¿Qué sabemos del tal Gobierno Corporativo?

Por Claudia Posada 

«Aquí están bienvenidas las veedurías políticas que se están armando para tratar de desprestigiar la acción de una Alcaldía, que está haciendo la tarea con carácter«. No se pueden negar en el alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, sus capacidades; particularmente la firmeza de carácter para medírsele nada más y nada menos que a la anterior junta de EPM conformada por miembros, que, en casi su totalidad, representan un prestigioso y encumbrado sector empresarial antioqueño. La frase con la que arrancamos esta columna es osada -como tantas otras en sus intervenciones- de entrada, el mandatario afirma que el objetivo de la reciente creada Veeduría Todos por Medellín, será acabar con su ascendiente y además da por sentado que se trata de una veeduría política. ¿Arrogante? ¿Embustero? ¿”Pantalonudo”? ¿Directo? ¿Espontaneo? Los ciudadanos de Medellín ya están identificados con alguno de estos calificativos para rotularlo. Algunos gobernados se sienten muy satisfechos con su mandato, otros dicen estar arrepentidos por haberle regalado su voto.  

Es muy difícil que un alcalde satisfaga a todos los ciudadanos, de ahí que traten de agradar, en su mayoría, acomodando su discurso a lo políticamente correcto y socialmente aceptado.  Quintero Calle es bastante singular, sus posturas se mueven entre la irreverencia y la respetuosidad. 

El comentario del alcalde sobre la veeduría que nació en plena crisis de credibilidad con respecto a las decisiones del mandatario, y la renuncia colectiva de la junta anterior, suscitó la respuesta en la que dicen que, “Todos por Medellín se comunicará abierta, clara y constructivamente con las comunidades y, en general, con todos los ciudadanos de Medellín. No será vehículo ni espacio para la proyección política de plataforma, partido o persona alguna. Estará conformada por organizaciones y personas que no tendrán intereses económicos particulares en la Alcaldía ni en EPM. Trabajará para cuidar el patrimonio de la ciudad y los intereses de todos los medellinenses«.  

Dicen también en su comunicación: «Esperamos que la Alcaldía nos brinde para el ejercicio de nuestra labor, como es nuestro derecho, información oportuna, verídica y transparente para desarrollar nuestro trabajo». Dires y diretes; mientras tanto los ciudadanos del común, completamente confundidos, queremos conocer gestión, actividades concretas de parte y parte, y menos tuits del mandatario local quien parece contar con todo el tiempo del mundo para pasársela en esas. Pensamos que las redes sociales hacen mucho ruido, opacan la información seria de los medios tradicionales y distraen tanto que nos apartan de lo esencial. 

Por estos días se divulgó una comunicación de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia en la que su directora, la doctora Lina Vélez, propone “La conformación de una mesa de expertos en gobierno corporativo cuyo objetivo único sea elaborar un proyecto de Acuerdo para actualizar el gobierno corporativo de Empresas Públicas de Medellín -EPM-. El acuerdo propuesto deberá respetar las competencias del Concejo municipal y puede eventualmente dejar planteadas las sugerencias cuya aplicación corresponda al Congreso de la República. La propuesta es que la mesa se conforme en los próximos 15 días para que se presente la propuesta al Concejo y que sea discutida en las sesiones ordinarias de octubre y noviembre”. Este es uno de los párrafos de lo propuesto al alcalde Quintero, después del foro liderado por Sinpro (Sindicato de Profesionales de EPM) y en el cual participó la doctora Vélez al lado del exministro Jorge Huberto Botero y el experto consultor Ricardo Mejía Cano. Este personaje aparece sugerido por la directora de la Cámara para que sea miembro de la mesa de expertos en gobierno corporativo acompañado de tres elegidos por el alcalde de Medellín, un representante por Sinpro, un miembro designado por el Concejo municipal, otro nombrado por la sociedad civil (gremios, academia, ONG, Cámara de Comercio, etc.) un miembro de la OCDE (entidad experta en materia de gobierno corporativo) y un representante del gobierno nacional.  

Ni idea en qué irá esta recomendación, lo que sí sabemos es que, como ciudadanos del común, se nos hace apresurado conformar, reunir y poner en marcha “una mesa de expertos” para que, como lo dice la comunicación, en 15 días tenga cumplido el objetivo, así sea el único fin de este grupo.  

Conscientes de que los conocedores del sonado “gobierno corporativo” -del que se habla mucho y poco se sabe-  le apuestan a unas alternativas  que a su juicio pueden ser eficaces en el momento que por el que pasa EPM, nos atrevemos a decir -sin muchos elementos y menos información relacionada- que si la Veeduría Todos por Medellín está activa, el Concejo de Medellín trabaja en su rol de control político, la nueva Junta, y tanto al gerente de EPM como al alcalde de la ciudad los mueven las mejores intenciones conciliadoras ¿para qué más comités,  o “mesa de expertos en gobierno corporativo”?  

Ahora, entendiendo que el doctor Ricardo Mejía Cano, con toda su trayectoria en consultorías y sobrada experiencia, con el reconocimiento de la puesta en marcha de gobiernos corporativos en importantes empresas, además, teniendo en cuenta que en su columna en El Colombiano titulada “Apreciado Alcalde”, publicada el 8 de junio de este año, dice en uno de sus apartes: “El éxito de una institución dependerá de su capacidad de lograr consensos luego de debates profundos (…) El Código de Buen Gobierno de EPM es un modelo a nivel nacional. Desafortunadamente es un decálogo de buenos propósitos: se promoverá, se buscará, se tratará, pero ninguna de sus normas es de forzoso cumplimiento, así que un alcalde con “intereses especiales” puede burlar todo el Código (…) Señor alcalde, muchos medellinenses respaldamos su inquietud, blindemos a las EPM y otras empresas importantes del municipio de las ambiciones desmedidas de algunos políticos. Mientras más pronto mejor”; pues entonces que la Administración Municipal lo contraté a él para una consultoría que bien se merecen la capital antioqueña y la “Joya de la corona”.  

Creemos que si se contrató por mil millones de pesos al abogado Jaime Granados -no sabemos en detalle para qué- ¿no nos merecemos los usuarios de los servicios de EPM que un experto como Mejía Cano sea el consultor que saque al ente autónomo del embrollo en el que está metido dizque porque el alcalde se brincó el dichoso gobierno corporativo? ¿No es suficiente asesoría la de un experto con todos los pergaminos, capaz solito de enderezar el camino, que ocho personas tal vez cada una queriendo méritos individuales?  Es que una cosa es una Junta directiva como la renunciada, homogénea en la extracción y estilo empresarial de quienes la componían, y otra muy distinta una mesa de trabajo compuesta por miembros de líneas diversas de pensamiento, desde sus ámbitos mismos de desempeño hasta su formación y experiencia.