28 marzo, 2024

Primicias de la política, empresariales y de la farandula

Metro de la 80: sin precios justos, no vendemos

Por Orlando Arenas Tamayo 

Medellín debe saber las angustias que están viviendo los pobladores de la carrera 80, la calle 65 y otras vías como las cercanas a la Aguacatala en el sur, por los procesos de la Gestión Socio Predial que está realizando la EDU para el Metro de Medellín, con el fin de adquirir los predios necesarios para la construcción del Tren Ligero de la 80.

Los avalúos los viene realizando la Lonja de Propiedad Raíz de Medellín, pero los resultados vienen generando descontento en los propietarios, que estaban confiados en el prestigio de esta empresa como un organismo rigurosamente técnico hasta ahora, al observar los valores muy por debajo, un cincuenta o sesenta por ciento, de los “Avalúos Corporativos”, realizados por profesionales especializados y afiliados a la Lonja. No pueden creer que esta empresa le esté haciendo el mandado a la EDU y pretendiendo engañar económicamente a los moradores, pues a nadie le parece normal un precio por metro cuadrado construido, en la zona del Colegio Mayor de Antioquia, de dos millones novecientos mil pesos ($ 2.900.000), precisamente ahora que las noticias destacan los elevados precios inmobiliarios en la ciudad, hasta el doble o el triple por encima de otras como Cali, Bogotá y Barranquilla. Estos predios son valiosos, no por el Metro Ligero que se piensa construir, sino y de tiempo atrás, por estar en el centro de las grandes universidades y hospitales, por tener excelentes vías y rutas hacia el centro y demás zonas y hacia el túnel de occidente, estar al lado del Éxito de Robledo, del Cerro Parque arqueológico El Volador y por la arteria vial de la 80 con sus rutas de buses eléctricos. Por esta razón no es justo que se les descuente la plusvalía generada por el anuncio de la construcción del Metro y menos en la cuantía en que lo están haciendo.  No se consigue un metro de tierra en la comuna noroccidental en un millón y medio de pesos, para venir a decir la Lonja que eso es lo que valen nuestros predios en plena avenida 80 de nuestra ciudad, prácticamente eso es el catastro.

Los propietarios acudieron a los avaluadores adscritos a la Lonja para conocer los precios actuales de sus tierras y constatar que la EDU y el Metro de Medellín quieren construir sobre la ruina moral y económica de los pobladores, afectados, que no beneficiados con la obra, pues además, los altos  precios de esta burbuja inmobiliaria obliga a que tanto compradores como vendedores deban entenderse en el mismo contexto y no es equitativo obligar a vender por los avalúos amañados de la Lonja y tener que endeudarse para comprar a los precios actuales del mercado, porque entonces no se estaría jugando con las mismas reglas.

La indignación crece cuando se recuerda que estos trabajos de la llamada Gestión Socio Predial deben hacerse de conformidad con la llamada “Política Pública de Protección a Moradores”, decreto # 818/2021 para proteger los intereses de los propietarios, de los abusos y errores en la tarea de compra de estas tierras, que es exactamente lo que está ocurriendo, y como la gente se resiste, entonces viene la amenaza de expropiación por el valor del predial, abusan y acosan a los moradores a que firmen los contratos, lo que traumatiza a ancianos y desvalidos con consecuencias graves para la salud y la estabilidad emocional de los ciudadanos. Algunos que accedieron a dichas presiones, han venido a encontrar que no les cumplen con los pagos prometidos, pudiendo pagarles de contado en actitudes humillantes e inhumanas de funcionarios deshonestos y el propio Metro está perdiendo su prestigio en la conciencia colectiva debido a estas acciones en contra de la tranquilidad de los habitantes.

El nuevo Director de la EDU, Raúl Eduardo Morales, reunido con algunos de los representantes de los propietarios y con la concejala Lina García, al examinar los avalúos realizados por la Lonja y una muestra de los avalúos corporativos realizados por algunos afiliados a Coralonjas, tuvo que admitir que faltaban fundamentos técnicos en los primeros, pero no en los segundos, siendo esto una oportunidad para que se revisen los procedimientos seguidos hasta ahora y se evite una radicalización que a nadie beneficia. 

Los moradores son personas de bien, amantes del trabajo y orgullosos del progreso de Medellín, pero son víctimas del Metro Ligero de la 80 pues deben salir de sus tierras, enajenarlas a precio muy bajo y no tendrán el beneficio directo de la obra pues emigran de su entorno. Cuando fueron invitados a una exposición inmobiliaria en la biblioteca de San Germán para enterarse de predios y precios, a ver si pueden adquirir cuando vendan, sacan como conclusión, que con la venta en esas condiciones, no obtendrán para comprar en el mercado inmobiliario local, lo que deja al decreto de protección como  un saludo a la bandera, no quedan “igual o mejor” como lo pregona y ordena el decreto “protector”. Bastará entonces demostrarle a los jueces la inequidad cometida contra los moradores, cifras en mano, para tumbar el ilegal proceso de los avalúos y por esta razón se aproximan las demandas colectivas contra el proceso seguido hasta ahora.

No hay excusas para el engaño, no hay enemigos de la obra ni de la venta y el Estado debe velar porque los moradores desplazados queden “igual o mejor” al vender sus tierras, lo que hasta ahora no se cumple, pues el desarrollo no debe entenderse como algo en lo que el ciudadano pierda calidad de vida sino como acciones del Estado y la sociedad en las que el progreso material va de la mano del crecimiento de la persona y de su nivel de satisfacción.

Por otro lado hay que pasar una mirada a la entidad del problema social que se está gestando en la ciudad con este tema en el cual se desplazarán más de tres mil propietarios que no van a encontrar una solución de vivienda debido a lo complejo del asunto aquí expuesto, lo que debe ser abordado desde lo público y desde el centro de decisiones de la ciudad porque el señor alcalde de Medellín debe estar interesado en el bienestar de sus ciudadanos, saber lo que pasa en los niveles técnico administrativo y sus impactos sobre la tranquilidad y el orden público, ya que las injusticias en serie son caldo de cultivo de la violencia como reacción. Por ello, la consigna de los moradores es: “Sin precios justos, no negociaremos”.