26 junio, 2024

Primicias de la política, empresariales y de la farandula

No más tolerancia con los delincuentes

Saul Hernandez

@SaulHernandezB 

Por Saúl Hernández Bolívar (foto)

Hace unos meses decía Nayib Bukele que los defensores de los derechos humanos se quejan mucho los por los ‘derechos’ de los delincuentes, pero que les importa un comino lo que cualquier desadaptado le haga a las personas de bien: hurtos, homicidios, desapariciones, extorsiones… 

Y con esas quejas mantienen a la sociedad maniatada y resquebrajan la confianza, la tranquilidad y el bienestar social, haciendo que muchos se quieran ir de su país para no volver. En Colombia, más de mil personas se van cada día para no volver y, según encuestas, la mitad de los colombianos se quiere ir, en gran parte por la zozobra que genera la falta de justicia. 

Ese clima Por acción de los defensores de los delincuentes hemos llegado a extremos absurdos. Hablemos tan solo de cuatro. Por ejemplo, uno de ellos es que al delincuente hay que capturarlo en flagrancia, con el puñal ensangrentado en la mano. Si lo cogen cinco minutos después, sin haber mediado una persecución desde el lugar de los hechos, lo más seguro es que el juez lo suelte por no haber “flagrancia”. De lo contrario, el operador judicial incurriría en una ‘monstruosa’ violación de los derechos del delincuente. 

El segundo caso se presenta cuando las autoridades capturan a un mismo delincuente todos los días y más se demoran los patrulleros llenando papeleo, que los jueces en soltarlo. Esto, sobre todo, cuando se trata de ladronzuelos cobijados por el concepto de ‘menor cuantía’, que cubre robos de hasta cuatro salarios mínimos mensuales. Importa un rábano que un ciudadano se haya partido el lomo para comprarse un celular, un reloj o una bicicleta. Para nuestra legislación es un delito menor que no requiere sanciones punitivas. 

Pero de ello se desprende algo peor, como es que no se tiene en cuenta la reincidencia. Para la justicia colombiana da igual robarse un celular que cincuenta, puñal en mano y amenaza en boca. O usando la fuerza desde el principio. La persistencia en el delito no agrava la sanción penal; al contrario, parece aminorarla. ¡Pobrecito! Hay que perdonarlo y rehabilitarlo, es culpa de la sociedad. Propone el MinJusticia dizque el ladrón de un celular pague el servicio para no ir a la cárcel 

Un tercer caso aberrante es el de aquellos delincuentes que estando amenazando constantemente a sus víctimas no pueden ser porque parece que tuvieran derecho a intimidar a los demás, trátese de la compañera, previo a los casos de feminicidio. Trátese de las víctimas del gota a gota o, simplemente, de los cientos de colombianos que son extorsionados sin que las autoridades puedan hacer mucho. 

Por cierto, de ello deriva el ejemplo más execrable de todos, que consiste en convertir a las cárceles en verdaderos call centers de la extorsión, la estafa, el sicariato y cuantas barbaridades pueda el hampa por medios electrónicos no controlados por las autoridades.  

Gracias a los defensores de los derechos humanos tenemos las penitenciarias dominadas por peligrosos delincuentes que continúan cometiendo atrocidades porque tienen plena comunicación con el exterior a través de celulares ilegales, llamadas diarias legales y visitas permanentes con contacto directo y sin ningún control. 

Así es difícil querer invertir en Colombia. Así es difícil no querer irse. De un lado nos arrincona un gobierno que quiere empobrecernos y del otro, una delincuencia aupada por la administración de justicia y ayudada por un sentido de humanidad que contradice el derecho de las mayorías. La extorsión carcelaria se acaba muy fácil: esos bandidos deben estar en completo aislamiento. Y punto.