Los medios siguen siendo el cuarto poder

Por Claudia Posada

Mientras la reglamentación para las relaciones Estado-medios-periodistas no exista, se evada, o existiendo se desconozca, seguirán presentándose choques mediáticos que agudizan la falta de credibilidad entre la opinión pública con respecto a los protagonistas de las noticias estatales. Corresponde a los mandatarios, a los servidores de las distintas ramas del poder, a gobernantes y a sus inmediatos colaboradores, hacer llegar la información institucional a los medios, de la manera más completa, oportuna y precisa. Por su parte, la divulgación mediática de tales contenidos oficiales puede ser que una vez evaluada se deseche, se retome, o se verifique si el medio lo considera conveniente; o quizás la confronten con otras fuentes si es del caso.

Estamos poniendo el proceso comunicacional que parte de contenidos estatales, en el marco del deber ser: La divulgación de información útil o de interés para la ciudadanía, se emite en concordancia con las características de los escenarios mediáticos en donde informar verazmente es imperativo en toda democracia.

Y en consecuencia, partiendo de las garantías periodísticas porque se trata de cumplir responsablemente con los deberes de los medios, de sus directivos y de los periodistas, siendo respetuosos de las fuentes para llegar a las audiencias conforme al derecho ciudadano de la información, de ninguna manera a los emisores o a los medios les es aceptable transar deberes, derechos u obligaciones.

Está de por medio dinero del erario, no se trata de negociar como sí podría darse en una ordenación de publicidad en el sector privado con el ánimo de captar nuevos clientes o consumidores promoviendo productos o servicios, o como en el afán de posicionar empresas y empresarios.

Las campañas institucionales en cambio, contratadas con fondos estatales cuyos rubros deben estar explícitamente asignados para gastarlos correctamente, tienen una destinación específica e ineludible. No son para promover personas o personajes. Eso de divulgar, por ejemplo, las funciones de un concejo municipal y rematar la cuña con el nombre del presidente de la corporación en el momento, se asemeja más a un deseo ególatra de figuración o propaganda política, que al interés de formar conciencia ciudadana.

Que los asesores, comunicadores, y consultores en el tema de opinión pública, rodeen a los gobernantes o a funcionarios de alto nivel buscando congraciarse con quien ostenta el poder, eviten advertirle lo contraproducente de ciertas estrategias, prueba falta de honestidad, ética profesional, o idoneidad; en tanto si se trata de que quien ostenta el poder no soporta seguir recomendaciones de los expertos en comunicación pública, estamos frente a un   arrogante al que le tocará lidiar con problemas que él mismo se ha buscado.

Por lo demás, escudriñar en la vida privada de las figuras públicas; aprovecharse de ciertas situaciones privadas tomándolas como ventajas para llevarlas con brillo al plano de lo público; hacer de episodios que tienen su propia dinámica legal, una oportunidad; utilizar presiones indebidas al estilo de los más sucios estrategas; confundir a una ciudadanía ya harta de manoseos ideológicos que atraviesan temas de alta sensibilidad social, son todos procedimientos que terminan por resquebrajar relaciones de  sosiego  colectivo porque el poder de los medios sigue siendo el cuarto poder.