Los vándalos y el Esmad

Por José León Jaramillo Jaramillo 

¡Soluciones!

El martes 21 de los corrientes en esta ciudad, como en otras capitales de departamento, se les permitió, a los promotores del paro nacional, realizar otra marcha y a fe que la mayoría de los marchantes lo hizo de manera pacífica; pero ese ejercicio “democrático” convirtió a Medellín y a otras ciudades, como a Bogotá  y a Cali, en un verdadero caos, por el cierre de vías y, sobre todo, por el accionar de una minoría de vándalos encapuchados, ajenos a las marchas, que afectaron el transporte, la movilidad y el trabajo de todos; resaltando que esos encapuchados vandalizaron bienes públicos y acabaron con las fachadas de la ciudad a punta de grafitis ─ multimillonarios daños en cosa ajena y no pinturita ─ y de paso dejaron lesionados a varios agentes de la fuerza pública, como que adicionalmente llegaron hasta humillar, en Medellín, a un trabajador indefenso, al que pintaron de pies a cabeza, por solicitarles que no destruyeran una sede de Bancolombia, sin dejar de olvidar que paralizaron el comercio. Lo sucedido en Bogotá y en Cali fue dantesco y es de todos conocido.

Estos problemas se presentaron en Bogotá y Medellín por el cambio unilateral de los protocolos por parte de los alcaldes o, con otras palabras, por ponerse a inventar lo que ya está inventado o por no haber permitido que el Esmad acompañara a las marchas, para que cumpliera con el deber que tienen las autoridades de garantizar no solo los derechos de los marchantes sino también los de los no marchantes y, sobre todo, con el deber constitucional de “proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes …” y demás derechos. (Art.  2º. Constitucional)

Para mí es un hecho notorio que, a los promotores de las marchas, no les importan las marchas en sí mismas, pues lo que esperaban y esperan, de las pasadas marchas y de las por venir, es el resultado del accionar criminal de los vándalos, como ilícito medio de presión para el gobierno. Porque ese vandalismo destruye el turismo, frena la inversión nacional y extranjera, promueve la fuga de capitales y contribuye positivamente a la destrucción de la economía nacional, meta final de la subversión criminal.

Es importante que, en este momento, tan delicado y donde el ataque es internacional, el presidente, como comandante en jefe de las fuerzas armadas, asuma el control total del orden público.  Lo primero que debe hacer el gobierno nacional, además de fortalecer la inteligencia del Estado destruida por Santos, es crear un bloque de búsqueda, como los que funcionan en París y en New York, para identificar y capturar a los vándalos, quienes tienen que pagar por los crímenes cometidos. ¿Qué les pasaría en Cuba a unos vándalos que ataquen a la policía como lo hicieron algunos encapuchados en Bogotá, quienes llegaron al extremo de pretender asesinarlos por lapidación o a quienes destruyan los medios de transporte de la Isla como lo hicieron los vándalos con Transmilenio? ¿Les harían un homenaje como el que le hicieron los medios enemigos del gobierno a Dylan?

Lo segundo es presentarle al congreso un proyecto de ley que reglamente el artículo 37 constitucional a la brevedad, que establezca los casos y los lugares en los cuales los ciudadanos podrán reunirse y manifestarse pública y pacíficamente y que disponga igualmente en cuales casos se podrá limitar el ejercicio de este derecho y aún impedirlo como en el caso que exista una contramarcha para evitar un enfrentamiento, entre los dos bandos. Como cada municipio es diferente, en cada uno de ellos debe crearse un comité interinstitucional, integrado por el alcalde, los secretarios de gobierno, los comandantes de policía, etc, para que adopte un protocolo para las marchas que le sirva al legislador para legislar sobre la materia.

Para nadie es un secreto, según lo ha establecido la inteligencia norteamericana, que detrás de los actos vandálicos en Chile, en el Ecuador y en Colombia, están las manos peludas de Cuba, Rusia y del denominado Foro de Sao Paulo, cuyos dirigentes creen que vandalizando estos países se van a solucionar los problemas sociales. La realidad es que otros son los fines económicos que persiguen.

Es un hecho notorio también que los vándalos, en cumplimiento de esas instrucciones, han tratado de hacer un daño mayúsculo y si no han podido hacerlo es gracias al accionar del Esmad y por ello nos llama poderosamente la atención que la alcaldesa de Bogotá, hubiere autorizado una marcha por la avenida El Dorado (AV 26) y hasta al aeropuerto; autorización con la cual no está de acuerdo el señor Director General de la Policía Nacional, a quien, en nuestra opinión, le asiste toda la razón y cuya posición generó un rifirrafe entre ambos funcionarios.

¿Para qué diablos quieren los promotores del paro marchar por la avenida el Dorado? ¿Qué pasaría si una marcha llega al aeropuerto, donde está Catam (Fuerza Aérea), un comando de Policía Antinarcóticos y, por lo menos, un centenar de aeronaves nacionales y extranjeras? ¿Si un avión de pasajeros puede almacenar 25.000 galones de combustible, cuánto combustible además del de los tanques y carrotanques hay en el aeropuerto? ¿Cuántos vidrios destruirían los vándalos de los distintos edificios que hay por los costados de toda esa avenida y cuántos del aeropuerto? ¿Cree usted, amable lector, que los vándalos serían capaces de incendiar el aeropuerto con ocupantes y todo o de destruir bodegas de la zona franca? ¿Cuántos vándalos asistirán a ese banquete subversivo, terrorista y criminal? ¿Qué pasaría si las tropas de la Fuerza Aérea se ven obligadas a disparar y dar de baja un número importante de manifestantes y cumplen así uno de los sueños de los dirigentes de la marcha, en cuanto podrían utilizar esos resultados, para atacar internacionalmente a Duque y llamarlo: ¡Asesino, asesino!?

En mi opinión si la alcaldesa autoriza finalmente otra marcha por esa vía lo haría maliciosamente, de mala fe, y, por lo tanto, se le debe denunciar e investigar penalmente, como cómplice de los vándalos, de todos los daños, perjuicios y crímenes que dichos vándalos cometan en esa avenida o en el aeropuerto.

Ahora bien, las conductas de los alcaldes de Medellín y de Bogotá, durante el paro del pasado martes, fueron, por decir lo menos, vergonzosas y aun crueles. Daniel hizo un oso mayúsculo poniéndose de demagogo con los marchantes y, mayor aún, cuando, en clara extralimitación de funciones (Art 6 Constitucional), asumiendo competencia que no le correspondía, se puso a lavar la fachada de un hotel vandalizado por la caterva de malandros o a darles órdenes a las autoridades de policía, como que fuera su comandante, sin serlo y Claudia la embarró al poner en riesgo las vidas de policiales indefensos, cuando los obligó a enfrentar a la caterva de vándalos, sin recursos suficientes para defenderse.  Los servidores públicos solo pueden hacer lo que les está permitido por la Constitución y las leyes y de ello son responsables. Los particulares, por el contrario, pueden hacer todo lo que la constitución y la ley no les prohíba, como lo ha reiterado la Corte Constitucional.

El Esmad no es un monstruo, los monstruos son los vándalos. Dicho grupo no fue creado para esparcir violencia, es simplemente una fórmula intermedia. En la mayoría de los países cuando alguien se le enfrenta a la policía o al ejército es dado de baja; es decir muere en el acto ─sobre todo en los paraísos de los mamertos (Cuba, Rusia y Venezuela) ─, así de simple, pues en Cuba nunca se ha dado una manifestación como la de Chile y allí quien no piensa como el régimen es encarcelado.

La historia es la siguiente: el 8 de junio de 1954, hace ya casi 66 años, un grupo de estudiantes quisieron hacerle un homenaje a Gonzalo Bravo Pérez, un estudiante conservador de la UN que había sido asesinado años atrás y uno de los estudiantes que participaba en ese homenaje fue igualmente asesinado. Según Gloria Pachón de Galán, en su libro “18 de AGOSTO”, se formó entonces, durante el gobierno del general Gustavo Rojas Pinilla, “…una manifestación de 10.000 jóvenes que llegaron con pañuelos blancos hasta el palacio presidencial. El recibimiento de las tropas del Batallón Colombia ─ recién llegadas de la guerra de Corea─ fue disparar sus fusiles contra los estudiantes, con el resultado de nueve jóvenes asesinados…” Hoy gracias a Dios “…toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente…” (Art 37 Cons P). Obviamente si un borrachito hace un escándalo durante la marcha la policía puede neutralizarlo. Pero ¿Qué hacer para neutralizar el grupo de salvajes, de vándalos, entrenados para causar daños y sembrar el odio entre los colombianos, sobre todo cuando intenta asesinar (lapidar) a los miembros de la fuerza pública o destruir bienes públicos (el metro o Transmilenio) o de particulares, como de ello dio cuenta el servicio de televisión? No se les puede sacar el ejército para que los de baja. El ejército no es sino para defender nuestras fronteras, es una máquina de guerra y por ello, en los países civilizados, opera el Esmad; es decir, un policía intermedio entre el soldado y el indefenso policía de la esquina. Un policía entrenado al que no le entra la piedra porque tienen un traje para luchar contra las bestias, contra psicópatas violentos, para evitar que lo vándalos destruyan todo lo que encuentren a su paso como lo hicieron con Transmilenio, con la sede del Icetex, con la Plaza de Bolívar, etc.; daños que superan los cincuenta mil millones de pesos.

Tanto Daniel como Claudia se deben leer con detenimiento el numeral segundo del artículo 315 constitucional, que les ordena mantener el orden público de conformidad con la ley y con las órdenes que reciban del Presidente o del Gobernador y que las órdenes que, como alcaldes, expidan para mantener el orden público, se las deben impartir al comandante de la policía correspondiente, para que ésta, la Policía Nacional y no los alcaldes, las cumpla ─ tiene que delegar la tarea ─; pues ellos, los alcaldes, aunque son autoridades de policía, no son comandantes de policía, ni pueden dirigir tropas, ni actuar como tales, como si lo podría hacer el presidente de la república, pues a él si le corresponde “… Dirigir la fuerza pública y disponer de ella como Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas de la República.”  (Numeral 3 Art. 189 CP).

Tenemos una policía muy profesional, donde la mayoría de los comandantes además de haber obtenido su título de oficiales de policía son abogados, ingenieros, economistas, magísteres, pilotos, etc. y muchos de ellos cuentan con especializaciones y postgrados. No solo debemos confiar en nuestros policías sino respetarlos y hacerlos respetar.

Las que no funcionan, por la corrupción politiquera que las paraliza y las prostituye, son la fiscalía y la rama jurisdiccional, que libera los detenidos por la policía, sin que podamos olvidar que el INPEC es un desastre, por decir lo menos. Estamos sin justicia, así de simple. Como estamos de jodidos que ni la Corte Suprema de Justicia puede elegir su propio presidente siquiera, porque un grupo de magistrados antepone sus intereses personales a los de la patria.

No puede el alcalde impedirle a la policía utilizar una de sus armas de dotación como la escopeta de perdigones, de un momento a otro. Así no es la cosa. Alcaldes estúdiense el código de policía, sobre todo los numerales 2 y 4 del artículo 205, normas que establecen que son atribuciones del alcalde “2. Ejercer la función de Policía para garantizar el ejercicio de los derechos y libertades públicas, así como el cumplimiento de los deberes de conformidad con la Constitución, la ley y las ordenanzas.” Alcaldes: ¿Ustedes cumplieron con este mandato durante las marchas? Ya empezaron a “4. Elaborar e implementar el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana.”

¡No más violencia, no más Petro!