¿Para dónde va Colombia?

En medio de la falsa paz de Santos, los colombianos sentimos que las cosas no marchan bien y que el país transita por rumbos inciertos.

Por Saúl Hernández Bolívar (foto)

En medio de la falsa paz de Santos, los colombianos sentimos que las cosas no marchan bien y que el país transita por rumbos inciertos. Y es que la sensación de abandono y minusvalía de los ciudadanos es permanente, alimentada por un Estado insensible que es dirigido con torpeza por funcionarios protervos que con total cinismo toman decisiones insensatas que nos afectan a todos.

A manera de ejemplo, es inevitable referirse a la política criminal. Mientras la gente del común pide mano dura, «expertos» sedicentes saltan a denunciar que aumentar las penas es puro populismo punitivo, y que eso no es deseable porque supuestamente no cumple con el propósito de combatir la criminalidad. Hoy, el desmedido garantismo judicial favorece tanto a los delincuentes que es inevitable concluir que la justicia protege más a los criminales que a las víctimas, y que el sistema judicial marcha en contravía del sentir nacional.

Un caso paradigmático es la propuesta de cadena perpetua para asesinos y violadores de menores que es reclamada por la mayoría de los colombianos, y a la que los tales «expertos» siempre se oponen con el argumento de que ello no va a disuadir a los potenciales asesinos. Agregan que estos criminales ya enfrentan penas de hasta 60 años de cárcel que, en la práctica, son como una cadena perpetua, y que el castigo no debe ser una venganza sino un proceso que busque la resocialización, por lo que una condena de semejante dureza sería indeseable.

Pero para los colombianos está claro que los autores de semejantes atrocidades no merecen otra cosa que la muerte o podrirse en una celda, y que una sola vida que se salve evitando que estos enfermos vuelvan a las calles justifica la medida. Esto porque los violadores son enfermos incurables que siempre reinciden, como se ha comprobado.

Otro caso es el del glifosato. Dicen los «expertos» que las plantaciones de coca no se deben fumigar con ese famoso herbicida por el alto riesgo de afectaciones a la salud de las personas, supuestamente por cáncer. Pero la semana anterior, el exministro y reconocido ambientalista Manuel Rodríguez Becerra admitió que en la discusión sobre el glifosato ha habido doble moral, pues en la aspersión de cultivos ilícitos solo se usa un escaso porcentaje de todo el glifosato empleado en el país en cultivos de todo tipo. En Colombia se emplean cerca de diez millones de litros de glifosato al año, de los cuales solo medio millón se usaba en la erradicación de cultivos ilícitos cuando era permitido.

Ahora la Corte Constitucional ha dado una voltereta descomunal para lavarse las manos y no quedar como la culpable de que el país esté inundado de coca y en manos de las mafias. La amenaza de descertificación para el país y de pérdida de visas para los magistrados ha hecho el milagro de abrir una pequeña ventana a la posibilidad de asperjar con glifosato en vez de seguir sumando muertos y mutilados por las tareas de erradicación manual. Sí, es que el glifosato es muy peligroso, pero para el negocio de los narcos.

Y, a todas estas, el desmedido aumento del salario de los congresistas vuelve a sentirse como una ofensa hacia las mayorías desposeídas. El solo incremento del 4.5%, con retroactividad a enero 1, representa 1.4 millones de pesos mientras el salario mínimo aumentó en enero poco más de 46.000 pesitos que apenas sirven para pagar unos 20 pasajes de bus. Es que el salario de los congresistas (de 32.7 millones de pesos mensuales) equivale a más de 39 salarios mínimos (828.116 pesos), en un país donde muchos ni siquiera alcanzan a ganar esa cifra por el alto desempleo y la agobiante informalidad, agravados por la invasión de venezolanos hambrientos que trabajan por cualquier cosa.

Lamentablemente, los ruegos de los colombianos, para que los salarios de los congresistas sean rebajados, son desoídos año tras año por los encargados de ponerle coto a esta situación, que son los propios legisladores, quienes se resisten a castigarse a sí mismos. Pero, en el fondo, el gran obstáculo es toda la fronda burocrática del Estado, cuyos salarios están indexados al de los parlamentarios, por lo que una reducción de estos arrastraría hacia abajo la asignación de todos los altos funcionarios públicos, por lo que se puede sospechar que eso jamás sucederá.

Y con cosas así, después hay quienes se preguntan el porqué de tanto descontento nacional.

@SaulHernandezB