¿Por qué tan lentas las investigaciones por corrupción contra el senador Richard Aguilar?

@FiscaliaCol @CorteSupremaJ @RICHARDAGUILARV 

Nadie se explica por qué las investigaciones duermen el sueño de los justos en la Corte Suprema de Justicia y en la Fiscalía General de la Nación. 

En un país donde está de por medio el Cartel de la Toga, y que según las denuncias del exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno, es mucho lo que falta por saberse sobre la compra de expedientes, el negociado de los fallos y también el engavetado de procesos, le convendría muy bien a la justicia que estas investigaciones se agilizaran algún día. 

Estos son los casos del exgobernador de Santander y honorable senador Richard Aguilar. ¿Será que quienes deben impartir justicia en Colombia, se olvidaron la histórica frase del dictador romano Clodio?   «La mujer del César no solo debe serlo, honesta o casta, sino también parecerlo». 

Aunque Plutarco decía: «La mujer de César debe estar por encima de toda sospecha».  

Los presuntos delitos de corrupción que actualmente salpican al exgobernador de Santander y senador por el partido Cambio Radical, superan los $500 mil millones pagados para obtener beneficios en licitaciones irregulares. 

Los testigos que señalan al senador fueron muy cercanos en su cúpula política cuando fue gobernador (2012-2015). 

Se trata de la exsecretaria de Infracestructura Claudia Yaneth Toledo de Santander y su esposo Lennin Darío Pardo, capturados en octubre de 2018 por recibir coimas superiores a los 2.900 millones de pesos por la ejecución de las obras de remodelación y reforzamiento del Estadio Alfonso López de Bucaramanga, que terminó costando 22 mil millones, 6 mil más de los 15 mil millones presupuestados: un 40% más. 

“La matriz de colaboración incluye la entrega de información de los beneficios que recibía el gobernador a cambio de estas asignaciones, así como también los proyectos que se presentaban por los diputados y parlamentarios, junto con los contratistas de su confianza, para que los contratistas se relacionaran directamente con el asesor del gobernador para que coordinara la adjudicación del contrato”, constata el preacuerdo realizado con la Fiscalía. 

Sin embargo, no es la primera vez que sale a la luz el presunto desfalcamiento del Estadio Alfonso López durante la administración de Richard Aguilar. 

Octavio Reyes Sarmiento, también capturado, era el representante legal de la Unión Temporal Reforzamiento 2015, firma que se quedó con la ejecución de los $22mil millones.  

Reyes en 2018 fue quien dio detalles y pruebas en las que demostraba la red de funcionamiento ilegal en la que seis subcontratistas falsificaron las facturas para que la Unión Temporal pasara cuentas de cobro a la fiducia y a su vez, esta desembolsara el dinero. 

A pesar de que hay nombres propios de acusados y siendo procesados por la Fiscalía en este caso, aún falta aclarar varias dudas que quedan en entredicho, como los autores de la falsificación de las firmas, y el rol de la cúpula política del hijo de Hugo Aguilar. 

El oscuro 2018 de Richard Aguilar 

El 2018 no fue el mejor para el actual senador pues muchas de sus acciones irregulares fueron investigadas y así mismo, hubo capturados y otros destituidos. Caso del exsecretario General de la Gobernación Jairo Jaimes Yáñez destituido e inhabilitado por 10 años por la Procuduraría, pues se le acusó y comprobó el ser encargado de la licitación y posterior adjudicación del contrato de vigilancia y seguridad. 

En dicho caso, Richard Aguilar estuvo involucrado directamente y fue declarado en mayo de 2018 responsable disciplinario por las irregularidades contractuales presentadas en un proceso licitatorio adelantado por la administración departamental en la vigencia 2012, para contratar el servicio de vigilancia y seguridad privada para las instalaciones de la Gobernación. 

En su momento, la Procuraduría Delegada para la Contratación Estatal ratificó que había sido hallado “responsable disciplinario a título de culpa grave, por inobservancia del cuidado necesario que cualquier persona del común imprime en sus actuaciones (…) de tal manera, la sanción a imponer será la de suspensión en el cargo, por un término de ocho meses”. 

Sin embargo, debido a que no ocupaba el cargo en ese momento, fue sancionado con un pago pecuniario por el valor de ocho meses de sueldo con base en el mensual básico de $4 millones 645 mil, que devengaba para la época de los hechos. 

Daño fiscal en el Programa de Alimentación Escolar 

En mayo de 2018, Germán Trujillo Manrique conocido como el ‘Zar del PAE’ en Santander aceptaba los cargos que la Fiscalía le había imputado: contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público y falsedad ideológica en documento privado en relación al Programa de Alimentación Escolar, PAE, con la Gobernación de Santander en 2016. Trujillo Manrique habría desviado a cuentas privadas recursos por $35 mil 744 millones del PAE en Santander. 

Tres meses después, el exContralor General Edgardo Maya Villazón, abría investigación al recién electo senador Richard Aguilar por presuntas irregularidades por más de $3.923 millones en el PAE. 

El modus operandi consistía en facturar los alimentos con costos mayores a los que reconoce el Ministerio de Educación por las mismas raciones. El Plan de Alimentación Escolar en Santander durante el 2015 fue contratado con la Empresa Cooperativa de Servicios Nacionales y tuvo un costo total de $10.935 millones. 

Lo cierto es que el clan Aguilar, conformado por Hugo Aguilar, (condenado en 2013 por nexos con grupos paramilitares e investigado por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos), su hijo Richard Aguilar y el lobby santandareano del partido político Cambio Radical, actualmente están siendo seguidos muy de cerca.  

Evidentemente no es la primera vez que los Aguilar han sorteado investigaciones por corrupción. Desde el 2004, cuando Hugo Aguilar era Gobernador de Santander se presentaron todo tipo de irregularidades que dejaron multimillonarias pérdidas para el departamento. 

Resta esperar si esta última y grave acusación de su exsecretaria de infraestructura logra causar la pérdida de investidura y un debido proceso judicial. (Con datos de Colombia Informa).