La iniciativa fue abordada desde una perspectiva jurÃdica que «trata de ponerle lÃmites al desbordado alcance que se le ha querido dar al delito polÃtico y sus consecuencias».
El Ministerio de Justicia explicó que esta disposición solo podrá ser aplicada en próximos procesos de paz, por lo cual los ex guerrilleros que se acogieron al acuerdo firmado con el Gobierno en noviembre de 2016 no se verán afectados por la medida.
«Cabe anotar que la reforma tampoco afectará o generará inseguridad a los desmovilizados de las FARC en virtud del pacto que suscribieron con el Estado para dejar sus armas, ya que se excluye su aplicación al Acuerdo Final», detalló esa cartera en un comunicado. (Lea el análisis).
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