Los vientos en contra de la JEP son pavorosos

Por Claudia Posada 

“El fiscal Khan tomó una decisión clave, pues puso fin al examen preliminar contra el Estado colombiano por graves violaciones de DDHH y crímenes de guerra, que se había iniciado en el 2004, y el Gobierno se comprometió a fortalecer sus instituciones de justicia, en especial la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)”.  

El Observatorio Ciudadano a la Implementación de la Jurisdicción Especial para la Paz, es el encargado de monitorear el funcionamiento de la JEP, “con el fin de informar a la ciudadanía sobre sus resultados y de aportar a las autoridades elementos técnicos para la toma de decisiones que contribuyan a la eficiencia, la calidad y la legitimidad del componente de justicia del Acuerdo de Paz firmado entre el gobierno y las FARC”.
En estos días, el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) Karim Khan, después de varias semanas de visita en Colombia y varios años de observar la evolución del trabajo asignado a la JEP, este martes 28 de octubre firmó un acuerdo de cooperación con el Gobierno colombiano, con el fin de que este organismo internacional no requiera volver  a esculcar en aspectos que se necesiten para la  valoración contra Colombia por las graves violaciones de Derechos Humanos (DDHH).  

En dicho acuerdo, según el Observatorio Ciudadano, “El fiscal Khan tomó una decisión clave, pues puso fin al examen preliminar contra el Estado colombiano por graves violaciones de DDHH y crímenes de guerra, que se había iniciado en el 2004, y el Gobierno se comprometió a fortalecer sus instituciones de justicia, en especial la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)”.  

En el marco de ese acuerdo el Gobierno se comprometió con un asunto que está dando  para mucho de qué hablar. La JEP se ha “ganado” unos contrarios muy radicales en distintos estamentos estatales, en el gobierno mismo y entre miembros del Congreso; por ello no es insensato pensar en que grupos de presión tan hostiles y poderosos, no dejarán de atravesársele al trabajo que podría dar mucho alivio a situaciones de hondo calado y delicada filigrana. 

El acuerdo contempla luchar contra los horrores de la guerra y juzgar de manera eficaz a quienes perpetraron tales crímenes; en este sentido, en el primer artículo del acuerdo, el Gobierno colombiano se obligó a seguir apoyando los procesos a que haya lugar en las distintas instancias judiciales interconectadas; entre éstas, la justicia ordinaria, el sistema de Justicia y Paz y la JEP en cumplimiento de los marcos procesales temporales que están previstos para las mismas.   

Entre otros compromisos adquiridos por el Gobierno, comentó también el Observatorio Ciudadano, están el de seguir informando a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) sobre los avances en las investigaciones y procesos judiciales en Colombia y facilitarle el acceso a toda la documentación que ella solicite, así como el de asignar el presupuesto necesario para el adecuado funcionamiento de la Rama Judicial, “garantizar la seguridad de los jueces, fiscales y comparecientes y fortalecer a aquellas instituciones que tienen funciones de rendición de cuentas, tales como la Fiscalía General de la Nación y la JEP”. Lástima que no nos ofrecen credibilidad ciertos estamentos de la sociedad colombiana, pues  precisamente por eso los organismos internacionales que velan por los derechos humanos, acogiéndose a los convenios firmados entre países, desde años atrás, deben intervenir. 

Por su parte, la Fiscalía de la CPI se comprometió a “seguir apoyando todos los esfuerzos que haga Colombia en materia de rendición de cuenta y a participar en programas y proyectos dirigidos a profesionales jurídicos colombianos, para que se familiaricen con los más recientes desarrollos legales de la CPI, particularmente, las decisiones que contienen interpretaciones autorizadas del Estatuto de Roma y sus disposiciones complementarias, siempre que se encuentren en el marco de su mandato y sus recursos”.  

Justamente, de conformidad con el Estatuto de Roma, la Fiscalía de la CPI podrá reconsiderar su evaluación y decisión, dado el caso de que las circunstancias en las que se basó para archivar el seguimiento, cambien significativamente.  Ojalá no sea necesario, pero es difícil ignorarlo y mejor será tener esto muy presente porque los vientos en contra de la JEP son pavorosos.