Rencores escondidos en las ansias de poder 

Por Claudia Posada 

Muy difícil saber en qué parará la propuesta del segundo impulso para poner de nuevo a consideración del Congreso la realización de la Consulta Popular que fue hábilmente enterrada en el primer intento. Ahora ya son 16 preguntas que, de ser aprobada esta vez para darse el trámite completo, podrían cambiar sustancialmente en sus planteamientos para el Si o el No de los votantes. En todo caso, acompañada de estrategias por parte del gobierno para la motivación a su favor, como por igual con las tácticas conducentes a desestimarla por parte de los opositores, cada etapa trae su propia dinámica y, a la par, aparece el ingenio de los sectores para sacarle ventaja a los contrarios. Lo cierto es que en Colombia parece que nos acostumbramos a que las ramas del poder público, con sus destrezas, se impongan, bien sea de buena o de mala fe, mientras los ciudadanos nos dejamos llevar particularmente por las decisiones que toman quienes en las ramas Ejecutiva y Legislativa tienen la sartén por el mango. Con el argumento, cierto por los demás, de que fueron elegidos por el voto popular, invocan sus deberes y sus responsabilidades, pero también en sus discursos, mensajes, pronunciamientos y en todos los espacios de comunicación masiva de los que echan mano, sentencian con cinismo, por ejemplo, “¡No nos amenacen!” Y frases similares que amilanan. Tergiversar posturas legitimas sí no es válido, no está incluido en los derechos que les da el voto ciudadano. Esgrimir con arrogancia contrariedades por posiciones individuales o colectivas de los seguidores del presidente Gustavo Petro no va con el decir que son respetuosos de la libre expresión y la libertad de pensamiento; asegurar que los petristas odian e incendian el país es una desfachatez porque mientras lo dicen reflejan el rencor más profundo que ser humano pueda expresar. Ninguno, por estar de éste o aquel lado, se salva. Los ciudadanos del común nos sentimos intimidados, estamos quebrantados; somos bombardeados desde todos los frentes en pugna. Las armas ciudadanas respetuosas de los derechos democráticos no pueden ser derrocadas caprichosamente, eso es infame.  

El presidente del Senado, Efraín Cepeda, dijo, según información suministrada por Prensa del Senado, que se tramitará la nueva consulta popular presentada por el gobierno nacional, “pese a las irregularidades, que se han dicho, presenta la iniciativa”. Además, aseguró que “ha escuchado” que tiene muchos vicios, y considera que contiene las mismas 12 preguntas “que ya fueron negadas”. Al recordar que a la nueva determinación de convocar la enterrada Consulta Popular se le agregaron cuatro preguntas relacionadas con el sector salud, traigo a colación un interesante estudio sobre ensayos clínicos en Colombia que concluye cómo benefician a la industria farmacéutica y no siempre a los pacientes. 

Según información de la Unidad de medios y divulgación de la Universidad Nacional, “Análisis de 120 ensayos clínicos realizados en Colombia entre 2015 y 2021 reveló que aunque miles de personas participaron en pruebas de medicamentos para enfermedades de alto costo –como cáncer, diabetes, esclerosis múltiple o VIH–, la mayoría de ellas no pudo acceder luego a estos tratamientos. El estudio advierte que el sistema favorece intereses comerciales por encima del derecho a la salud”.  Lo positivo es que “Colombia ocupa un lugar destacado en América Latina como destino de ensayos clínicos, en parte por sus facilidades regulatorias y por la amplia disponibilidad de pacientes”. Lo malo es que “los beneficios sociales que se deberían derivar de estas investigaciones siguen sin materializarse para la mayoría de sus participantes”. 

Y aquí viene lo más preocupante: De acuerdo con el estudio llevado a cabo por Dayán Amazo Arias, magíster en Biociencias y Derecho de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), quedó en evidencia que “el país no cuenta con mecanismos que obliguen a la industria farmacéutica a garantizar beneficios sociales cuando el protocolo de investigación termina, lo cual pone en riesgo principios como la equidad, la justicia y el acceso a la salud como derecho fundamental”. ¿Cuánto se ha dicho y demostrado de cómo entre farmacéuticas, distribuidores de medicamentos y legisladores, se escurren derechos y preceptos fundamentales? Por los resultados de esta investigación – de los que apenas retomamos algunos párrafos de la información divulgada- confirmamos que en la industria farmacéutica es poco o nada lo que se trata de hacer para que el balance social con respecto al financiero no sea tan pobre que es “invisible”. Desde la academia se afirma entonces como principal conclusión del estudio que “los medicamentos resultantes de la innovación farmacológica se deberían concebir no solo como mercancías asequibles para unos pocos, sino también como bienes sociales que garanticen condiciones de vida digna para que no se conviertan en una barrera que aumente la inequidad”.   

Definitivamente hay ciertas irregularidades que no llevan por buen camino al bienestar del país, como es el no trabajar honestamente en busca de la equidad, contrario al deber prioritario de los servidores pagados por el Estado; y las aguantamos por no despertar los malos instintos pues sería empeorarlo todo. “Estate machete en tu vaina” refrán popular que sabiamente enseña a no alborotar situaciones malucas. Vale recordarlo en este momento para que se reflexione en el daño que se le está haciendo a los colombianos, a Colombia, con las posturas y declaraciones incendiarias que son evidentes síntomas de rencores que se esconden en las ansias de poder.