¡Paremos ya la crueldad animal!

Por Ana Ligia Mora M. 

¡Basta de crueldad! Sanciones más severas para el maltrato animal

No más violencia contra los animales

Los criminales deben estar tras las rejas, no los animales. ok

En un Estado Social y Democrático de Derecho, en el que la dignidad humana constituye un valor y un principio rector, resulta indispensable promover acciones orientadas a salvaguardar dicha dignidad en todas sus manifestaciones, incluidas aquellas que abarcan los derechos de tercera generación como el medio ambiente y el cuidado animal. Que ya no son tanto de tercera generación.

La Corte Constitucional ha reconocido la necesidad de extender la noción de respeto y protección más allá del ser humano. En ese sentido, mediante la Ley 1774 de 2016 se reconoció a los animales como seres sintientes, lo que implica que no pueden ser considerados simples medios o instrumentos al servicio del hombre. Recientemente, en la Sentencia C-332 de 2025, la Corte Constitucional precisó que, aunque los animales pueden desempeñar funciones relevantes para el progreso humano, en ámbitos como la agricultura, la seguridad o la compañía, su utilización no puede sustentarse en una concepción meramente instrumental o utilitarista. El reconocimiento constitucional de los animales como sujetos de especial protección comporta, por tanto, la prohibición del maltrato y obliga al Estado a diseñar un marco normativo que armonice el bienestar animal con el desarrollo de las actividades humanas.

No puede desconocerse que la humanidad ha adquirido una conciencia progresiva respecto a que los derechos no son exclusivos del ser humano. El medio ambiente, los recursos naturales y los demás seres vivos merecen respeto por su sola existencia; es decir, deben ser protegidos no por su utilidad, sino por el valor intrínseco de la vida que representan.
Ahora bien, reconocer a los animales como portadores de derechos no basta. Es necesario implementar acciones concretas de educación y sensibilización desde las primeras etapas de formación. En esa línea, resulta pertinente promover proyectos dirigidos a incorporar en el sistema educativo cursos y programas orientados a la conciencia ambiental y al respeto por la vida animal. Ello supondría una transformación cultural y jurídica de largo alcance, que se reflejaría tanto en la formación de los ciudadanos como en la formulación y ejecución de políticas públicas ambientales y de protección animal.

El Código Penal colombiano sanciona con penas de hasta 63 meses de prisión a quienes atenten contra la vida, la integridad física o emocional de los animales. Sin embargo, la legislación actual permite que los responsables gocen de beneficios como la prisión domiciliaria, la suspensión condicional de la ejecución de la pena e, incluso, otros mecanismos sustitutivos de la reclusión efectiva. Por ello, no se trata únicamente de incrementar las penas, sino de fortalecer la respuesta estatal frente al maltrato animal y ambiental, impulsando proyectos de ley que restrinjan subrogados penales o beneficios como la prisión domiciliaria y la suspensión condicional de la ejecución de la pena para quienes incurran en tales comportamientos. De igual modo, en el marco de la justicia restaurativa, deberían implementarse sanciones accesorias a las punitivas de carácter educativo, orientadas a la formación en bienestar animal y a la participación en programas de ayuda o rescate animal para las personas que atenten o lesiones la integridad animal.

A grandes rasgos esto implica un gran reto tanto sociocultural como  jurídico, que se ha evidenciado con mayor fuerza en los últimos días tras conocerse, a través de un video  publicado masivamente, el momento en el que un perrito conocido con el nombre de «Bizcocho» es cruelmente maltratado por un hombre. Este hecho ha generado la indignación de todo un país, no sólo por su crueldad, sino también porque posteriormente el victimario fue dejado en libertad por falta de competencia jurisdiccional del juez.

Quienes amamos los animales y defendemos su integridad, tenemos el anhelo de que la justicia actúe y así lograr un precedente en la historia de la defensa animal en Colombia.

En definitiva, es imperativo comprender que el mundo ya no puede concebirse desde una visión antropocéntrica. Habitamos un ecosistema compartido con múltiples formas de vida que, por el solo hecho de existir, merecen reconocimiento y respeto. De allí que sea responsabilidad de la sociedad y del Estado implementar acciones efectivas de protección y prevención del maltrato hacia los seres vivos no humanos, reafirmando así un compromiso ético y jurídico con la dignidad de toda forma de vida.