
Por Javier Hoyos Arboleda
El tema arancelario impuesto por los Estados Unidos ha centrado la atención de la agenda comercial mundial.
Los aranceles tienen alguna justificación en casos de amplios déficits comerciales, o por la necesidad de obtener más recursos, pero no se está acatando lo establecido en los Tratados de Libre Comercio y, en muchos casos, hay aranceles “políticos”.
Sin embargo, en términos generales, estas políticas afectan la dinámica del comercio y el crecimiento mundial, y ponen en crisis el multilateralismo. No cabe duda de que estas decisiones generaron incertidumbre en los primeros meses del año, llevando a los organismos internacionales a ajustar a la baja sus estimaciones de crecimiento económico para el 2025.
La OCDE la redujo del 3,1% al 2,9%, y el Banco Mundial del 2,7% al 2,3%. Sin embargo, recientemente el Fondo Monetario Internacional (FMI) que había bajado su proyección del 3% al 2,8%, la volvió a elevar al 3%.
La economía colombiana se desaceleró en el segundo trimestre, al crecer un 2,1% frente al 2,7% del primer trimestre, para un consolidado semestral del 2,4%. Durante el segundo trimestre, el consumo aumentó un 3,8% (hogares: 3,7%, y gobierno: 3,9%), la inversión creció un 6,4%, las importaciones se incrementaron en un 9,7% y las exportaciones cayeron un 1,6%.
Las menores tasas de interés, la moderación en la inflación, los buenos precios del café, el aumento importante en el valor de la cosecha cafetera y el incremento en las remesas, siguen siendo los factores que han impulsado el consumo.
Desde luego, como señalan algunos analistas, hay que incluir el impacto que tiene en el consumo los recursos obtenidos por la minería ilegal y el narcotráfico, y que como se ha señalado, se estima que existen alrededor de 300 mil hectáreas sembradas de coca.
Del lado de la oferta, los rubros de mayor crecimiento en el segundo trimestre fueron: actividades artísticas y de entretenimiento, comercio, sector agropecuario e información y comunicaciones.
Frente al primer trimestre, el segundo se caracterizó por un leve descenso de la inflación; disminución de la tasa de interés del Banco de la República del 9,5% al 9,25%; se registró caída en las exportaciones del 2%; y continuó la baja de los precios del petróleo y el carbón.
Los precios internacionales del café se mantuvieron, pero el valor de la cosecha cafetera disminuyó en cerca de $650 mil millones debido a una caída leve del precio interno y del 18% en la producción (en el primer trimestre había aumentado 35%).
Se desaceleraron la producción industrial, las ventas de vivienda, y el sector agropecuario, y se agudizó la caída en la producción de petróleo y gas. En contraste, mejoraron la demanda de energía, las ventas del comercio minorista, el indicador de obras civiles y las remesas, que continuaron en aumento. El efecto neto fue un menor crecimiento económico.
El gobierno ha insistido en la necesidad de reducir aún más las tasas de interés para estimular el crecimiento lo cual, si bien es cierto, ello no puede darse al margen de las perspectivas de inflación y de las decisiones del gasto público; de todos es conocido que el gobierno anunció la activación de la cláusula de escape de la Regla Fiscal, para poder seguir ahondando en el gasto público, desde luego con tinte político por ser un año electoral.
Esta situación ha llevado a que nos reduzcan la calificación de la deuda, con lo cual se eleva la percepción de riesgo de ésta y tendrá impacto significativo en el servicio de la deuda, agravando el gasto y el tema fiscal.
El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) emitió concepto desfavorable al plan del Ministerio de Hacienda para activar la cláusula de escape, al considerar que no demuestra una situación extraordinaria que lo justifique. Y frente al Marco Fiscal de Mediano Plazo, señaló que existen inconsistencias y advirtió que, para cumplir con el déficit proyectado del 6,2% del PIB, serían necesarios ajustes por $39 billones.
Así como el gobierno reclama menores tasas de interés, el mercado también precisa de más claridad en el frente fiscal, y las decisiones de inversión demandan mayor seguridad, recuperar el sector salud, no deteriorar aún más el sector energético y mantener buenas relaciones con los Estados Unidos. Si no hay concertación será muy difícil restablecer la confianza necesaria para la inversión y el crecimiento.
Como consecuencia de esto, hemos tenido menor recaudo tributario frente al esperado, limitaciones en la caja del estado, y una ostensible disminución de recursos derivados del sector de hidrocarburos y minería.
Acabar con esta fuente de recursos sin una transición adecuada, es un desatino, y esta situación fiscal crítica no se solucionará con más impuestos para aumentar el gasto sin control del Estado.
Igualmente, se requiere no solo seguridad ciudadana sino también democrática, esto es, garantía de unos procesos electorales transparentes de acuerdo con las leyes vigentes. . (Vea el boletín económico).
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