Petro no puede ofrecer beneficios a sus amigos de la tarima

@petrogustavo

Aunque durante su tarimazo en Medellín el presidente Petro elevó su petición a la Fiscalía para ofrecer beneficios a los capos de las bandas que lo acompañaron, no existe un marco jurídico que lo facilite y lo permita.

Petro envió una petición a la Fiscalía General de la Nación para que visite las cárceles y revise los beneficios otorgados a los presos, un hecho que ha generado debate en el ámbito judicial colombiano.

“Queremos que la Fiscalía General de la Nación, olvidándose de que hay fiscales aquí que no le hacen caso, vaya a la cárcel a la que yo mismo voy a ir; me acompañen y a través de las actuales normas jurídicas, podamos lograr un acuerdo definitivo en donde cese la violencia aún más en los barrios pobres de Medellín”, manifestó Petro.

La fiscal Luz Adriana Camargo respondió a la solicitud del jefe de Estado en la capital antioqueña que se están analizando esta propuesta a fondo.

Información revelada por El Tiempo resaltó que la fiscal general no cuenta con la facultad para ofrecer beneficios jurídicos o revisiones de sentencias a estas personas privadas de la libertad, al considerar que son decisiones en firme, dictadas por un juez de la república.

El ente acusador reconoció que podría abrirse un espacio para explorar negociaciones en estos casos, aunque subrayó que no se trataría de un acuerdo de paz, sino de un proceso de sometimiento a la justicia conforme a la ley. Bajo este esquema, los beneficios disponibles para los implicados resultan considerablemente más limitados.

Sin embargo, el principal obstáculo para efectuar la petición presidencial, según mencionó El Tiempo, radica en la ausencia de una ruta definida sobre qué incentivos pueden ofrecerse a los criminales para que cesen sus actividades ilícitas.

Esto se debe a que en el momento no se ha presentado ante el Congreso un proyecto de ley que establezca el marco jurídico necesario para el sometimiento de los líderes de bandas delincuenciales como los del Valle de Aburrá o de otras regiones donde se desarrollan mesas de diálogo, como en las ciudades de Buenaventura y Quibdó, respectivamente.

En ese sentido, mientras no exista un marco legal que garantice la viabilidad de las futuras conversaciones con los grupos delincuenciales, la Fiscalía vería restringido su papel a la simple gestión de órdenes de captura, especialmente en el caso de organizaciones con mayor peso político, como las disidencias de las Farc o el ELN.

Petro defendió a sus compañeros de tarima con esta frase: “Los presos son personas en rehabilitación. ¡Personas! Ninguno puede perder esa característica de ser un ser, un individuo de la humanidad que tiene derechos. El de un preso es a ser rehabilitado por el Estado, pero aquí lo volvemos más criminal de cómo entra», afirmó el mandatario nacional durante el Consejo de Ministros realizado el martes 24 de junio de 2025. (Con información de Infobae).