15 julio, 2024

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Personalidades firman cartas rechazando constituyente de Petro

@petrogustavo

Argumentan que la Constitución de 1991 asegura los derechos y la democracia con mecanismos existentes, evitando una nueva carta magna y alertando sobre impactos económicos negativos.

En un contundente pronunciamiento, más de 200 destacadas figuras del ámbito político, académico y exconstituyentes firmaron un comunicado conjunto rechazando la propuesta del presidente Gustavo Petro de convocar a una Asamblea Constituyente en Colombia.

Este acto de oposición se intensifica tras la reciente reafirmación de la iniciativa por parte del nuevo ministro del Interior, Juan Fernando Cristo.

El comunicado, rubricado por figuras como la excanciller Carolina Barco y el exministro Alfredo Rangel, subraya la importancia de defender la Constitución Política de 1991 como pilar de la estabilidad democrática y los derechos fundamentales en Colombia.

Entre los argumentos presentados, se destaca la existencia de mecanismos institucionales vigentes para realizar reformas constitucionales, como el Congreso y los mecanismos de participación ciudadana, los cuales consideran suficientes y adecuados para abordar cambios legislativos.

«Una Constituyente podría abrir la puerta a cambios radicales en la estructura del Estado y en los derechos fundamentales, poniendo en riesgo la estabilidad democrática, el modelo económico y el Estado de Derecho en Colombia», afirmaron los firmantes en el comunicado.

Además, se alertó sobre los potenciales costos económicos significativos que conllevaría la realización de una Asamblea Constituyente en un momento de ajustes fiscales y necesidad de reactivación económica.

Por su parte, los exconstituyentes del 91, en una carta separada, destacaron la amplitud y adaptabilidad de la Constitución vigente, rechazando la premisa de que el Acuerdo de Paz con las FARC justifique un proceso constituyente. Enfatizaron la importancia de trabajar por transformaciones democráticas con serenidad y respeto al orden jurídico establecido.

Este contundente rechazo refleja la preocupación de sectores clave de la sociedad colombiana ante la propuesta presidencial, enfatizando la necesidad de fortalecer las instituciones existentes y evitar riesgos innecesarios para el país.

Primera Carta: Rechazo Generalizado

La primera carta, titulada ‘No a la Asamblea Nacional Constituyente propuesta por el presidente Petro’, está suscrita por más de 200 personalidades, entre las que se encuentran exministros, académicos y destacados líderes políticos. Argumentan que la Constitución de 1991 ha brindado múltiples beneficios y que el país no requiere una nueva. Además, sostienen que existen otros mecanismos democráticos para proponer cambios, como el Congreso de la República y los mecanismos de participación ciudadana, que no se deberían obviar.

En ese sentido, advierten que una constituyente podría generar inestabilidad institucional y política en el país, así como riesgos económicos y para la democracia. Algunos de los firmantes destacados son Alejandra Carvajal, Alfredo Rangel, Carolina Barco, Guillermo Botero y Juan Carlos Echeverri.

Segunda Carta: Voces de los Constituyentes del 91

La segunda carta, titulada ‘Protejamos, desarrollemos y hagamos valer la Constitución de 1991’, está firmada por nueve exconstituyentes del 91: Gustavo Zafra, Hernando Herrera, Jaime Castro, Juan Carlos Esguerra, Carlos Rodado, Angelino Garzón, Álvaro Echeverry, Antonio Galán y Guillermo Ospina. Estos exconstituyentes insisten en la amplitud y pluralidad de la Constitución vigente, rechazando la premisa de que el Acuerdo de Paz con las FARC justifique un proceso constituyente. Enfatizan la importancia de trabajar por transformaciones democráticas con serenidad y respeto al orden jurídico establecido.

Ambas cartas reflejan una preocupación compartida por sectores clave de la sociedad colombiana ante la propuesta presidencial, enfatizando la necesidad de fortalecer las instituciones existentes y evitar riesgos innecesarios para el país. Este contundente rechazo subraya la importancia del debate público sobre el futuro constitucional de Colombia y las vías democráticas para abordar reformas legislativas. (Con información de El Nuevo Siglo).