Mejor mienten públicamente que traicionar sus acuerdos

Por Claudia Posada 

Mientras tanto, en las esferas de poder hacen y deshacen con los dineros del Estado; el derroche del erario corre libremente entre las manos corruptas que se lo apropian, o lo reparten entre contrato y contrato con cifras millonarias. 

Según información que  recién fue publicada por El País de Cali, “Wilson Morales, periodista caleño, reveló que debió salir de Colombia hace un mes, a causa de amenazas que iniciaron mediante comentarios en redes sociales, en el marco del paro nacional, y se convirtieron en actos de intimidación contra su persona”, y explicó la situación que lo obligó a irse de su país, nuestro país, pues se trata de «una persecución que fue subiendo de tono, mensajes por Messenger, por WhatsApp, hasta lo último que fue una interceptación de dos hombres en motocicleta, quienes me apuntaron con un arma de fuego y me dijeron que para la próxima la iban a accionar», además, dice el periódico que, “este tipo de amenazas comenzaron con su cubrimiento periodístico en el paro nacional cuando «Me decían periodista sapo, periodista de izquierda, ya sabemos por dónde te movés, periodista de primera línea».  «…acudí a la Fiscalía General de la Nación, se colocaron las respectivas denuncias, tengo pruebas, los pantallazos, los mensajes, los audios, videos de algunos seguimientos de los cuales me di cuenta”. Cámaras de seguridad de la empresa en la que trabajaba y la unidad en donde vivía, dan cuenta del delicado asunto, la gravedad del mismo y cómo se le trastornó su cotidianidad y su vida. 

“Un mes después de informar sobre las amenazas me mandaron un correo donde argumentaban que el caso se cerraba. Prácticamente me dieron a entender que era una situación propia del ejercicio del periodismo, palabras más, palabras menos, que los periodistas estamos expuestos a este tipo de situaciones y no vieron un agravante para continuar con la investigación»; esa fue la respuesta que el periodista obtuvo de la Fiscalía; algo así como decir que si a un policía lo matan, es lo común y corriente en ese oficio. De ahí entonces que Wilson Morales tomó la determinación de salir del país junto con su familia: «En búsqueda de paz, tranquilidad, un mejor futuro y buscando salvaguardar nuestra vida». El profesional caleño, hizo un llamado a los organismos de poder en el país: «Invito a las autoridades en Colombia para que investiguen, invitan a la gente a denunciar y cuando se hacen las denuncias pareciera que no pasara nada». Un caso, seguramente hay más; posiblemente son otras también las familias buenas, con trabajadores que, por cumplir con el deber, se ven, de un día para otro, abandonando todo para salvar su vida.   

Eso se llama desarraigo y se da por motivos externos a la familia o individuo que se ve obligado a dejarlo todo; en Colombia es frecuente, golpea centenares de familias, es de los peores fenómenos sociales, culturales, territoriales, señalados en el  mundo. Aquí le dan la espalda a tan cruel verdad. Mientras tanto, en las esferas de poder hacen y deshacen con los dineros del Estado; el derroche del erario corre libremente entre las manos corruptas que se lo apropian, o lo reparten entre contrato y contrato con cifras millonarias. Parece ser que el cubrimiento periodístico “cuando altera la institucionalidad” pasa a ser objetivo de persecución infame; en cambio, las prácticas enquistadas en todos los niveles de las ramas del poder público, los organismos de control, Congreso y demás sectores que deciden y actúan en nombre del pueblo colombiano porque son parte, o complemento, de mandatos elegidos en urnas, despilfarran alegremente sin ninguna vergüenza. El pueblo colombiano,  hoy azotado más que nunca por distintos males -que no son precisamente el virus mundial sino una especie de “peste política colombiana”– debe soportar humillado las exclusiones, la arbitrariedad, y, apegado a la  resignación, conformarse con observar que unos grupos ubicados estratégicamente, dilapiden las platas cuya destinación pareciera adjudicada a su cerrado círculo, mafia, familia,  clan, o secta política. 

Sí, aquí en Antioquia decimos coloquialmente: la mafia de los medicamentos, la mafia del cemento, la mafia de las EPS, la mafia del papel, entre otras muchas porque la lista va creciendo al ritmo de una sociedad ambiciosa y enferma, sin escrúpulos; o sea, aquello que soltó el alcalde de la capital antioqueña, Daniel Quintero, originó “ira santa” y “correspondencia delirante”. (Pasó de moda la buena, respetuosa y bien recibida correspondencia protocolar, qué lástima). Por las expresiones   de un mandatario local que no deja caer nada (para bien o para mal según se le mire) aprovechadas, sin duda, para seguir polemizando, estamos dejando de lado información relevante que compromete al país entero. No hemos encontrado frase de Quintero que compare a los dirigentes del GEA con narcotraficantes. Una cosa es que la denominación de “mafiosos” sea usada normalmente para señalar a los “traquetos”, a los mismos que se relacionan de alguna manera con los negocios ilegales del tráfico de estupefacientes,  pero es muy distinto, entre nosotros los paisas, el referirnos a otras “mafias”, esto apunta a círculos de pactos confidenciales, cerrados y sumamente reservados en lo que respecta a sus acuerdos explícitos o implícitos. Mejor mienten públicamente que traicionar sus acuerdos. 

Aunque viéndolo bien, no es solamente entre paisas que se acuñó popularmente el término “mafia”; leyendo Confidenciales de la Revista Semana, se observa este título: “Gustavo Bolívar mostró el tarjetón y pidió a sus seguidores acabar las “mafias del congreso””. Obviamente no les está diciendo mafiosos a sus colegas del Congreso, todos lo entendimos con la acepción del caso. Tanto aspaviento cuando se pisan callos de ciertos sectores y personajes intocables; sin embargo, ninguna defensa para dignificar el nombre de Monseñor Darío Monsalve, Arzobispo de Cali, o el del sacerdote Francisco De La Roux, sacerdotes que fueron objeto de un meme que los señala como parte del “Cartel de la sotana”. (Recordemos el llamado “cartel de la toga” que no hacía referencia precisamente a criminales o mafiosos, sino más bien a prácticas rechazadas igualmente según intereses). 

A los habitantes de Medellín que queremos (y creemos) ver, oír, leer y analizar desde nuestro propio sentir, tratando de no dejarnos influir por memes, triquiñuelas, historias (cuentos casi siempre), vengan de quien vengan, se nos está haciendo insoportable el tema que es un conflicto de intereses (sanos e insanos) haciendo del ciudadano una especie de títere manipulable, o mequetrefe de poco juicio, lo que tal vez somos de tiempo atrás. Sería bueno que miráramos a ver si con el cuento de ser la “raza pujante” nos están embobando hace años, pues a la hora de los balances no estamos siendo los creadores de valiosas empresas por encima de otras ciudades colombianas grandes, medianas y pequeñas, realmente generadores hoy de empleo, demostrando empuje, amplio sentido social, y mucha creatividad. La innovación en el marco de las nuevas tecnologías, no es carreta barata, es el nuevo escenario de las oportunidades; es la entrada al mundo del conocimiento que no debe ser privilegio de las “mafias de la contratación” y menos dejarlo exclusivamente para las familias, “clanes” o “carteles”, de estirpe empresarial o política.