¿Qué sigue en el proceso de Uribe? ¿Pagará cárcel?

@AlvaroUribeVel

Tremenda la polémica política y la borrasca jurídica desatadas por el sentido del fallo de la juez Sandra Liliana Heredia, y que declaró culpable al expresidente Uribe por dos delitos: fraude procesal y soborno en actuación penal, por los cuales la fiscalía pide una pena de 9 años de cárcel y una multa de 1.025 salarios mínimos.

El abogado penalista Francisco Bernate en diálogo con EL TIEMPO analizó la lectura del sentido del fallo en el proceso que se adelanta contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Durante su intervención habló de la legalidad de las pruebas decretada por la jueza encargada del caso, Sandra Liliana Heredia, y señaló que “no tenía alternativa distinta” a aceptar las interceptaciones telefónicas y la grabación del reloj de Juan Guillermo Monsalve, pese a que incluían conversaciones entre Uribe y su abogado.

“Esas conversaciones y su legalidad han sido validadas por la Corte Suprema tanto en la sala de casación como en la sala especial de instrucción, validados por un juez de conocimiento, por el tribunal de Bogotá”, explicó.

El jurista afirmó que, aunque la defensa ha cuestionado la utilización de esas grabaciones por tratarse de comunicaciones entre abogado y cliente, la decisión de la jueza estaba respaldada por pronunciamientos previos de las altas cortes. “Creo que este fallo que se ha leído se sostenía sin esas interceptaciones, pero era altamente improbable que la señora jueza fuese a dejar por debajo unos pronunciamientos de las altas cortes”, sostuvo, agregando que, aunque no comparte la validez de dichas pruebas, considera que el resultado era previsible.

Ante la posibilidad de que se ordene una compulsa de copias para investigar a testigos mencionados en el proceso, por presunto falso testimonio, el jurista señaló que esa decisión solo se toma al momento del fallo.

“Recordemos que ella ya nos anunció más de 1000 folios, entonces en ese momento si encuentra que estas personas deliberadamente faltaron a la verdad, seguramente que así habrá de proceder”, afirmó el jurista

Sobre los tiempos procesales que se avecinan, el abogado detalló que, una vez se complete la lectura de la sentencia, la defensa de Uribe tendrá cinco días hábiles para presentar su apelación. “La defensa tiene cinco días hábiles para argumentar su apelación y también la contraparte, es decir, las víctimas y la Fiscalía tienen otros cinco días hábiles para controvertirlas y solo en ese momento pasaría el Tribunal Superior de Bogotá”, indicó.

El penalista recordó que el tribunal debe pronunciarse antes de octubre debido a criterios de priorización relacionados con la prescripción. “El tribunal tiene unos criterios de priorización, la prescripción es una, se va a pronunciar antes del 18 de octubre. Después de eso tienen 30 días para acudir a la Corte Suprema de Justicia en sede de casación. De manera que a esta historia todavía le falta una parte”, explicó.

En cuanto a la calificación de Uribe como “determinador” de las conductas investigadas, Bernate precisó que esta figura implica, según la hipótesis, que el exmandatario habría convencido al abogado Diego Cadena para que realizara gestiones ante testigos.

“En Colombia, como ocurre en España o en Perú, la sanción del determinador es la misma del autor. Es decir, quien contrata al sicario tiene la misma pena. Eso es lo que nos está diciendo la jueza”, expresó.

El abogado abordó además la figura de la doble conformidad y su diferencia con la casación. “La doble conformidad es cuando el juzgado absuelve por todos los cargos, se apela por la Fiscalía o por las víctimas, el tribunal conoce y condena. Al ser la primera condena, yo tengo derecho a que toda condena sea revisada, entonces ahí se activa la doble conformidad”, dijo, recordando que este derecho surgió a raíz de un fallo de la Corte Interamericana en el caso de Andrés Felipe Arias.

Respecto a la situación personal de Uribe mientras se define la segunda instancia, Bernate señaló que no se ordenará una privación inmediata de la libertad. “Si la persona ha estado en las audiencias y ha comparecido, déjelo defenderse en libertad y, por tanto, hasta que no se dé la última palabra en la Corte Suprema de Justicia, la decisión queda suspendida en ese punto”, comentó.