Acabar con la impunidad es una de las principales medidas de protección para periodistas y sus medios, y una herramienta central para fortalecer la libertad de expresión, la democracia, y el estado de derecho en Colombia pidió La oficina de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia.
Aprovechamos este “Día internacional para poner fin a la impunidad en crímenes cometidos contra periodistas” para honrar la memoria de quienes fueron asesinados y expresar nuestra solidaridad a sus familias y a sus colegas y amigos. La función de las y los periodistas es fundamental para mantener a la sociedad activa e informada.
El derecho a la libertad de expresión, incluido el derecho a la libertad de prensa, es uno de los pilares fundamentales del derecho internacional de los derechos humanos.
En Colombia un número alarmante de periodistas han sido asesinados por ejercer el derecho a la libertad de expresión y de información.
El Centro Nacional de Memoria Histórica reporta que, en los últimos 40 años, 160 homicidios en contra periodistas se encontrarían todavía sin resolver y por tanto en la impunidad.
Hace 20 años fue asesinado el periodista y comunicador Jaime Garzón. A la fecha de hoy, su muerte/asesinato aún requiere un esclarecimiento total.
La impunidad en los crímenes contra periodistas no permite romper el ciclo de violencia y ataques en su contra.
La impunidad no solo facilita la recurrencia de las violaciones de derechos humanos, sino que también debilita la confianza de las personas en la justicia y el estado de derecho.
En los últimos años ha habido importantes avances del Estado colombiano para acabar con la impunidad en los crímenes contra periodistas; impunidad cero en todos estos casos debe ser el objetivo final de los esfuerzos.
En este Día Internacional urgimos al Estado colombiano a continuar todos los esfuerzos para poner fin a la impunidad en los crímenes en contra de las y los periodistas en Colombia, cumpliendo oportunamente con su obligación de conducir investigaciones imparciales, independientes y efectivas.
Los perpetradores de estos crímenes, en especial sus autores intelectuales, deben ser llevados ante la justicia y rendir cuentas.
Las víctimas y sus familias deben tener acceso a recursos efectivos, incluido el derecho a la justicia y a la reparación.
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