Procuraduría reclama anular proceso contra el gobernador Aníbal Gaviria Correa

@PGN_COL @anibalgaviria 

• Apela decisión de Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia. 

Con un categórico llamado a la Fiscalía General de la Nación y a la Corte Suprema de Justicia para que se materialicen las promesas constitucionales asociadas al actual sistema penal colombiano, la Procuraduría apeló la decisión de la Sala de Primera Instancia de desestimar la solicitud de nulidad del proceso que bajo la Ley 600 de 2000 abrió la Fiscalía contra el gobernador Aníbal Gaviria Correa, decisión adoptada en noviembre de 2019. 

La Fiscalía encausó al gobernador Gaviria Correa por supuestas omisiones en su deber de vigilancia en la delegación de la contratación para el mejoramiento de la Troncal de la Paz. El ente acusador decidió llevar este proceso bajo la Ley 600 de 2000, que para la Procuraduría no era la aplicable en razón del fuero funcional del Gobernador, además de considerarla anacrónica para todos los casos, pues han pasado 16 años después de haber entrado en vigencia el nuevo sistema penal colombiano (Ley 906 de 2004).  Para la Procuraduría “pierde sentido reverdecer la Ley 600” y señaló la incoherencia de la Fiscalía por insistir aplicar la Ley 600 en un proceso que inició en 2019, cuando ya estaba vigente la Ley 906, alegando hechos de 2005. Además, indicó que “en materia penal, la ley permisiva o favorable se aplicará, aunque sea posterior”. 

Tras reiterar que la «Ley 600 resulta incompatible con el derecho penal contemporáneo» y que es necesario respetar «convenciones del bloque de constitucionalidad», resaltó en cambio cómo “la ley 906 responde a una política criminal de vanguardia, con lazos de armonía con la Constitución del 91, con garantías como la doble instancia y la doble conformidad» y en ese orden de ideas, no tiene sentido juzgar bajo un sistema procesal que priva de garantías al procesado. 

En su intervención, la Procuraduría destacó que en la ley y la jurisprudencia ha quedado “sellada la incompetencia de la Fiscalía para abrogarse facultades” de escoger el modelo procesal, por tanto, indicó que “el debate no radica en elegir modelo procesal, porque ya se eligió, el debate es verificar si eso respeta la legalidad”. Sobre esta base, la Procuraduría alertó a la judicatura porque “de cara al nuevo sistema no puede tolerarse que la Fiscalía pueda restringir por iniciativa propia derechos de los ciudadanos pues con ello se convertiría en árbitro de sus propios actos”. 

Dada la insistencia de la Fiscalía en escoger el sistema por el cual procesa al Gobernador, la Procuraduría señaló que es “mandatario que se declare que el modelo procesal no debe ser elegido a discreción de quien investiga” y recalcó que “la Constitución Política LIMITA las facultades de la Fiscalía” razón por la que requirió “que la judicatura fortalezca y materialice lo que es un mandato constitucional desde 2002. 

En su intervención en la audiencia preparatoria en el proceso al gobernador, la delegada de la Procuraduría General finalmente invitó a la Sala de Primera Instancia a atender la racionalidad jurídica, a la que definió como la “corrección de un juez que se angustia por abrazar lo justo”. Y precisó que “un valor esencial de la justicia se haya en el repositorio de la racionalidad; y aquí razonablemente se trata de alcanzar la legalidad”.