Cumbre de Petróleo, Gas y Energía, celebrada en Bogotá el pasado mes de noviembre, los principales empresarios del sector de energía y minería discutieron los costos de la referida transición energética. En dicho evento, Mauricio Cárdenas, exministro de Hacienda y de Minas y Energía, dijo que según sus cálculos,“el costo de la transición energética en Colombia propuesta está entre 8% y 11% del PIB por año”, lo que representa en plata blanca un total de US$30.000 millones. Para la financiación de esta monumental inversión durante las próximas dos o tres décadas se requieren, además del valioso concurso de la inversión privada, los recursos generados al fisco nacional por la explotación y exportación de hidrocarburos y minerales, en especial del carbón, tal como lo considera el proyecto del Plan Nacional de Desarrollo (PND), que actualmente se discute en el Congreso de la República (https://jhilariolopez.medium.com/transici%C3%B3n-energ%C3%A9tica-y-transformaci%C3%B3n-econ%C3%B3mica-9b93e17e4e25).

Con la llegada del nuevo gobierno creció la expectativa en el sector de renovables, pero este interés se ha venido desinflado durante los últimos meses, por varias causas: en primer lugar, la reforma tributaria, en segundo lugar, por el proyecto de ley del PND y en tercer lugar por la pretensión del Gobierno Nacional de intervenir la CREG.

El primer golpe vino con la reforma tributaria del 2022, que estableció que la tarifa de tributación para las empresas hidroeléctricas será del 38% hasta el año de 2026, que incluye una sobretasa del 3%. Un segundo golpe viene con el proyecto del PND, que propone que las transferencias monetarias a las comunidades vecinas y municipios por parte de los generadores de energías eólicas y solares (con capacidad instalada de más de 10 megavatios) pasarían del 1 por ciento de los ingresos brutos al 6 por ciento.

Como si esto fuera poco, ahora se nos viene la intención del presidente de la República de intervenir la CREG. Y como para no parar, un tercer escollo han sido las demoras con las consultas previas, el mecanismo por medio del cual las comunidades tienen voz para opinar sobre sus posibles afectaciones frente a proyectos de infraestructura, como la construcción de una hidroeléctrica o una línea de transmisión eléctrica. Las dificultades alrededor de esta figura se ven patentizadas en el caso de los proyectos de energía eólica en La Guajira, en los que se había avanzado hasta completar algunas consultas previas, pero estos avances se han venido desvirtuando en el gobierno actual, tal como lo afirma uno de los empresarios del sector.

Según el experto Santiago Ortega, director de innovación en Emergente, una empresa que desarrolla proyectos de energía solar, los inversionistas que en las subastas de renovables tenían la expectativa de que les iban a pagar la energía a un cierto precio. “Intervenir la CREG, dice, asusta a los empresarios que podríamos materializar la transición energética y que hemos invertido capital para tener paneles solares en todos los techos”.

Señor presidente: antes de seguir adelante con su intención de intervenir la CREG es necesario atender la voz de los expertos y de los empresarios del sector eléctrico.  Sin la inversión privada, la seguridad del sistema eléctrico nacional y su programa bandera de transición energética están en grave riesgo.