28 marzo, 2024

Primicias de la política, empresariales y de la farandula

¿Qué hacer con la Policía Nacional?

Guillermo Mejia Mejia

Por Guillermo Mejía Mejía 

Una de las funciones propias del Presidente de la República es dirigir la fuerza pública y disponer de ella como comandante supremo de las fuerzas armadas. Estas están divididas, según su especialidad, en ejército, armada, fuerza aérea y policía nacional. Tales fuerzas están adscritas al Ministerio de Defensa que desde el gobierno de César Gaviria lo dirige un civil. 

En el siglo XIX, la mayoría de los ministros fueron generales del ejército con algunas excepciones cuando el cargo lo ocuparon unos pocos civiles. En el XX, desde 1.954 hasta 1.989, 35 años, los ministros de defensa fueron generales activos del ejército, por ser el arma más antigua, con una excepción en 1.966 que estuvo a cargo de Germán Zea Hernández.  

Existen otros cuerpos armados que no dependen del Ministerio de Defensa como es el CTI de la Fiscalía y el Inpec, que está adscrito al Ministerio de Justicia. 

La policía nacional fue creada en 1.888 mediante la ley 90 de ese año, durante el período presidencial del general Carlos Holguín Mallarino, adscrita al Ministerio de Gobierno. En 1.891 se contrató al comisario francés Juan María Marcelino Gilibert con el fin de que asesorara la parte técnica y la operatividad de dicho cuerpo. Antes de la expedición de esta ley, funcionaban policías departamentales y municipales que fueron suprimidas en virtud de la misma normatividad. 

El peor momento de la policía nacional fue el 9 de abril de 1.948, cuando la guarnición de Bogotá se unió a la turba descontrolada e inclusive repartió armas a los civiles revoltosos. Esto dio origen a su disolución y el control del orden público lo asumió el ejército y algunas policías locales y departamentales que se habían vuelto a crear por disposición de asambleas departamentales y concejos municipales. No sobra aclarar que estas policías locales eran cuerpos armados pero politizados, al servicio de gobernadores y alcaldes que los utilizaban para hostigar a sus contradictores. 

A partir de 1.953, luego del golpe de Estado del General Rojas Pinilla, se adscribió la Policía Nacional al Ministerio de Guerra como el cuarto cuerpo del Comando General de las Fuerzas Militares y otra vez se suprimieron las policías departamentales y municipales. Era pues un cuerpo armado con formación militar y grados similares a los demás de las fuerzas armadas.  

En 1.960 la policía nacional fue separada del Comando General de las Fuerzas Militares, pero con dependencia solo del Ministro de Defensa, en ese entonces un general activo del ejército. En 1.966 se creó el cuerpo especializado de policía judicial para colaborar en la investigación de los delitos y colaborar con la Dirección de Instrucción Criminal. 

En síntesis, en estos momentos, por definición legal, la policía nacional es un cuerpo civil, que no tiene ninguna dependencia jerárquica de las otras instituciones: ejército, armada y fuerza aérea y está adscrita directamente al despacho del ministro, lo que quiere decir que trasladarla al Ministerio del Interior no produce ningún efecto práctico como creen algunos que con esta medida se resolverán los problemas de violencia policial que se han visto. 

Las leyes sin coerción degeneran en normas sociales, de urbanidad o de la ética y es el Estado el único que puede hacer uso legítimo de las armas para hacerlas cumplir. Pero el uso de la fuerza tiene una dosificación según el desorden que se quiera controlar y, de mayor a menor, va desde un mísil que se le lanza desde un avión de combate de la fuerza aérea a un campamento guerrillero, tipo Mono Jojoy, hasta una cachiporra de goma que utiliza un policía en la calle para controlar un carterista. El momento difícil que se vive en estos momentos en Colombia, se debe precisamente al uso abusivo de la fuerza por parte de algunos integrantes de la Policía Nacional, no todos. Eso no se resuelve trasladando la institución policial al Ministerio del Interior ni con un “reestructuración” a fondo como plantean algunos, sino con la adecuada formación y entrenamiento de sus miembros, lo que significa que las que pueden estar fallando son las 24 escuelas de policía, distribuidas en el país, que forman al policía raso, al de la calle. 

Y esa formación tiene que ser básicamente en derechos humanos y en técnicas y estrategias de control del ciudadano, que enseñen el uso dosificado de la fuerza principalmente en el control de la legítima protesta popular. Frente al hampa y a los grupos delincuenciales se tendrá que usar otro tipo de fuerza superior a la que usan los bandidos.  

La formación de los oficiales está a cargo de una institución de educación superior, denominada Escuela General Santander, aprobada por el Ministerio de Educación Nacional y el Consejo Nacional de Acreditación desde el año 2000. 

Algunos columnistas de opinión critican la formación militar de la policía nacional que, a su parecer, la vuelve excesivamente rígida y vertical, pero debemos recordar que Colombia ha tenido un conflicto interno de más de 50 años que ha sido más crudo en zonas rurales y menor en las grandes ciudades que ha requerido de una policía que ha enfrentado con valentía a los que han querido tomar el poder con el auxilio del narcotráfico. Los hechos de violencia de la semana pasada no se resuelven con una “reestructuración” del cuerpo policial que lo vuelva más “light”, como desean algunos, sino con uno más profesional y educado, pero en ningún momento más débil. 

Hoy en día el instrumento legal que se tiene para reglamentar la conducta social es el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (ley 1.801 de 2.016). 

Esta ley en mi sentir y en el de muchos que la han estudiado, consagra una serie de conductas sancionables por las autoridades de policía, como es el caso, por ejemplo, de la prohibición de ingerir licor en las puertas de las casas, costumbre arraigada en la Costa Atlántica y en zonas de clima cálido, que hacen de este código un rey de burlas en muchas regiones, porque Colombia es multicultural y esta normatividad tuvo origen en abogados residenciados en Bogotá que se imaginaron que el país era homogéneo. Es un código para aplicar en algunas de las grandes ciudades, pero en la Colombia profunda y rural no se aplica. Es inoperante. 

Por lo menos este código ha aclarado que una cosa es una autoridad de policía y otra cosa la institución de la Policía Nacional, pues se ha creado la idea de que los gobernadores y alcaldes son los jefes directos de los policías que se encuentran de servicio en su jurisdicción. Autoridad de policía es la que tiene la competencia para dictar normas sobre conducta ciudadana que va desde el Presidente de la República, asambleas, concejos municipales, gobernadores, alcaldes e inspectores de policía. Esas normas se refieren a seguridad, tranquilidad, medio ambiente y salud pública. Pero debe quedar claro que esa facultad de gobernadores y alcaldes para dictar normas de policía, como cerrar los bares a la 12 de la noche, por ejemplo, que es una norma de policía local, no por eso los convierte en los jefes directos de los policías que prestan el servicio en la localidad ya sea una gran urbe o un pequeño municipio. La Policía tiene una jerarquía nacional porque es la nación la que la paga y la dirige, que se distribuye por regiones, departamentos, áreas metropolitanas o similares, distritos, estaciones, subestaciones, CAI y puestos y cada una tiene un superior al mando. En el ejemplo propuesto del cierre de bares a determinada hora, si un agente de la policía no obedece la orden del alcalde, este no lo puede destituir ni sancionar, sino que debe acudir al superior jerárquico dentro de la policía para que sea esa institución la que lo sancione previo un proceso disciplinario propio. 

Para evitar esos choques, el Código de Policía creó los consejos de seguridad y convivencia que son cuerpos consultivos y de decisión para la prevención y reacción ante los problemas relacionados con la seguridad y convivencia tanto a nivel nacional, regional, departamental y municipal que están conformados por los gobernadores, alcaldes y los comandantes de policía y deben reunirse obligatoriamente por lo menos cada mes. 

El peor error que se cometería en el país sería regresar a la creación de policías municipales o departamentales como predican algunos. Aquí en Antioquia ya se conoce como fue la mala racha que se tuvo con las policías locales, no uniformadas, que existieron en Medellín, Envigado y Bello denominadas Seguridad y Control. No pudo ser peor. (Opinión).