En las semanas recientes, el Gobierno Nacional ha lanzado una dura ofensiva, en varios frentes, en contra del servicio de transporte conocido como Uber, que opera en medio planeta y, en Colombia, se ha convertido en una solución eficiente y de fácil acceso para cientos de miles de personas de diferentes estratos. Uber ofrece una alternativa atractiva en 12 ciudades del país que, en general, carecen de un transporte público eficaz y digno.
La ofensiva oficial incluye una multa de la Superintendencia de Transporte por no haber respondido al requerimiento para que cesara la promoción del servicio que, en diferentes modalidades, la plataforma Uber ofrece vía internet. Además, la Superintendencia de Industria y Comercio dictó una orden no solo para que Uber deje de ofrecer el servicio en internet, sino para que las empresas de telecomunicaciones –como las de celulares– que brindan servicios de datos móviles bloqueen la plataforma, algo bastante arbitrario.
Las motivaciones del Gobierno son varias: desde una equivocada concepción de lo que es la competencia en un campo donde no solo Uber sino otras plataformas ofrecen este tipo de soluciones hasta la intención de complacer a los grandes oligopolios de taxis que se negaron a participar en las movilizaciones de protesta de los meses recientes, a cambio, justamente, de la ofensiva del Gobierno para acabar con Uber.
En el plano jurídico, así como despegar.com no es una aerolínea, Uber no es una empresa de transporte: es una plataforma virtual que facilita el contacto, vía internet, entre personas que necesitan movilizarse en la ciudad y conductores de vehículos que pueden transportarlos. En ese sentido, la plataforma facilita el contacto, permite el pago con tarjeta bancaria, o incluso en efectivo, y cobra una comisión.
Claro que, de hecho, se ha convertido en una competencia para los taxis, entre otras razones porque el servicio de los carros amarillos es de muy mala calidad, en vehículos muchas veces sucios, incómodos o en pésimo estado, en los que ocurren continuos abusos contra los usuarios. Todo esto ha contribuido a que Uber se convierta en una opción muy interesante para cientos de miles de personas, tanto residentes en el país como visitantes.
Prohibir Uber porque los taxistas lo consideran competencia equivale a prohibir las páginas web de noticias porque compiten con los medios de comunicación tradicionales, o prohibir las páginas web de pasajes y turismo porque compiten con las agencias de viajes. La ofensiva del Gobierno contra Uber implica no entender lo que significan las nuevas tecnologías y tratar de atajar las inatajables alternativas que ofrece internet en muchísimos campos. Esto desdice mucho de un gobierno que proclama, con su bandera de la economía naranja, la promoción de los emprendimientos que usan internet y las nuevas tecnologías.
Otra cosa es que el Gobierno reglamente estos sistemas, en lo que está demoradísimo, o cobre los impuestos que las transacciones por Uber puedan generar. O que exija, como debe hacerlo con o sin Uber, que todo conductor tenga sus papeles y los de su vehículo en regla. Pero para poder cobrar esos tributos y recaudar los millones y millones que de ahí vendrían –por ejemplo, con un IVA al pago de la carrera–, lo primero que deben hacer las autoridades es permitir que la plataforma Uber opere.
Lo contrario, aparte de ir en evidente contravía de las nuevas tecnologías, perjudica a cientos de miles de usuarios y recorta opciones de ingresos para casi 90.000 conductores afiliados a Uber, en un país de alto desempleo. Y todo ello para favorecer el negocio de los taxis, donde unos pocos dueños de carros explotan de manera inclemente a sus choferes. Se equivoca el Gobierno en esto y traiciona su filosofía. Ojalá corrija y que Uber no se vaya.
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