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El entramado de corrupción de Daniel Quintero traspasó las fronteras de Medellín y alcanzó al Área Metropolitana, dice la directora de la entidad, Paula Andrea Palacio.
· Durante 2024, la actual administración trasladó a los organismos de control diversas advertencias sobre presuntas irregularidades detectadas en la pasada gestión (2020–2023).
· La entidad se encuentra reconocida como víctima dentro de las actuaciones judiciales y participa activamente a través de su apoderado legal.
· Desde la actual administración del Área Metropolitana del Valle de Aburrá se mantiene total disposición y colaboración con las diferentes investigaciones y procesos en curso.
La Fiscalía General de la Nación realizó capturas por presuntos hechos de corrupción ocurridos durante la administración de Daniel Quintero, cuando se desempeñaba como alcalde de Medellín y presidente de la Junta del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.
Las detenciones, que se suman a las denuncias presentadas por la actual administración de la Alcaldía de Medellín, están relacionadas con seis contratos celebrados entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el Cuerpo de Bomberos de Itagüí durante los años 2020 y 2021, cuyo valor ascendería a cerca de $18.000 millones, periodo en el que Juan David Palacio Cardona ejercía como director de la entidad.
Entre los capturados se encuentra Misael Cadavid Jaramillo, exdirector del Cuerpo de Bomberos de Itagüí, junto con otros exfuncionarios investigados por presuntas irregularidades en la ejecución de dichos contratos.
A los detenidos se les imputan los delitos de celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.
Estas capturas se suman a las investigaciones y denuncias presentadas por la actual administración distrital, liderada por el alcalde Federico Gutiérrez Zuluaga, que durante el proceso de empalme identificó más de 650 irregularidades, de las cuales alrededor de 15 involucran directamente al Área Metropolitana del Valle de Aburrá.
«Seguimos colaborando con las autoridades competentes para esclarecer los hechos y recuperar los recursos públicos, los recursos que le pertenecen a los ciudadanos”, señaló Paula Andrea Palacio Salazar, directora del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.
Advertencias y hallazgos realizados por la actual administración Es que ni el Área Metropolitana se salvó, con contratos millonarios la corrupción se extendió a la entidad durante la administración Quintero, en abril de 2024, la actual administración de la entidad emitió diferentes advertencias formales sobre presuntas irregularidades detectadas en la ejecución de contratos y proyectos de la pasada administración (2020–2023).
Estos hallazgos fueron remitidos a los organismos de control. Entre las advertencias más relevantes se encuentra la situación del Parque de las Aguas, donde la Fiscalía imputó cargos a 13 personas por presunta corrupción en la contratación, con convenios que superan los $17.000 millones.
Junto a este caso, otras 12 alertas se han llevado a las instancias correspondientes:
1. Reforma administrativa irregular La actual administración detectó presuntas irregularidades en la reestructuración institucional adelantada en la vigencia anterior. Según el informe, los actos administrativos carecieron de estudio técnico y viabilidad financiera, y habrían sido expedidos sin competencia y con indebida motivación.
El proceso permitió la creación de 128 nuevos cargos, de los cuales 25 se nombraron sin concurso interno, varios de ellos en vísperas de la Ley de Garantías. Se evidencian posibles conflictos de interés y nombramientos subjetivos. Además, se eliminaron cargos estratégicos y se afectaron programas como EnCicla, debilitando los procesos misionales de la entidad.
2. Convenios con la Secretaría de la No Violencia recursos sin claridad: El Área Metropolitana firmó convenios por $1.500 millones con la Secretaría de la No Violencia del Distrito de Medellín, liderada por el entonces secretario Juan Carlos Upegui.
A la fecha, no hay claridad ni soportes suficientes sobre la ejecución de esos recursos, tercerizados mediante Plaza Mayor y Metroparques.
3. Indicadores inflados y sin soporte: plata Del plan de gestión Futuro Sostenible (2020–2023), 52 de 80 indicadores carecen de soportes verificables. Ejemplo: se reportó ejecución del 100 % en proyectos de movilidad activa cuando solo se construyó el 19 % de las metas.
4. Contratos de funcionamiento no prorrogados: es ficticio. La administración anterior dejó vencer contratos esenciales al cierre de 2023, afectando la operación de la entidad. Entre ellos, los de transporte institucional, telefonía, internet, vigilancia, combustibles y personal de apoyo ambiental. La falta de continuidad puso en riesgo la prestación de servicios misionales.
5. EnCicla, un sistema en cuidados intensivos: El programa de bicicletas públicas EnCicla presentó un deterioro significativo y falta de información sobre su operación real. El diagnóstico reveló deficiencias graves en mantenimiento y control, que podrían generar detrimento patrimonial.
6. Tren del Río sin aportes y con retrasos: Durante 2022 y 2023 no se realizaron los aportes comprometidos a la Promotora Ferrocarril de Antioquia, obstaculizando el avance del Tren del Río. La falta de capitalización afectó la posibilidad de presentar el proyecto al Gobierno Nacional. Hoy la nueva administración instaló una mesa técnica para reactivar el proceso y salvar la iniciativa.
7. Fundación Arca convenios sin soportes claros: El Área Metropolitana invirtió $3.437 millones en tres contratos con la Fundación Arca. La auditoría interna evidenció falta de informes de ejecución, soportes financieros y aportes comprometidos por parte de la entidad contratista.
8. Fundación Tenarco aportes no comprobados: El convenio por $1.926 millones con la Fundación Tenarco debía incluir un aporte en efectivo de $578 millones, del cual no hay evidencia de pago. Este caso fue remitido a los entes de control. Además, la entidad firmó tres contratos adicionales en 2020 por cerca de $1.700 millones, bajo modalidad directa.
9. Obras inconclusas y sin presupuesto: Cerca de 13 obras reportadas como en ejecución no cuentan con los recursos necesarios para su terminación. Entre ellas, la ampliación de la carrera 43 en Sabaneta y el CAM de Envigado, que requieren más de $83 mil millones adicionales. En total, se estiman $113 mil millones para concluir proyectos y evitar que se conviertan en “elefantes blancos”.
10. Presuntos sobrecostos y red de contratistas: Entre 2020 y 2022 se firmaron contratos por más de $32 mil millones con entidades sin ánimo de lucro, donde se detectaron posibles sobrecostos y falta de entrega de productos. La auditoría interna confirmó las anomalías y se dio traslado a los organismos de control.
11. Equipos de cómputo formateados: Tres computadores institucionales —incluido el del exdirector general— fueron formateados de manera irregular por una persona externa a la entidad, presuntamente bajo instrucciones directas de la anterior dirección. La acción habría eliminado información clave para procesos administrativos y contractuales.
12. Gestión documental en riesgo: Se identificaron más de 1.000 trámites vencidos y sin asignar en la plataforma SIM, lo que puso en riesgo jurídico a la entidad. Además, se detectaron irregularidades en la atención a peticiones ciudadanas y una cámara de seguridad del archivo inactiva desde diciembre de 2023.
Estas alertas fueron presentadas oportunamente ante los entes de control, reafirmando el compromiso institucional con la recuperación de los recursos públicos y el fortalecimiento de los mecanismos de transparencia.
Compromiso con la legalidad y la transparencia
La entidad se encuentra reconocida como víctima y viene actuando a través de apoderado judicial en las diligencias. Las audiencias que se han venido realizando son de carácter público y por respeto a la administración de justicia remitimos a las mismas para conocimiento de primera mano de los avances de las investigaciones.
El Área Metropolitana del Valle de Aburrá rechaza de manera absoluta y enfática cualquier acto de corrupción. La entidad reitera su compromiso con la defensa del patrimonio público, la transparencia en la gestión y la rendición de cuentas a la ciudadanía. Cada peso invertido debe responder a un propósito colectivo y es mejorar la calidad de vida de los habitantes del Valle de Aburrá y fortalecer la confianza en lo público.
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