Por una geología al servicio del hombre (2)

Por José Hilario López (foto) 

En anterior escrito hicimos un corto recuento de las investigaciones geológicas realizadas en Colombia durante el Siglo XX y en lo que va corrido de la presente centuria, y concluimos que es necesario que el Servicio Geológico Colombiano (SGC) se concentre en completar el mapa geológico del país a escala 1:100.000, insumo esencial para empezar a preparar un inventario minero nacional (https://jhilariolopez.medium.com/por-una-geolog%C3%ADa-al-servicio-del-hombre-5330757cf735). Un mapa geológico semidetallado, preferiblemente a escala 1:50.000, es además herramienta esencial para la planeación y diseño de la infraestructura y sobre todo para los estudios de geología ambiental, ahora prioritarios por razón del Cambio Climático, mejor definido como Cambio Global, que amenaza los ecosistemas en un país como el nuestro, uno de los más biodiversos del mundo, pero a su vez uno de los más vulnerables. La función principal de un servicio geológico es avanzar en la preparación de mapas cada vez más detallados del territorio. 

No es que estemos en contra de la investigación pura, a la que el antiguo INGEOMINAS y ahora el SGN han dedicado mucha parte de sus esfuerzos, que es aquella que se lleva a cabo sin interés práctico inmediato, la cual con frecuencia es impulsada por la curiosidad o la intuición de un científico; su motivación principal es ampliar el conocimiento científico per se. Por su lado, la investigación aplicada tiende a solucionar problemas prácticos; tiende a ser descriptiva en lugar de exploratoria (como lo es la investigación pura) y es frecuente que se base en la investigación pura, la cual en el apremiante caso colombiano actual sólo se justificaría si contribuye a resolver un problema de orden práctico. Sin lugar a duda, lo que urge el país en materia geológica es avanzar con la cartografía geológica detallada, empezando por las zonas mas promisorias en lo relativo al potencial minero y por los territorios mayormente amenazados por procesos hidrológicos y geológicos. El incremento de la intensidad de las precipitaciones pluviales en la región andina, asociado al Cambio Global, en cada temporada lluviosa genera movimientos en masa, principalmente deslizamientos y avenidas torrenciales, que afectan de manera catastrófica la población asentada en terrenos de ladera y orillas de los ríos y quebradas, así como inundaciones en las planicies, principalmente en las regiones pacífica, atlántica, en las extensas llanuras orientales y en las cuencas medias y bajas de los ríos Atrato y San Juan.  

Vale la pena ahora hacer una reflexión sobre lo que ha sido la política de prevención, mitigación y atención de desastres en Colombia, así como analizar lo que en esta materia contiene el Plan de Desarrollo Nacional 2018-2022 (PND), la hoja de ruta del Gobierno Nacional.  

La Gestión del Riesgo se define como el “Conjunto de procesos sociales, políticos y administrativos, entre otros, que intentan reducir la probabilidad de ocurrencia de eventos que comprometan vidas, bienes públicos y privados, ecosistemas y estabilidad político-administrativa del entorno social. Se trata de políticas públicas, así como de acciones sociales o privadas encaminadas hacia la prevención, mitigación, preparación, alerta, atención, rehabilitación, restauración o recuperación”.

Para empezar, hagamos un poco de historia de la política de gestión del riesgo en nuestro país, que empezó a gestarse a partir del terremoto de Popayán en 1983 y que a raíz de la tragedia de Armero en 1984, el Gobierno Nacional mediante el Decreto Ley 919 de 1989 creó el Sistema Nacional para Prevención y Atención de Desastres (SNPAD), hoy Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). El Fenómeno Niña de 2010-2011 dio lugar al Decreto Ley 1523 de 2011 y la tragedia de Mocoa en 2017 originó la expedición del Decreto Ley 2245 del 2017, reglamentario de la Ley 1450 de 2011 y adicional del Decreto Ley 1076 de 2015.  De lo anterior queda claro que se trata de una normatividad expedida a posteriori de los desastres, que coincide con lo que ha sido la gestión del riesgo en Colombia: nada, o muy poco, en materia de prevención o de mitigación, sólo atención a las víctimas de las tragedias. La mayoría de las cerca de 25.000 muertes causadas en Armero por la erupción del Nevado del Ruiz pudo haber sido evitada con un elemental sistema de alarmas, lo mismo que la tragedia del Río Páez en 1994, la de Salgar en 2015 y la de Mocoa. Como escribíamos en 1994, después de la tragedia del Río Páez: el verdadero desastre ha ido el SNPAD. 

Según el PND 2018-2022, el 85% de las afectaciones por desastres naturales ocurridos en el país entre 1998 y 2018 están relacionadas con deslizamientos, avenidas torrenciales (mal llamadas avalanchas) e inundaciones, riesgos éstos a los cuales están expuestas cerca de 6,7 millones de personas. Sólo el evento conocido como La Niña 2010-2011 le significó al país pérdidas económicas del orden del 2% del PIB. A esto se agregan las afectaciones a los ecosistemas generados por los sedimentos que arrastran las corrientes de agua hacia los embalses, ciénagas y finalmente al mar. La erosión de las cuencas de los ríos Magdalena y Cauca es uno de loa mayores problemas ambientales que nuestro país debe empezar a estudiar, a fin de diseñar y ejecutar planes de mitigación, tema este que ha sido mi gran preocupación durante estas últimas décadas y sobre el cual no dejaré de insistir.  

El Cambio Global predispone, cada vez más, a la población y a la infraestructura a graves riesgos, relacionados, entre otros, con deslizamientos, avenidas torrenciales e inundaciones, que comprometen no sólo la vida de los habitantes sino sus propiedades y, en todo, el desarrollo nacional.  Aunque en las dos últimas décadas se ha avanzado algo en la identificación de los riesgos, en particular para la región andina, donde se asienta la mayor parte de la población, en el año de 2018 cuatrocientos municipios no contaban con un Plan de Ordenamiento Territorial que incluyese el riesgo por amenazas naturales. El Cambio Global exige mayores esfuerzos y acciones que deben ser extendidos, entre otros, hacia el cubrimiento de la infraestructura vial. 

Entre 2014 y 2017 la inversión de La Nación y de las entidades territoriales en la gestión del riesgo fue de 11,3 billones de pesos, de los cuales el 74% se destinaron a la atención de la población afectada por los desastres, el 20% a reducción del riesgo, el 4% a la gobernanza y sólo el 2% a la prevención de los riesgos. Hacia este último objetivo, la prevención de riesgos, es hacia donde debería orientarse la investigación geológica en nuestro país, para lo cual es fundamental la existencia de mapas geológicos detallados de las formaciones geológicas superficiales y de los procesos geomorfológicos, activos y potenciales, que las caracterizan. 

Con el propósito de mejorar el conocimiento y la prevención para la gestión del riesgo de desastres y la adaptación al Cambio Global, el actual PND propone los siguientes objetivos: (1) avanzar en el conocimiento de escenarios de riesgos actuales y futuros para orientar la toma de decisiones en la planeación del desarrollo; (2) asegurar la corresponsabilidad territorial y sectorial en la reducción del riesgo de desastres y la adaptación a la variabilidad y al cambio climático; (3) movilizar el financiamiento para la gestión del riesgo y la adaptación e incentivar la protección financiera ante desastres y (4) garantizar un manejo efectivo de desastres y la reconstrucción adaptada y resiliente. Si se lograse priorizar el primer objetivo, la prevención y mitigación del riesgo territorial, incluyendo la infraestructura, habremos dado un gran salto cualitativo en las políticas públicas que requiere el Cambio Global. Por otro aspecto, es urgente una educación en todos los niveles sociales en la cultura del riesgo, orientada esencialmente a la prevención y mitigación de los eventos catastróficos.