@AnfresJRendonC
17 gobernadores de 32 del país acogieron la propuesta del mandatario de Antioquia Andrés Julián Rendón y no someterán sus territorios a la emergencia económica de Petro.
La consigna es clara: la autonomía de las regiones no se negocia y la billetera de los departamentos se defiende con dientes y uñas.
La indignación es tal que incluso figuras tradicionalmente cercanas al proyecto de Petro, como el gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, se unieron al bloque de mandatarios que exigen respeto por los recursos de sus territorios., según conoció EL COLOMBIANO.
Para frenar lo que consideran un abuso de poder, los gobernadores diseñaron una hoja de ruta que combina la presión judicial con la resistencia administrativa. El primer frente de esta batalla será una “tutelatón” masiva.
Cada mandatario interpondrá una acción de tutela argumentando que el decreto vulnera el derecho fundamental a la salud de sus habitantes.
El segundo camino, quizás el más polémico, es el de la no aplicabilidad. Bajo el liderazgo técnico de Antioquia, varios departamentos evalúan aplicar la “excepción de inconstitucionalidad” para ignorar el decreto, especialmente en lo que respecta al impuesto al consumo, como el de los licores y cigarrillos.
Finalmente, el tercer pilar de esta estrategia consiste en una delegación de gobernadores de Valle, Tolima, Antioquia y Nariño para pedirle a la Corte Constitucional ser escuchados formalmente para explicar por qué estas medidas “asfixian” financieramente a las regiones.
El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, ha sido el vocero más contundente de esta rebelión. Rendón sostiene que la “urgencia” del Gobierno no puede ser un cheque en blanco para ignorar el diseño constitucional del sistema tributario.
Por su parte, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, subrayó que se está construyendo un documento jurídico para que los gobernadores no apliquen el decreto en cada una de sus regiones, de acuerdo con sus particularidades., y hasta tanto no haya concepto de la Corte.
Entre tanto, la gobernadora del Meta, afirmó que existe “una desarticulación catastrófica” entre el Gobierno y las regiones. Según ella, el decreto es “violatorio” del orden constitucional.
El pulso está ahora en una zona de incertidumbre jurídica. Mientras el Gobierno Nacional insiste en que las medidas son indispensables para estabilizar la economía, los gobernadores dejaron claro que no permitirán que la autonomía territorial sea sacrificada.
El país queda en medio de un pulso institucional donde la “defensa del territorio” sigue distanciado la Casa de Nariño de las gobernaciones. (Con información de El Colombiano).


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