Pobreza, pandemias y catástrofes naturales

Por José Hilario López 

La población más vulnerable a los estragos de las pandemias y las catástrofes naturales la conforman los estratos más pobres de la población, tal como lo han puesto de manifiesto el Coronavirus y los desastres relacionadas con el cambio climático que hoy sufre el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina por causa del Huracán Iota, así como las inundaciones en la Costa Caribe y El Chocó, los deslizamientos y las avenidas torrenciales en la región Andina. Esto sin desconocer las afectaciones a las obras de infraestructura. 

Empecemos con la mortalidad por causa del covid-19. Según información actualizada, en nuestro país se han registrado 687 muertes por cada millón de personas, mientras que el promedio mundial es de 178 muertes por millón. Un reciente estudio de la Universidad de los Andes, citado por el Exministro Amylcar Acosta, indica que el 90,3% de las muertes en Colombia por el covid-19 corresponden a los estratos 1, 2 y 3, “la población más vulnerable y vulnerada” https://www.larepublica.co/redirect/post/3085734 

Según el Dane el índice de la pobreza monetaria y el de la pobreza extrema en 2019 se elevaron hasta 35,7% y 9,6%. “El aumento en la incidencia de la pobreza pudo estar asociado al incremento de la tasa de desempleo que se registró entre 2018 y 2019”, al pasar de 9,7% a 10,5%”. A finales de este 2020 en nuestro país el desempleo alcanzaría un 20%. 

La actual pandemia es única en lo relativo a las mayores afectaciones a los pobres y vulnerables. En efecto, como lo registra un reciente estudio del BID, los problemas estructurales de América Latina (AL) asociados con los aumentos persistentes del Índice Gini: “(..) la reducción de las posibilidades de empleo formal para los trabajadores no calificados, crea las condiciones propicias para la propagación de la actual pandemia” (https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/La-crisis-de-la-desigualdad-America-Latina-y-el-Caribe-en-la-encrucijada.pdf) 

Es así como sólo el 10% de los trabajadores en AL localizados en el 40% inferior de la distribución del ingreso están capacitados para hacer teletrabajo, mientras que los trabajadores en los estratos altos pueden hacerlo en un 65%. Esto se traduce en que el confinamiento sólo sea posible para una pequeña porción de la población, y que la mayoría de los trabajadores tiene que salir a buscar, como pueda, el pan de cada día. En empleo informal en nuestro país podrá alcanzar niveles cercanos al 60% de la población trabajadora. Muchas familias que habían llegado a ser clase media se hundieron en la pobreza, y quienes ya eran pobres están aguantando hambre. 

En el pasado tercer trimestre la caída del PIB en Colombia fue del 9%, el segundo peor retroceso de los países de la OECD. Al terminar el año, la economía será por lo menos 7% más pequeña de lo que era en 2019. Aunque esto no es muy distinto de los demás países latinoamericanas, hay muchos países que lo hicieron mejor. 

Miremos los estragos de los desastres naturales relacionados con el cambio climático y sus efectos en el incremento de la desigualdad. En especial quisiera empezar por referirme a las amenazas hidrológicas relacionadas con el incremento de la intensidad de las lluvias, la cantidad de agua que se precipita sobre la superficie terrestre por unidad de tiempo, causante de deslizamientos y avenidas torrenciales en la zona andina e inundaciones en las planicies aluviales. Para ello retomaré apartes de mi columna, publicada en 2019, sobre el riesgo hidrológico a que están sometidas las poblaciones más vulnerables que se han asentado en las orillas de los ríos y quebradas y en las llanuras de inundación, así como en los denominados asentamientos subnormales. (https://www.elmundo.com/noticia/El-cambio-climatico-en-la-gestion-del-riesgo-y-un-llamado-a-la-cordura/376121). 

Según el actual Plan Nacional de Desarrollo, cerca de 6,7 millones de personas están expuestas a riesgos por avenidas torrenciales, deslizamientos e inundaciones. El 85% de las afectaciones por desastres naturales ocurridos en el país entre 1998 y 2018 se relacionaron con avenidas torrenciales e inundaciones; sólo el evento conocido como La Niña 2010-2011 le significó al país pérdidas económicas del orden del 2% del PIB. Todavía falta por evaluar las afectaciones generadas por la actual temporada invernal, cuando se repite la historia por parte del Estado, reducida a atender la emergencia y a esperar la siguiente catástrofe. 

Antes que todo es necesario priorizar y fortalecer las acciones que conduzcan a la identificación temprana del riesgo, así como a su mitigación y al funcionamiento de las alertas tempranas, ya que, ante la acelerada urbanización de nuestras ciudades y el empobrecimiento de la población, la sólo reubicación de las viviendas en zonas de riesgo es sólo una solución temporal, por razón de que el espacio dejado tarde o temprano será reocupado en las mismas o peores condiciones. 

Sigamos con los devastadores efectos de Huracán Iota en San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Según el IDEAM nuestro archipiélago es el departamento más vulnerable ante el cambio climático; sin embargo, hasta el año pasado, según la Rendición de Cuentas del Fondo de Adaptación al Cambio Climático, no se le habían asignado los recursos para adelantar planes de adaptación al cambio climático (https://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/la-ciencia-ignorada-que-pudo-haber-ayudado-a-providencia/).  

En 2014 la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (Coralina) diagnosticó que los huracanes constituyen la mayor amenaza para las islas, donde el 80 % de las viviendas de la población raizal son construcciones de madera, las más vulnerables a los fenómenos meteorológicos; además registró protuberantes fallas en la infraestructura pública, especialmente de espacios y edificios, que son los primeros lugares de refugio en caso de desastres. Coralina también advirtió que en ese entonces no había estudios básicos para delimitar y zonificar áreas con condiciones de riesgo, y que no existía reglamentación en lo concerniente al ordenamiento del territorio para la prevención de desastres. 

Pasó el tiempo, y nada se hizo. Ante la carencia de refugios para atender los damnificados, llegó el Iota y la gente tuvo que protegerse en las cabinas de los carros.  

Según la ecóloga Gladys Bernal, la catástrofe del Iota era perfectamente predecible: “Desde los coletazos del huracán Johan, en 1998, y el huracán Beta, en 2005, era claro que San Andrés y Providencia era la zona colombiana más vulnerable ante los huracanes”: El Iota era una tragedia anunciada. 

Ante la tozudez de los hechos urge actuar, para lo cual la experiencia del Centro Nacional de Pronósticos del Instituto de Meteorología de Cuba, es algo que debemos asimilar para empezar a trabajar en la mitigación de los impactos de futuras tormentas huracanadas sobre nuestro archipiélago. Según José Rubiera exdirector de dicho Centro: “La clave en Cuba ha sido educar a la población e invertir en ciencia. Debe haber un sistema de información y de monitoreo fuerte y hacer educación climática (…) Los planes de desarrollo deben incluir pautas como no construir e zonas de playa y tener cierta distancia entre una casa o un hotel y el mar”.